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Verde y PRI, de la coalición a la colusión

Verde y PRI, de la coalición a la colusión

-Javier Corral Jurado

El pasado miércoles 18 de junio el PRI y el Partido Verde impidieron en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se celebrara un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, para resolver la solicitud de desafuero del senador Ricardo Aldana Prieto, por su presunta responsabilidad en el desvío multimillonario de recursos de la Paraestatal Petróleos Mexicanos por la vía del sindicato, a la campaña del PRI en el año 2000.

El PRI y su nuevo aliado han desperdiciado una oportunidad enorme de reivindicación de los legisladores con la ciudadanía, y se ha desaprovechado la oportunidad de poner fin a una larga cultura de la complicidad que hasta hoy mantiene vivo el sistema de las tapaderas, y por virtud del cual los partidos asumen el descrédito público de conductas individuales de sus miembros.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación resolvió, por unanimidad de votos de sus magistrados integrantes, negar la suspensión definitiva del amparo que solicitó el senador Aldana para resistir el proceso de levantamiento de su fuero constitucional. Debido a eso, el Presidente de la Cámara de Diputados, Armando Salinas Torre, cumplió cabalmente la obligación constitucional de enterar, al día siguiente de que les fue notificado, la necesidad de convocar a un periodo extraordinario, para resolver el dictamen que la sección instructora de esa cámara había resuelto con relación al asunto del Senador.

Se dieron todos los supuestos legales y se probaron las hipótesis jurídicas para que el Congreso diera un mensaje de voluntad política indeclinable en el combate a la corrupción y en el fin de la impunidad. El periodo extraordinario era un paso necesario para demostrar que la actual legislatura y la conformación de ambas cámaras responde y refleja el sentir ciudadano de no privilegios a ningún legislador. Al fin y al cabo, ese proceso no prejuzga la conducta de un miembro del Senado, sino delimita y da cabal dimensión al fuero constitucional de los legisladores.

El tema fundamental no es si Aldana es responsable o no de los delitos que se le imputan por el Ministerio Público Federal, tampoco si la sección instructora de la Cámara de Diputados lo hace culpable o no de esos mismos elementos de presunta responsabilidad. En el fondo del asunto está una valoración de hasta dónde debe llegar el fuero de los legisladores.

El Congreso, representado a través de la Comisión Permanente, pudo haberle enviado a la nación el mensaje de que mantiene indeclinable su compromiso de combate a los ilícitos cometidos por quien sea, de que no se constituirá en un obstáculo para el desahogo de los procesos penales, y para que los instrumentos y las instancias debidas desahoguen la Justicia Penal.

El debate tiene que ver de la forma en que los legisladores entienden el fuero. La ciudadanía ve en esta salvaguarda del debate parlamentario una patente de impunidad. El fuero constitucional debe permanecer como esa figura que protege y que alienta la deliberación que está en la naturaleza fundamental del Congreso y de la actividad parlamentaria. Así lo concibió el Constituyente y lo plasmó en el Artículo 61 de nuestra Carta Magna: “Son inviolables los diputados y los senadores por sus opiniones. No podrán ser reconvenidos. El presidente de cada cámara velará por el fuero Constitucional”. De esta manera el fuero se concibe como una prerrogativa de la función para el ejercicio cabal de las atribuciones constitucionales y no como un privilegio personal, ni mucho menos como un escudo para esquivar la justicia.

En cierta medida, el primer párrafo del Artículo 61 Constitucional le otorga a los legisladores una especie de impunidad y de irresponsabilidad. En efecto, se descartada la responsabilidad legal por los delitos de calumnia y de difamación en el ejercicio de la actividad parlamentaria. Hasta allá ha ido la protección que el Constituyente quiso hacer de las libertades de expresión de los legisladores, para que el debate florezca, para que la denuncia se presente, para que tengan fuerza moral y política las intervenciones y las opiniones de los senadores en la más alta tribuna de la nación.

Pero el fuero, que en ese caso es impunidad, sólo lo es para esos delitos, no para otro tipo de conductas, sobre todo aquellas que tienen que ver con el cuidado y el manejo de los recursos públicos. Es claro que la política y sobre todo la opinión pública debe encargarse de sancionar a los legisladores cuando abusan o cuando caen en actitudes irresponsables en el uso de la palabra. Pero el fuero no es impunidad para otro tipo de conductas ilícitas. No podemos confundir esa dimensión del fuero, y el Congreso estaba llamado a separar, a distinguir y a decir que somos Legislatura y Congreso capaces de entender que la protección constitucional de nuestras opiniones no puede constituirse en una protección indebida.

Es fundamental que nadie se escude en el fuero para evadir los procesos penales al enfrentar la justicia, con ese sentido y con ese enfoque, era fundamental que la Comisión Permanente autorizara al presidente de la Cámara de los Diputados a convocar a un período extraordinario de sesiones, para que sometiera a la consideración de sus miembros poner a disposición del Ministerio Público a quien y de quien se ha allegó la sección instructora elementos de presunta responsabilidad en el caso del “Pemexgate”.

Hay antecedentes de ello. En otras ocasiones se ha convocado a un período extraordinario a una sola de las Cámaras, está contenida en la Fracción IV del Artículo 78 de la Constitución. Por supuesto, el caso fue sui géneris y hasta cierto punto rápido ,y sin la interposición de algunos jueces que como en el caso que nos ocupa se atravesaron en el proceso de desafuero para constituir a la Cámara de Diputados en jurado de procedencia, me refiero al caso del ingeniero Jorge Díaz Serrano.

En aquella ocasión la Comisión Permanente autorizó al Presidente de la Cámara de Diputados a celebrar un período extraordinario y le fue levantada la inmunidad procesal, el ingeniero Serrano, en juicio sumarísimo, fue sometido más que a la justicia penal, a la justicia política, porque entonces sólo se abrían estas posibilidades para castigar al enemigo del Presidente en turno. Varios de los legisladores que entonces participaron de aquel proceso repiten como legisladores en la Cámara de Senadores.

Lamentablemente esa abstracción y ese principio de generalidad con el que se debe actuar en política y en la aplicación estricta del Derecho no fue posible en esta ocasión. La coalición electoral que el partido Verde y el PRI mantienen, y que se ha transformado en una colusión política de intereses lo impidió de una manera vergonzosa.

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