Gustavo González Meza, alias “La Foca”, fue encontrado muerto en su celda del reclusorio en Aquiles Serdán, Chihuahua, la mañana del pasado sábado 8 de febrero. De acuerdo a la versión del director del penal, murió a causa de complicaciones orgánicas después de que fue operado de una hernia, lo que le produjo una “coagulación intravascular diseminada”.
Varias muertes suceden en los penales, sin duda, fruto de la desatención e ineficiencia médicas que padecen los denominados Centros de Readaptación Social. Pero la de González Meza, no es una muerte a la que podamos sumar automáticamente a ese tipo de tragedias, pues está envuelta en uno de los casos más vigorosamente documentados de intimidación y tortura que se han registrado en lo que va del gobierno de Patricio Martínez en contra de personas que han sido inculpadas por los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez.
“La foca” en cuyo “alias” alguien podría sugerir una connotación de trayectoria delictiva, no tenía hasta el 11 de noviembre del 2001 antecedente penal alguno, pues ese día ingresó al Cereso de Ciudad Juárez acusado de haber violado y asesinado a ocho mujeres, junto con su compañero de trabajo Víctor García Uribe, éste con el mote de “El cerillo”, también sin antecedentes penales y los dos, choferes de camiones de ruteo a las “maquiladoras”, como en la frontera se le llama a las empresas dedicadas al ensamble con ocupación fundamentalmente femenina.
A las veintiuna horas de ese once de noviembre, los dos ingresaron al Cereso, “confesos” de haber cometido los horrendos crímenes. Pero tal y como informa al Juez Tercero de lo penal, el entonces director de ese centro de reclusión, Licenciado Carlos Gutiérrez Casas, “cada una de las personas que ingresan a este penal en calidad de detenidos en ese instante son revisados médicamente por el doctor que se encuentra encargado del área de enfermería”.
Ese examen médico que se les practicó a González Meza y a García Uribe, fue remitido al juez de la causa “manifestándole que el original se encuentra debidamente anexado al expediente interno de los procesados y está a su disposición para ser cotejado con la copia xerográfica que le estoy anexando”.
El encargado de la unidad médica del Cereso certifica en ambos casos traumatismos y lesiones, y de puño y letra, “múltiples quemaduras de primer grado en genitales y diversas partes del cuerpo”.
Luego vinieron las fotografías a todo color que los abogados les tomaron en su celda de máxima seguridad a sus defendidos, en las cuales no queda ninguna duda de las quemaduras y los golpes.
Esos abogados, Sergio Dante Almaraz y Mario César Escobedo Anaya, han padecido una abominable persecución que, en el primer caso, ha sido sometido a intimidaciones y calumnias, y el segundo, ha pagado con su propia vida el atrevimiento de cruzarse en el camino del gobernador de Chihuahua, que mediante chivos expiatorios, trata de salir al paso de las críticas y las exigencias de la sociedad chihuahuense ante el fracaso de su actuación en el esclarecimiento de “las muertas de Juárez”.
En la madrugada del miércoles 6 de febrero del 2002, el abogado Escobedo Anaya fue ejecutado de un tiro en la cabeza mientras conducía su vehículo a manos de agentes de la Policía Judicial del Estado, que lo “confundieron” con un buscado asesino de nombre Francisco Mendoza Jiménez, “El Venado” y a quien presumiblemente, dijo el Procurador José de Jesús Solís Silva, se dirigía el operativo policiaco.
El padre del abogado victimado narró entonces a los medios de comunicación: “Me habló por el teléfono celular mientras los perseguían y me dijo: “Papá esto ya valió madre” y se escuchó un estruendo un segundo antes de que se cortara la comunicación. Llegué en dos minutos al lugar de los hechos y lo vi muerto dentro del coche con un tiro de gracia en la región parietal”.
La Procuraduría de Chihuahua declaró que se trató de una persecución, en la que el abogado además de conducir su vehículo en huída y hablar por teléfono celular – lo que se probó -, también disparó contra los agentes judiciales.
El periódico Norte de Ciudad Juárez desenmascaró la gran mentira en su edición del viernes 8 de febrero al publicar la forma en que la Judicial del Estado sembró la bala en la camioneta en que viajaban los policías. Fabricaron el impacto en el vehículo para justificar el asesinato, pero un hábil reportero gráfico de ese periódico, Miguel Perea Hernández, galardonado ese año por la Asociación de Periodistas Juarenses en mérito a sus placas irrefutables, que fotografió la camioneta en la escena del crimen sin balazo, y horas después con el impacto profundo en la parte derecha del cofre. A eso se prestó el jefe de los servicios periciales. De no hacerlo, le hubiera seguido el destino que a otros ha deparado esta historia negra de corrupción, poder y crimen.
Al director del Cereso, Gutiérrez Casas, que se negó a recibir a los acusados con las marcas de tortura que presentaban La Foca y el Cerillo, lo despidieron. Igual pasó con el Juez Rafael Lomas, que resistió llevar el caso por considerarlo irregular. Oscar Ochoa Armendáriz era jefe de transporte público del gobierno estatal en Juárez y divulgó un examen antidoping negativo realizado antes a González Meza y a García Uribe como parte de la supervisión de la empresa para mantener a sus trabajadores alejados del consumo de las drogas. También corrieron al Doctor Oscar Mainez, jefe de servicios periciales de Ciudad Juárez hasta que denunció que “cuestiones políticas entorpecen la investigación” y ya fuera de su cargo declaró a un programa de televisión estadounidense “que se negó a sembrar evidencias en el caso” (Crónica, 7/II/2002).
Tan claros han sido los atropellos que la inconformidad ciudadana fue creciendo, a tal grado, que las organizaciones sociales que han tomado la causa de la justicia para las mujeres asesinadas, tomaron casi como propio el asunto de estos inculpados y si bien algunas de ellas, no lindan en la defensa de su inocencia, mantienen firme su convicción de las torturas y el desaseo que ronda en todo este proceso.
Para alejarlos del contacto de esos activistas y de los reporteros del periódico Norte que ha dado puntual seguimiento al caso, la noche del martes 15 de enero del 2002, tal y como los secuestraron la primera vez, un grupo de hombres armados, con uniforme negro y encapuchados entró al Cereso de Ciudad Juárez para sacarlos y trasladarlos durante la madrugada al reclusorio de Aquiles Serdán, donde han permanecido incomunicados durante un año y una semana; ahí mismo donde antier murió La Foca, y todavía tiene vida El Cerillo.
No es ninguna novela, o historia sacada de la ficción literaria en el cuento policiaco, es el crudo relato, verificable en actas, de como se manejan las cosas en Chihuahua bajo el gobierno de Patricio Martínez y su lugarteniente el procurador “Chito” Solís, ese que detrás de su “alias” sí tiene una de las más documentadas biografías delictivas del Estado de Chihuahua.
