El próximo 6 de julio serán las elecciones. Convendrá votar en la medida en que nos interese el futuro de México y la consolidación de nuestra democracia naciente. Reafirmar mediante la participación nuestra vocación en el sistema de partidos y la vía civilizada de acceso al poder, sería uno de los datos más esperanzadores de nuestro proceso político. Pero hay signos que desalientan ese pronóstico y auguran una menor concurrencia a las urnas.
Las campañas han sido, en una línea que define a los procesos electorales que no prenden, de bajo perfil. Es una elección intermedia y aún es lejana la figura del diputado – por si mismo -, de la atención ciudadana. Desprestigiada – por otros -, la labor legislativa tiene mala imagen. Son varias las explicaciones pero una la realidad: no ha suscitado el entusiasmo la renovación de la Cámara de los Diputados.
Ausente el debate que da contenido a la búsqueda del voto, muy lejos la confrontación de las ideas, la campaña electoral federal parece ser sólo espacio ganancioso para los medios electrónicos de comunicación, quienes aprovechan nuevamente como oportunidad de negocio el ayuno ideológico y político de nuestro sistema de partidos para colocar la disputa en una carrera de spots, edición y efectos visuales que en tal reiteración llegan a saturar, a aturdir.
Hemos visto cosas ridículas en la conquista del voto, como ofrecernos el color del partido como garante de cumplimiento, en una especie de plataforma cromática del nuevo arco iris de la pluralidad. Ofrecimientos desmedidos, irresponsables la mayoría con los que el Verde Ecologista quiere embaucar a la gente, con su multimillonaria y por eso sospechosa pauta de repeticiones de anuncios televisivos.
La política esta atrapada en esa dinámica suicida. Muchos de los actores ya se creyeron el cuento de que sólo por la propaganda – combinada con publicidad y marketing -, el Licenciado Vicente Fox es Presidente de todos los mexicanos y las mexicanas. Los medios de comunicación tienen un ascendiente enorme, es cierto; pero su impacto, está determinado y circunscrito por el contexto de cada persona y de cada colectividad. Por las necesidades reales. La pasta de dientes no se vende, donde los niños no tienen que comer.
Abundante la propaganda y las frases cortas de la publicidad que encierra en slogans y spots de veinte y treinta segundos a la política. Nada ha reducido tan dramáticamente la oferta y la alternativa comunicacional de los partidos y los candidatos, que las estrategias que han substituido a la plataforma y a los ideólogos por la dictadura de los “sounds bites” y la asesoría de los “spin Doctors”. Reduccionismo político, ideológico y doctrinal es lo que vivimos.
La tendencia es creciente, las campañas son presas de la dinámica mediática que hoy nos atrapa. Ahí se ha concentrado el debate fundamental, y por eso no es de extrañar que en un ejercicio cínico, de reproches y descalificaciones por el uso de los tiempos oficiales hacia el Ejecutivo Federal, se haya consumido el tiempo mayor del esfuerzo electoral, distanciado como nunca de la acción proselitista y tan metido en la denostación, la manipulación y la mentira.
Lo atendible es la queja sobre los efectos y las consecuencias de las relaciones inequitativas en el uso de los medios y, el predominio del dinero como definidores no sólo de la agenda pública, sino de los actores que habrán de decidir sobre ella. Lo grotesco de esa inconformidad de todos los partidos es que se adentran en impugnar y protestar, lo que está en sus manos solucionar mediante una reforma legal que establezca bases y reglas de funcionamiento adecuado y plural de los medios electrónicos de comunicación y de su relación con el Gobierno y la Sociedad.
En cada intento de regulación en la materia terminan siempre imponiéndose sobre el interés público los intereses partículares que se entrecruzan con bastante frecuencia entre la politica y la industria de la radiodifusión. No importa que algunas de sus prácticas perjudiquen a todos y por ende al desarrollo democrático.
Por ejemplo, ha regresado por estos días y con efectos generales, lo que antes se hacía para impedir la entrada de la oposición a la radio y la televisión: condicionar la cobertura noticiosa de las campañas y los candidatos a la compra de publicidad. Las entrevistas en espacios de noticias son ofrecidas como parte de un paquete publicitario, y en función del monto a contratar, se dispensan horarios y cuestionarios amables. Esa es una de las prácticas más nocivas para el desarrollo democrático porque considera a la información como una mercancía, y reduce al ciudadano a un mero consumidor. Conscientes de ese daño, muchos prefieren callar. La rentabilidad electoral de su encuentro efimero con los medios los hace caer cíclicamente en la apuesta equivocada. Se atrapan en el peor de los mundos: a donde sólo pueden entrar los que tienen dinero. Porque al final de cuentas ese es el mejor lenguaje en el que la mayoría de los dueños de los medios entienden su desempeño: las ganancias privadas, mucho más que la utilidades públicas.
En esa dinámica se envuelve una y otra vez la política, y con paso lento pero firme, cede su fuerza y su poder soberano el Estado nacional. Cuando se discuten tarifas, tiempos, usos y abusos de los llamados tiempos oficiales en Radio y Televisión se vuelve a concluir la necesidad urgente de una actualización a la Ley, pues ahí está la solución de fondo. Limitar la difusión gubernamental durante las campañas, en todos los niveles de gobierno; distribuir en forma equitativa y precisar el uso entre los poderes y organos autónomos del Estado de los tiempos en radio y Televisión es la salida al dispendio y la crispación que a cada episodio electoral se levanta. Prohibir a los partidos y candidatos contratar directamente publicidad en medios electrónicos y sólo usar tiempos oficiales en la difusión de sus campañas, salvaría a la vida pública de su privatización creciente. Por supuesto que hay salidas.