La primera vez que el Presidente de la República se reunió con los señores Gobernadores de los Estados – todavía en su calidad de Presidente Electo -, tomó una de las decisiones que más problemas y socavamiento ha acarreado a su gobierno: les ofreció compartir con ellos los nombramientos de los delegados de las dependencias federales en sus respectivas entidades. Lo hizo, sin duda, en una apuesta de corresponsabilidad política y de búsqueda de acuerdos, suponiendo que entre los gobernadores habitaba un espíritu republicano y una mayor distinción entre la tarea de gobernar y la competencia político electoral. Creía que la mayoría era gente decente, aún y cuando los había visto actuar desesperadamente durante la campaña del 2000 en auxilio del naufragante régimen priísta.
Varias respuestas de colaboradores muy cercanos del Presidente, y él mismo, me han confirmado que en el principio hubo esa apuesta al entendimiento y que, en aras de privilegiar un ambiente que favoreciera los acuerdos para una transición de hondo calado, se decidió compartir el poder con los que se acababa de relevar. Bajo la misma óptica es que se decidió entregarle a distinguidos miembros del antiguo régimen sectores completos de la administración pública federal que, como buenos operadores, reprodujeron su afinidad partidaria central hacia todas las delegaciones en los estados. Ahí si que resulta difícil introducir un solo elemento de diversidad partidaria, el andamiaje goza del hermetismo y el espíritu faccioso que caracteriza a las sectas, y la priísta, no tenía porqué ser la excepción. La Secretaría de Hacienda, el IMSS y el ISSSTE no admiten un solo espacio que no tenga el sello del PRI.
Pero en pos del consenso y de lograr reformas legislativas en materia estructural, es como se ha tratado de explicar el que se haya pospuesto el cumplimiento de la principal promesa de la campaña de Don Vicente, que era la transformación de la clase política gobernante y que tanto se expresó con la anhelante frase de, “sacar al PRI de Los Pinos”. Obviamente no se refería ni se circunscribía a relevar al personal de la residencia que tan eficaz y lealmente atiende al jefe del Ejecutivo hasta ahora, en su mayoría militares; la promesa ilusoria era el relevo de quienes confundieron al gobierno con su partido, y a los que desviaron todo objetivo de servicio público con la ambición personal de servirse así mismos y cometer tropelía y media. El entonces candidato Fox reforzó la idea y en lenguaje coloquial que a todo entendimiento abrazó, prometió la salida de “las tepocatas, alimañas y víboras prietas”.
A la fecha, permanecen muchas de ellas en las estructuras del gobierno, y una y otra vez el PRI incumple su palabra de ir a acuerdos en las reformas estructurales.
El tema, que cobró su fuerza mayor tras los resultados del 6 de julio, se ha puesto otra vez de moda a partir de un encuentro de dirigentes estatales del PAN con el Sr. Presidente Fox. En muchos casos el panismo siente y con razón que está pagando los platos rotos que él no quiebra, decisiones que no toma en cargos que no ocupa y en responsabilidades que no tiene, pues se trata precisamente de las “presencias indeseables” que afectan la imagen no sólo del PAN, sino del mismísimo gobierno.
Los jefes estatales del PAN – así se les reconoce en una especie de camaradería castrense -, reiteraron la semana pasada en la Residencia oficial de Los Pinos, la queja que tanto los ha distanciado de su gobierno: los que dicen representar a la administración federal en las entidades actúan en su contra, no son leales a la República, ni al gobierno, y menos al Presidente. Existe un socavamiento que traiciona no sólo la confianza presidencial sino la más básica concepción de institucionalidad y patriotismo. La apuesta está equivocada y debe ser rectificada. Además, la mayoría de los gobernadores priístas y uno que otro perredista han tomado la función virreinal en sus territorios, actúan más como mandantes que como mandatarios (al que se le ordena un mandado) y están volviendo al PRI cada vez más PNR, aquél que se fundó sobre el abuso y el atropello de los caciques, de los que su más viva y descarnada representación la personificó Gonzalo N. Santos. Lo controlan casi todo en sus entidades.
Los dirigentes panistas no tienen espíritu faccioso, no han sido bañados en esas aguas negras. Lo que explican de manera sencilla es que: no se persigue la militancia partidaria, sino la deslealtad al proyecto de cambio y las acciones que muchas de esas estructuras priístas promueven en contra de los programas oficiales. Junto con las estructuras de los gobiernos priístas en los Estados se manipula los apoyos del gobierno federal que al mezclarse con los recursos locales quedan fundidos en un apoyo del Sr. Gobernador o del PRI para quien los recibe, pero si alguien reclama porque nada le toca, la respuesta es inmediata: nada les mandó Fox.
