Corrupción, poder y crimen, II parte
– Javier Corral Jurado
Tal y como lo comenté ayer, cuando en la madrugada del 15 de enero del 2002, Gustavo González Meza, La Foca, y Víctor Javier García Uribe, El Cerillo, fueron trasladados del Cereso de Ciudad Juárez al penal de máxima seguridad en Aquiles Serdán, Chihuahua, varios activistas de derechos humanos advirtieron que la vida de estos inculpados y “confesos”, bajo tortura de ser los responsables de varios crímenes de mujeres en la frontera, corría peligro. Los abogados lo denunciaban a cada rato, y en las últimas entrevistas que los procesados concedieron a la prensa – antes de ser incomunicados -, expresaron su profundo temor por lo que pudiera ocurrirles en el nuevo reclusorio y responsabilizaron al Procurador de Justicia del Estado “de cualquier agresión”.
Ambos habían conocido literalmente en carne propia los métodos de investigación de los subalternos del procurador Chito Solís: los golpes y las quemaduras de primer grado en genitales y diversas partes del cuerpo; pero también la ejecución de su abogado defensor Mario Escobedo Anaya, y el urdimbre de complicidad y corrupción que se tejió para exonerar a los agentes de la Policía Judicial del Estado que lo victimaron. Porque absolutamente todos los que participaron en ese operativo fueron absueltos de cualquier responsabilidad y reintegrados de inmediato a sus puestos.
En ese operativo, en el que se ha podido comprobar la participación directa de Vicente González, el jefe de la corporación policiaca estatal , se encuentran perfectamente dibujados los trazos que pintan a quienes tienen en sus manos ¡la seguridad pública y la procuración de justicia! en Chihuahua. Jefes policiacos ampliamente impugnados que desde hace dos décadas se han visto envueltos en múltiples abusos de autoridad, métodos de intimidación y tortura, y en contraste una ineficacia práctica a la luz de los resultados que ha tenido su actuación. Incapaces de inhibir la ola delictiva en Chihuahua, sólo atemorizan a los ciudadanos y eliminan a sus impugnadores.
Los dos principales responsables de la seguridad pública en el Estado, José de Jesús Solís Silva, “El Chito” y Vicente González han caminado juntos desde los ochenta intercambiándose el mando titular; eran segundo y primer comandante de la Judicial, cuando frente a sus narices operaba entonces el centro de acopio y procesamiento de mariguana más grande de América Latina, ubicado en el Rancho de Búfalo, cercano al municipio de Camargo, Chihuahua, zona que presumiblemente estaba bajo su “eficaz” custodia.
Ambos han ido a desalojar juntos con lujo de violencia a campesinos a los que incluso protegía la justicia federal mediante el derecho de amparo. Y juntos, se presentaron armados hace años en el domicilio particular del licenciado Jaime García Chávez, exlíder estatal del PRD y su candidato a gobernador en las elecciones de 1992, para tratar primero de chantajearlo ofreciendo darle lo que pidiera “pues ya había luchado mucho”, y luego ante la inquebrantable dignidad de ese luchador y de su honestidad intransitable optaron por persuadirlo mediante la intimidación para que depusiera el emplazamiento a una huelga de trabajadores, ámbito legal en el que García Chávez ha forjado su prestigio de aguerrido y valiente.
No ha sido la única ocasión que el perredista recibe amenazas del Chito Solís. Fiel guardián de su jefe Patricio Martínez, el hoy procurador en el gobierno estatal y cuando aquél fue presidente municipal, su director de seguridad pública – y en ambas campañas electorales su escolta -, volvió a las andadas en junio del 2000 y su blanco fue nuevo Don Jaime, pero esta vez con la diferencia de que lo hizo en público durante la última sesión del segundo periodo ordinario del Congreso de Chihuahua, que fue reventada por huestes priístas y los propios legisladores de ese partido para no dar voz al abogado laboralista que, en derecho otorgado por la Constitución de Chihuahua a los que promueven iniciativas ciudadanas, debía ocupar ese día la tribuna parlamentaria para defender la creación de un Tribunal Estatal de Cuentas que con el respaldo de 21,000 firmas se introdujo en el proceso legislativo local.
