Tomo el título del más reciente libro de Raúl Trejo Delarbre, para coincidir con la advertencia que este prestigiado periodista e investigador de la comunicación realiza sobre el rumbo que puede tomar la relación entre los medios, los partidos políticos (campañas y candidatos), el Estado y la sociedad en su conjunto.
Con ello concluí ayer mi modesta participación en el Foro organizado por la Fundación para la Democracia Alternativa que preside el Ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas Solorzano, y que fue convocado para analizar hacia dónde transita la relación de los medios y el poder en México, a propósito del conflicto entre CNI-Canal 40 y Televisión Azteca, donde la acción de la autoridad no sólo fue tardía sino fuera de todo apego a la ley. Fue duro el tono de la reunión a la que asistieron personalidades de la comunicación, dirigentes partidarios y legisladores. Con distintos estilos y variados enfoques del problema, pero en una fiesta de la palabra honesta, voces sonoras en el ejercicio de las libertades de expresión e información coincidieron a plenitud: es necesario – yo dije urgente -, una reforma integral a la legislación de la radio y la televisión.
Tiene que ver con una idea central de la democracia expresada por Bobbio: El estado democrático es el imperio de la ley. Ya que la ley regula las libertades y los derechos y equilibra las desigualdades y en el sistema de los medios es evidente que existe una gran desigualdad.
La constante transformación y deslizamiento de los escenarios convencionales de la política, que salió de los recintos tradicionales del poder y empieza a expresarse en las calles y desde los medios, ha permitido que los grandes consorcios televisivos, disputen a las instituciones tradicionales, el papel protagónico en los procesos de socialización y construcción de espacios claves de la política.
El poder comunicativo actualmente “acompañado” por las “políticas” del gobierno tiende a imponerse no sólo por encima de la voluntad de los demás sino, más grave aún, a imponer a la autoridad legítima una autoridad impune.
Condiciona, impone, reglamenta, elimina impuestos, orienta y hasta “informa” a la sociedad acerca de las políticas de comunicación.
Antes negociaban, hoy parecen estar por encima de ello, ya no lo requieren, se impone al poder del gobierno quien parece estar a su disposición. Antes, las televisoras estaban al servicio del Presidente, ahora el Presidente está al servicio de las televisoras.
La transición requiere el urgente cambio (la transformación) de una serie de arreglos institucionales y acuerdos políticos discrecionales entre los grupos que detentan el poder político y mediático, hacia un nuevo acuerdo: un nuevo pacto, con reglas claras para los diferentes actores, y una institucionalización de los procesos de vigilancia y seguimiento de la ley, en el que esas prácticas y acuerdos que deben ser modificados, se sometan al escrutinio publico y se encuentren claramente sustentados en la legalidad y la participación social.
Pero hasta ahora no ha sido así. Estamos atestiguando los mismos (viejos) arreglos y acuerdos políticos discrecionales entre medios y gobierno. Lo que resulta grave ( y por lo tanto son más audaces las presiones) es que se pueda someter a un gobierno que tiene las dos cualidades que desde Madero no veíamos, legal y legítimo. Con ello, un régimen de transición se vuelve disfuncional para los objetivos democráticos, fortalece a los detentadores del poder mediático y, como en el caso del 10 de octubre y del 27 de diciembre, en lugar de neutralizar los conflictos, se complican más, y en lugar de legitimar el cambio, se corre el riesgo de desacreditarlo.
No debemos aceptar que el poder de hacer la política, que el país requiere, radique en los medios. Especialmente en unos medios sin contrapeso y que no sólo violentan la autoridad del Estado en la pantalla, sino ahora en acciones ilegales (claramente soliviantados por la autoridad) que nos dejan evidencia de su impunidad. Si permitimos que esa impunidad se imponga, el rumbo a la democracia lo habremos perdido.
Lo aberrante es que los medios electrónicos se le impongan gracias al poder que el propio Estado les entrega, es decir, gracias a las frecuencias del espacio radioeléctrico que el Estado les ha concesionado, gracias a la negociación de la ley, la imposición de reglas parciales, y a la complicidad que se da en la “venta” de favores mutuos.
¿Y la sociedad y sus derechos?, ¿y los otros poderes?, ¿y la responsabilidad de los funcionarios públicos?
Lo desafortunado de las acciones del gobierno en la materia ha concitado una irritación social, que lamentablemente aún no se transforma en participación ni decisión legislativas claramente definidas. Algunos hemos alzado la voz y hemos cuestionado muchas decisiones equivocadas, con la genuina preocupación de alertar que se están socavando la democracia y los principios básicos de la legalidad.
En el debate hay temas recurrentes: Límites a la concentración de los medios; reglas claras para la operación de los medios, me refiero a su actualización legislativa, en donde se garanticen los derechos de los usuarios y de los trabajadores; reglas claras para la intervención de los medios en los procesos políticos, especialmente en las campañas electorales, y la responsabilidad de los Medios de Estado, en cuanto a su transparencia y democratización.
El tema de la concentración de los medios en pocas empresas, sin duda favorece al mercado restringido y a las finanzas de las empresas concentradoras que defenderán el “status quo”; sin embargo, una democracia no puede estar informada sólo por unos cuantos. Es responsabilidad del Estado generar las condiciones para que exista la pluralidad de voces y la pluralidad de empresas. No se puede gobernar para unos cuantos y en el caso de los medios eso es lo que está sucediendo; con reglamentaciones a la medida de los intereses de las empresas concentradoras.
El consenso es claro en torno a una nueva ley para los medios. La discusión ahora será acerca de qué tipo de marco jurídico es el que deberá construirse para garantizar que existan contrapesos y que la diversidad se exprese.