En ese esquema es inconcebible que los delegados federales salgan al quite de los embates y las descalificaciones que una y otra vez expresan públicamente algunos de los gobernadores en contra de la persona y el gobierno del Presidente Fox, ni siquiera para desmentir los señalamientos que afectan su propio trabajo. No podrían hacerlo por la sencilla razón de que cuando varios de esos delegados federales priístas se reúnen a desayunar o comer entre ellos, reproducen en privado varias de las injurias que se lanzan contra el gobierno del cambio. Están en otra ruta: colaboran desde adentro para el regreso del PRI y se impulsan desde el propio aparato federal para la contienda política.
Diecisiete delegados federales priístas resultaron candidatos – por dedazo – en las pasadas elecciones. En Chihuahua tuvimos dos: el Profesor Jesús Aguilar Bueno, que al abandonar la delegación del ISSSTE contendió por el noveno distrito federal con cabecera en Parral y el Ingeniero Jorge Castillo Cabrera, quien permaneció un año y medio al frente de la Semarnat y fue escogido como candidato para el séptimo distrito federal, con cabecera en Cuauhtémoc. Los diecisiete son diputados federales y la mayoría de esas vacantes no han requerido para ser nuevamente ocupadas concursos por oposición o la selección vía Head Hunters: el asunto se ha arreglado entre las mismas estructuras priístas a quienes se les concesionó esas áreas. En la delegación del ISSSTE en Chihuahua el relevo fue fácil: ocupó la vacante el ex diputado local del PRI, también profesor Cesáreo Valles Machuca.
Aunado al caso de los funcionarios desleales, sin duda el caso más patético es el de los delegados federales acusados de ineficacia o corrupción, y sobre quienes exclusivamente debiera recaer esa ofensiva descripción de tepocatas. Conozco, por lo menos, una de las denuncias que en Chihuahua se han enderezado en contra del gerente de la Comisión Nacional del Agua, por parte de tres presidentes de los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas de Nuevo Casas Grandes, Janos y Ascensión. Las acusaciones debieran ser por lo menos motivo de una auditoría de campo: se han extendido títulos de concesión para pozos que no existen en la zona. Pero a pesar de que el asunto tiene más de un año en que se entregó oficialmente la documentación de denuncia, lo único que puede explicar la lenidad de la autoridad es que se trata de uno de los delegados federales que no le reporta al Presidente de la República, sino al Gobernador del Estado, Patricio Martínez.
Es que el Presidente Fox fue mucho más allá de consultar o compartir con los gobernadores los nombramientos de los delegados, en algunos casos se los cedió.
La consulta no es algo incorrecto, y es deseable que en función de mantener una relación cordial y de estrecha colaboración entre niveles de gobierno, se tome en cuenta que las personas que representarán al gobierno federal en una entidad sean medianamente aceptadas. El Doctor Ernesto Zedillo lo hizo con el entonces Gobernador Francisco Barrio, en un par de casos que yo recuerde; pero las opciones que le presentaban nunca estuvieron fuera del universo priísta, esa diversidad nunca alcanzó la pluralidad. No eran ingenuos: conocen perfectamente que el principio fundamental del ejercicio del poder, se ejerce con los afines.
En el caso de la administración del Presidente Vicente Fox la demanda panista no ido tan lejos. Se trata de exigir, por lo menos, la lealtad institucional que pide la constitución y las leyes que rigen el sistema de los servidores públicos.
Me desmarco absolutamente del enfoque y sentido patrimonialista con que a veces en el propio PAN se reclaman espacios de poder o cargos públicos para nuestros militantes, como cuota o reciprocidad de trabajos en campaña. Creo en la pluralidad y en un gobierno que incluya a hombres y mujeres de distintas maneras de pensar en lo ideológico y en lo programático, pero postulo que esa inserción debe compartir por lo menos lo esencial del proyecto de cambio: la transparencia, la democratización y honestidad del nuevo poder que nace en la alternancia histórica del 2000. Todo gobierno ha de tener un rostro político definido y ser incluyente. Sostengo que Acción Nacional debe ser la base de esa inclusión, y no sólo uno más de los incluidos.
Así lo creen, incluso, distinguidos miembros del Partido de la Revolución Democrática que, en mayo del 2002, en una reunión que sostuvo el Comité Nacional de ese partido con el Secretario de Gobernación, Santiago Creel, y con Don Francisco Barrio Terrazas, en ese hora todavía Contralor de la Federación, expresaron una paradójica solicitud: “quítenos a los delegados priístas y pongan gente del PAN, o de donde sea pero ya”.
Ha pasado casi la mitad del gobierno del Presidente Fox y aún no se ve claro, aunque hay quienes señalan que existe la voluntad para iniciar esos relevos. Es que lleva mucho tiempo en el aire la pregunta que hizo Pablo Gómez Ãlvarez, en aquella reunión en la sede perredista de la Calle de Monterrey, en la Ciudad de México: ¿Y cuando van a tomar el gobierno?