Obviamente no sólo esa propuesta tan necesaria en Chihuahua ha disgustado al Gobernador Martínez García con el líder perredista, sino la denuncia penal del Caso “Pulse” con la que García Chávez puso al descubierto uno de tantos negocios turbios que Patricio ha cometido aprovechándose de sus cargos en materia inmobiliaria.
Irritado por lo que le hacen a su Jefe, El Chito Solís, en ese momento director del departamento de gobernación estatal, se introdujo en el recinto parlamentario y delante de otras personas que lo oyeron le espetó a su antiguo amenazado: “bájale de huevos, te puede llevar la chingada, esto te puede costar la vida”.
Nada tenía que hacer el Chito Solís en esa sesión del Congreso, que se recogió en una cinta audiovisual.
García Chávez denunció penalmente el hecho bajo las acusaciones de amenazas y abuso de autoridad. La averiguación previa 2000, durmió el sueño de los justos por dos años y ocho meses en la que no se hizo indagatoria alguna, hasta que el pasado viernes 7 de febrero la Procuraduría, en manos del Chito Solís, decretó que no procede el ejercicio de la acción penal y acordó el archivo. Perla para el Ministerio Público, la declaración de su titular es grotesca y cínica: el abuso de autoridad no se configura porque estaba actuando fuera de sus funciones y se presentó ahí como particular; las amenazas no se actualizan porque García Chávez nunca se ha mostrado intimidado.
Por todo ello es urgente atender la voces de angustia y las señales de alerta que diversas organizaciones ciudadanas de mi Estado han lanzado sobre el clima de terror y persecución política que se vive a manos de esa mafia organizada en la estructura del poder estatal.
A la muerte de Gustavo González Meza, La Foca, precedieron muchas de estas advertencias.
En un mensaje de correo electrónico que me envió, Esther Chávez Cano, una activista defensora de los derechos humanos y Presidenta de Casa Amiga, me muestra su angustia y me dice: “Tuve en mis manos las fotografías que muestran señales de tortura, por lo que no dudo que esta práctica fue el motivo de que los choferes se declararan culpables. Su muerte aparentemente ocurrió después de una operación de hernia. Tanto la suegra como la hoy viuda declaran que recibieron una llamada de La Foca después de la operación diciendo que salió perfectamente bien. Según su abogado defensor esta hernia se la provocaron las torturas que recibió al ser apresado y obligado a confesar la muerte de estas jovencitas a pesar de que los análisis de ADN no coinciden con los cuerpos que presumiblemente eran de las mujeres que ellos asesinaron” . “Miriam, la esposa de El Cerillo, declaró que recibió la visita de agentes judiciales, quienes la amenazaron con matarla a ella y a su esposo si asistía al V Day, contando con la presencia de Eve Ensler, que celebramos el día 7 de este mes y curiosamente al día siguiente ¡muere! la Foca. Hablé con el abogado Dante Almaraz y su respuesta, sumamente alterada fue: ¡Nos van a matar uno a uno!”
Me propone, lo que ampliamente secundo: Exigir seguridad para la hoy viuda de Gustavo Meza, para Miriam García, esposa de El cerillo, para sus familias. Para las activistas de Derechos Humanos; seguridad para el abogado Sergio Dante Almaraz, defensor actualmente del Cerillo y del hoy occiso. Exigir un alto a la impunidad y establecer el Estado de Derecho en nuestra frontera y en nuestro Estado.
Y cierra, como quiero concluir esta segunda parte de mi entrega editorial a El Universal: NI UNA MUERTE MÃS, NI UN CRIMEN IMPUNE.
