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Acceso a la Información: Lo que sigue

Acceso a la Información: Lo que sigue

– Javier Corral Jurado

Promulgada por el Presidente de la República Vicente Fox Quesada, a los diez días del mes de junio del 2002, la semana pasada entró en vigor – en la totalidad de sus supuestos – la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que durante más de tres décadas resistieron los gobiernos priístas.

La voluntad del gobierno federal y la forma en que la administración del Presidente Fox ha asumido el reto y se ha preparado para poner a disposición del público un conjunto impresionante de datos desde el 12 de junio pasado, es un hecho que no puede ser regateado, porque representa un paso decisivo en la consolidación de nuestra democracia y marca un hito en la historia de las relaciones entre el ciudadano y sus gobernantes.

Nos tardamos en el debate y en la discusión, y no pocas veces fuimos embestidos quienes impulsamos la necesidad de hacer efectivo el Derecho a la Información, al menos en su parte del derecho de acceso a la información pública, pero hoy nos podemos enorgullecer como mexicanos de contar con una legislación que nos empata con muchas naciones del mundo y en otros casos, nos coloca a la vanguardia, del ejercicio del derecho a saber. No se ponga en duda que traerá enormes repercusiones en las formas tradicionales de operar la política y ejercer las atribuciones y las funciones administrativas que tiene a su cargo el Estado.

En algunos ámbitos de la administración federal se verá incrementada – por el sólo hecho de existir la ley- la productividad y eficacia de la burocracia, una más clara actuación de los funcionarios públicos y por ende, un manejo más escrupuloso y honesto de los recursos públicos. Los beneficios se empezarán a sentir y serán en varios ordenes: afianzará nuestro proceso democrático, pues permite decisiones ciudadanas mejor informadas; promueve así una redistribución del poder hacia los ciudadanos, lo que favorece el sistema de rendición de cuentas. Todo ello contribuye a la consolidación de la cultura de la Transparencia.

La nueva ley posibilita que la sociedad evalúe, sin la intermediación de los medios, los resultados de su gobierno y mejora las condiciones para las actividades productivas y las inversiones al abrir la información que sustente la toma de decisiones, en particular para las oportunidades de negocios, las compras de gobierno, los procesos de licitación, los programas de apoyo para el sector productivo.

Todo ello, sin duda, de enorme trascendencia para el momento que vive la Nación. Pero la celebración de este paso gigantesco debe atender con seriedad varios aspectos que de no tratarse con cuidado y de no completarse pueden generar también efectos negativos, contraproducentes y provocar desequilibrios en el sistema democrático.

La necesidad de que se sometan los tres poderes federales y los órganos autónomos del Estado, incluyendo a las universidades públicas con autonomía legal, así como los tres niveles de gobierno a las mismas obligaciones de transparencia bajo procedimientos iguales. Resulta grotesco que para un mismo derecho ciudadano, de la misma naturaleza y consecuencias jurídicas similares, con requisitos y supuestos idénticos, los procedimientos no sean los mismos.

La flexibilidad que para sí se ha aplicado el Congreso de la Unión, erigiéndose en juez y parte de las controversias que se presenten ante las negativas de información y la atribución de ser él quien determine los criterios para clasificar la información reservada de la pública, son groseras contradicciones en un poder que se estima por encima de los demás. La tímida reglamentación – por decirlo de la mejor manera -, que se autoaplicaron el IFE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Banco de México, es inadmisible. Como incomprensible la lentitud con la que caminan las leyes locales en la materia, pues tanto los Estados como los municipios son entidades en donde los requerimientos de información son mayores y más necesarios para el desarrollo personal y social de los habitantes de nuestro país, por la simple cercanía que en la prestación de servicios básicos tienen estas instancias de gobierno.

Desde la laxitud con la que se ven los legisladores federales, hasta la parsimonia de algunos Congresos Estatales – en otros casos es resistencia de los Gobernadores -, se nos descubre con claridad el largo y complejo camino que hoy falta por recorrer en eso que se denomina la transición democrática.

En el ámbito federal se inscriben también otros pendientes importantes. Para evitar el abuso del manejo inescrupuloso de la información nominativa, es fundamental que frente a las enormes ventanas que se han abierto de par en par en el Poder Ejecutivo, el proceso legislativo asuma su responsabilidad ampliando las previsiones contenidas en el capítulo IV de la nueva ley y se desarrolle con mayor rigor la protección de los datos personales en un cuerpo normativo especial para el tema. Además de cumplir el compromiso de legislar una Ley General de Archivos que regule la organización, la tutela, gestión, conservación, acceso y difusión de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que establezca los mecanismos de coordinación con los niveles estatal y municipal para la protección del patrimonio documental de la Nación.

Por supuesto que lo primero que debiéramos hacer es darle a la nueva Ley de Acceso una oportunidad. Un tiempo razonable para que en el transcurso de solicitudes y negativas de información se vayan afinando y ajustando los criterios de clasificación de los documentos oficiales y, sobre todo, la capacitación que necesitan tanto servidores públicos como los mismos ciudadanos para hacer uso efectivo de un instrumento como éste.

A los medios de comunicación la nueva ley los llama de manera especial, sin ser los destinatarios o titulares de la norma. Para la dinámica del diarismo y de la radiodifusión en tiempo real, que ha impuesto a nuestros periodistas recoger dichos en lugar de investigar hechos, la ley servirá poco, tomando en cuenta los plazos de respuesta; pero para el periodismo de investigación la ley ofrece líneas de trabajo excepcionales para esclarecer y poner al descubierto las contradicciones de un diseño administrativo con amplias zonas de despilfarro, ilegalidad y discrecionalidad provenientes de muchos años atrás. Hoy los jefes de información pueden empezar a concebir temas de largo alcance, trabajados bajo la ruta de la investigación certera, y no la especulación, la inventiva en la que cae el periodismo que vuela con la imaginación o la ficción que le ha sido reservado a la creación literaria.

Y es de esperarse que la avidez inusitada, con que los periodistas se han propuesto calar la voluntad política de distintas áreas del gobierno federal – sobre todo en el ámbito del Ejecutivo – y demostrar si existe la apertura y disposición para compartir la información al público en general, se extienda a los demás poderes y niveles gubernamentales.

Todavía no se da cuenta de las solicitudes por escrito, ni mucho menos de sus resultados pues en el supuesto extremo para que la autoridad responda se pueden dar hasta cincuenta días hábiles. De lo que ya se ha dado cuenta en numerosos artículos y reportajes es sobre la información que desde el pasado 12 de junio debe estar disponible a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica, lo que se conoce como obligaciones de transparencia y que enlista el artículo séptimo de la ley.

Ya ha dado sus primeros resultados esa obligación: se ha podido conocer la nomina que tiene a su disposición dependencias del Ejecutivo, sueldos y salarios de funcionarios públicos. Y aunque esa obligación es para los tres poderes del gobierno federal, el escrutinio se ha centrado en el Poder Ejecutivo. Existe un prurito de fiscalización sobre el gobierno de Fox, que contrasta con la displicencia y descuido que la tarea periodística ha hecho del Poder Legislativo. Los reporteros debieran ser más acuciosos en el ejercicio de la imparcialidad y darse cuenta de algunas tomaduras de pelo que los demás sujetos obligados nos están recetando en sus páginas de Internet.

La parcialidad de ese escrutinio es también síntoma inequívoco de la falta de profesionalismo que presenta en México el ejercicio de la comunicación, contraparte indiscutible del derecho de acceso a la información.

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