Inmersos en el proceso electoral para la renovación de la Cámara de Diputados, los partidos políticos han desplegado ya parte de sus estrategias de campaña y se han asomado algunos de los enfoques del discurso electoral que se pondrá en práctica, como oferta básica para darle contenido al voto.
El PRI está decidido a un ejercicio de desverguenza en el peor de los cinismos, sobre la base de suponer que la memoria colectiva es tan flaca, que podrá incriminar al gobierno del Presidente Vicente Fox y al PAN de ser los autores de los males nacionales que nos aquejan, de los rezagos ciertos que enfrentamos y de la crisis que se vive en el campo mexicano, tratando de desviar la atención sobre la forma y lugar en que éstos se anidaron, reprodujeron y crecieron hasta pudrir muchos ámbitos de nuestra vida social y política. El PRI apuesta a la amnesia social, tras su desmemoria histórica en la responsabilidad directa e ineludible de muchos de los problemas que nos angustian.
De ahí que, sin rubor alguno sobre su práctica e historia presidencialista, pretendan mantener silenciado al Presidente de la República en torno al momento electoral que se avecina, pretextando que las declaraciones y respuestas que Vicente Fox ha hecho en torno a los señalamientos y críticas del PRI sobre su administración, es una forma ilegal o injerencia indebida del mandatario en el proceso electoral. Algunos consejeros del IFE – de gran prestigio y honorabilidad a nuestra vista -, han caído en la pifia pues, pretender arrebatarle al Presidente sus derechos constitucionales que como ciudadano tiene de libertad de expresión y de asociación, es un autoengaño.
Cuando desde la oposición los panistas lanzamos críticas al Presidente de la república, no lo hicimos impugnando sus derechos individuales, sino la mezcla ilegal e inmoral entre el partido y el gobierno, y la disposición de recursos públicos – económicos, humanos y materiales -, para apoyar a los candidatos y dirigentes del PRI. Pero además, el papel documentado y rigurosamente aceptado por los expresidentes priístas en la conducción de la vida partidaria, en el nombramiento de sus dirigentes y de sus sucesores mediante la institución del dedazo ejercido, aunque disfrazado, hasta la última designación, abonan para señalar que la critica se enderezaba en contra del “presidencialismo” como fenómeno abarcativo de casi todos los aspectos de la vida pública. He ahí de que se hablara del “presidente-dios”.
En un régimen democrático y en medio de una sociedad y opinión pública cada vez más activa, y por lo tanto más influyente, que el Presidente de la República pueda expresar también libremente sus opiniones y responder a las críticas debiera ser un asunto de normalidad política, e incluso una de sus obligaciones desde la perspectiva del derecho a la información.
Lo que pasa es que estabamos acostumbrados a que los Presidentes actuaran en una doble moral: públicamente se manifestaban en una supuesta “imparcialidad” y por debajo de la mesa permitían e impulsaban todo tipo de apoyos al PRI, como el desvío millonario que se otorgó a la campaña presidencial del 2000 por la vía del Sindicato petrolero y que, no siendo el único caso, éste ha sido en realidad el asunto que vino a comprobar – cuando se pudo finalmente realizar la alternancia en el poder -, el apoyo ilegal de la estructura y los dineros públicos a ese partido.
Que un Presidente manifieste su preferencia política, no es delito alguno. Que busque aliados en la conformación del Congreso para la viabilidad de sus iniciativas legales, no trastoca ningún parámetro ético, ni desdibuja la división de poderes.
Los mandatarios de los países democráticos tienen en esa busqueda una de sus principales tareas, pues muchos ámbitos del rediseño estructural que se necesita para hacer avanzar la política y darle crecimiento a la economía, depende del acuerdo y consenso con las fuerzas representadas en el Congreso, y lo más lógico y natural es que ese esfuerzo empiece por su propio partido.
De ahí que Acción Nacional haya definido su estrategia de campaña electoral para conquistar la mayoría de la Cámara de Diputados bajo el lema de “Quítale el freno al Cambio”, pues el sabotaje legislativo a las principales propuestas enviadas por el Ejecutivo federal en cualquiera de las dos Cámaras ha significado una resistencia a la voluntad popular expresada en las urnas el 2 de julio, con lo que se quiere conseguir el fracaso de un proyecto de transformación social y política.
Por supuesto que no se trata de repetir el modelo de subordinación al Presidente en turno, caracteristica que generosamente prodigó el aparato priísta hasta confundirse y luego perderse en propia identidad. Bien lo dijo el Senador Diego Fernández de Cevallos, “las mayorías son de los partidos, no del Presidente”, pero es indiscutible que Fox necesita más y mejores aliados para destrabar algunas de las reformas planteadas en materia de salud, trabajo, energía y reforma fiscal. Se requiere sacar del regateo y la mezquindad partidarias las reformas que México necesita; eliminar ese chantaje que quiere intercambiar desarrollo por impunidad.