La sociedad ausente
Ayer manifesté personalmente al ciudadano Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, mi profundo desacuerdo y preocupación por el convenio que en la madrugada de ayer y a espaldas de la sociedad, celebró el gobierno federal con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Le he expresado que es contrario a los intereses de la nación y a la lucha por la democratización de los medios electrónicos de comunicación, que niega la voluntad de cambio.
Se me ha pedido atemperar mi desacuerdo. No estoy dispuesto a traicionarme; la única batalla que no quiero dar es contra mí mismo.
En su tradición democrática y en los principios en los que ha sustentado su lucha histórica, estoy convencido de que Acción Nacional asume y respalda esta postura.
Tanto la reforma al reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, como el convenio que modifica el acuerdo fiscal de pago en especie que los concesionarios hacen al Estado, han sido acordados lejos de la necesaria transparencia y legitimidad que el gobierno de la transición no sólo ha prometido, sino en lo que ha depositado su mayor apuesta y compromiso ante la sociedad.
Han realizado, sin duda, modificaciones legales en el ámbito de su competencia, pero no legítimas. Se nos quieren presentar estas acciones como avances democráticos; no lo son. Se ha engañado al Presidente de la República, y con él se nos quiere engañar a todos, de que hemos conquistado el derecho de réplica en radio y televisión, cuando es una vacilada como ha sido redactado. Se anuncia que se incorpora la sociedad al Consejo Nacional de Radio y Televisión que prevé la actual ley, y no se dice que ese único representante sólo tendrá voz, pero no voto. No se dice que se conserva el sistema discrecional en el otorgamiento de concesiones. No se informa que han resuelto mantener el nocivo principio de que los asuntos de la radio y la televisión, sólo sea materia de competencia y relación entre los concesionarios y gobierno.
En los tiempos oficiales, estamos ante la mayor renuncia que gobierno alguno haya hecho de las prerrogativas del Estado ante el nuevo poder de las televisoras. Es el inicio de una rendición con consecuencias insospechadas para la política y los poderes formales del Estado.
La promulgación del Reglamento, elaborado sin consulta alguna a los grupos sociales que por décadas han trabajado en el tema, ha sido diseñado desde y para los intereses particulares de los empresarios dominantes, quienes siempre han resultado los principales beneficiarios y usufructuarios de un servicio de interés público, pero lo que más lastima es que se haya hecho a espaldas de un diálogo prometido para elaborar un nuevo marco legal reconocido como obsoleto y antidemocrático.
Esta acción representa una afrenta no sólo a los principios que han sustentado las luchas del Partido Acción Nacional y que hoy, desde la posición de poder, lograda por el aval ciudadano, son traicionados pues en el marco de una mesa de diálogo para la reforma integral de los medios electrónicos se ignoran los acuerdos y compromisos en la construcción de una nueva ley, somos sorprendidos por una acción unilateral y a espaldas de quienes depositamos nuestra confianza en una nueva forma de relación con el Poder Ejecutivo; una tarea que hoy se trunca.
Todavía el día de ayer miércoles 9 de octubre, a primera hora de la mañana, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, habló de “la renovación de la actual legislación en materia de radio y televisión”, calificándola como “una típica ley del viejo Estado paternalista”, la contradicción entre el discurso y las acciones deslegitima al Estado que lo promueve y con este nuevo Reglamento, para una Ley que a pocos convence, pues no hace más que violentar las promesas y compromisos del cambio esperado.
Por ello expreso mi enérgica protesta por esta acción confrontadora de las voluntades democráticas de la sociedad y en particular del Poder Legislativo; también hago mi llamado a reconsiderar esta acción vertical y hecha a espaldas de las aspiraciones democráticas y transparentes en las que el gobierno del presidente Fox tiene su apuesta fundamental.
Es urgente, también que el Congreso de la Unión tome cartas en el asunto, y tome la conducción de ese diálogo iniciado hace casi dos años, con la participación de importantes actores sociales y de la academia.
