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Los pendientes del acceso a la información

Los pendientes del acceso a la información

– Javier Corral Jurado

ACABA de realizarse en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM un seminario tendiente a evaluar los primeros resultados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, algo así como el estado de la cuestión. Advertí que era pronto para hacer una valoración objetiva del ejercicio de ese derecho ciudadano y que la ley y las instituciones que crea necesitaban de una oportunidad más amplia. El retraso cultural de la burocracia política en esta materia así lo exige.

Sin embargo, adelanté que la tendencia es muy positiva, tanto por el uso que la gente empieza a hacer de este instrumento como por el alto nivel de las respuestas favorables. En el ámbito federal las solicitudes superan las 12 mil peticiones de información y en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública se procesan un poco más de 100 recursos de queja ante negativas de la autoridad. Aún no se presenta recurso alguno ante el Poder Judicial, última instancia que prevé la ley para apelar una decisión definitiva en el otorgamiento o no de la información.

En la visión crítica, he señalado los pendientes fundamentales que en la materia tiene la nueva Legislatura que ayer se instaló, así como el retraso que tienen las entidades federativas en torno del tema, el tiempo que ha llegado para denunciar con toda firmeza la burla que constituye a los ciudadanos del Distrito Federal la conducta asumida por el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, de cerrarle el paso a la vigencia plena de esta legislación en su ámbito de acción y competencia.

Por partes. Desde noviembre de 2002, en el Senado de la República establecimos comunicación con la Cámara de Diputados para definir un reglamento único que permitiera cumplir de manera transparente y abierta, tal y como se lo habíamos exigido al Ejecutivo, con las obligaciones de acceso a la información en el Congreso. Como respuesta, el 28 de abril de 2003 se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Publica de la H. Cámara de Diputados, aprobado el 29 de abril.

Esto obligó a que la propuesta preparada en el Senado debiera enfrentar la necesidad de su modificación, sin embargo, quisimos dejar constancia de ello y el 29 de abril se presentó la Iniciativa con Proyecto de Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La intención de este Reglamento era la unificación de las mismas obligaciones de transparencia bajo procedimientos iguales, pues resulta grotesco que para un mismo derecho ciudadano, de la misma naturaleza, de un mismo poder y consecuencias jurídicas similares, con requisitos y supuestos idénticos, los procedimientos no sean los mismos.

Sin embargo, los tiempos parlamentarios y la aprobación del reglamento para la colegisladora obligaron a convertir esa iniciativa en un Acuerdo Parlamentario para la Aplicación de la Ley en la Cámara de Senadores, aprobado el 30 de abril de 2003.

Hay que insistir en la modificación de estos acuerdos para lograr un reglamento que esté al nivel de las exigencias y expectativas que la sociedad ha depositado en este derecho. Nada justifica que los órganos de vigilancia estén integrados por los propios sujetos obligados. Además, al estar integrados por miembros de la misma legislatura, plantea una duración inoperante y por demás antidemocrática. El órgano debe considerar la posibilidad de periodos translegislaturas, al igual que fue exigido al Ejecutivo, en la duración del encargo de los consejeros del IFAI, para evitar discrecionalidades y opacidad en su manejo, además de acumular la experiencia y antecedentes necesarios.

La flexibilidad que para sí se ha aplicado el Congreso de la Unión, erigiéndose en juez y parte de las controversias que se presenten en el ejercicio del derecho de acceso a la información y la atribución de ser él quien determine los criterios para clasificar la información reservada, son graves contradicciones en un poder que se estima por encima de los demás.

Es indispensable que los órganos de vigilancia y supervisión de los procesos de clasificación y atención de los recursos, estén integrados por personas independientes de los partidos, designados a través de un procedimiento transparente que les garantice su autonomía de juicio.

Además de que por eficiencia y costo es absolutamente ineludible atender a la congruencia y simplificación pero sobre todo a la necesaria legitimidad y confianza que debe generar el órgano de vigilancia, con atribuciones sobre el conjunto del Poder Legislativo y no sólo de una de las cámaras, lo que además deja sin jurisdicción a la Comisión Permanente y a la Auditoría.

La tímida reglamentación por decirlo de la mejor manera en la Cámara de Diputados, está plagada de contradicciones, como darle a los titulares de los órganos obligados la responsabilidad de la clasificación y a las unidades de enlace la de modificar y revocar esa clasificación, generando confusión entre instituciones y funciones respecto a tan fundamental asunto.

Donde la transparencia no puede permitirse parcialidades es precisamente en el Poder que gestó la ley y que tanto esmero puso en anticipar o prejuzgar subterfugios por donde pudiera filtrarse la discrecionalidad o parcialidad del Ejecutivo.

Las entidades federativas caminan lentamente en la materia. Sólo en 10 estados de la República se cuenta con leyes estatales y en sólo cuatro de éstos se ha integrado el órgano encargado de hacer cumplir la norma. La mayor resistencia la provoca con gran impunidad que asombra, el gobierno del Distrito Federal. El caso ejemplar en la práctica lo representa el estado de Sinaloa aunque en el diseño legal de uno mejor, la iniciativa presentada en el estado de Zacatecas promete tomar la vanguardia. Falta que lo aprueben.

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