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Secreto Profesional del Periodista

Secreto Profesional del Periodista

– Javier Corral Jurado

Animado por El Universal y La Jornada – periódicos que resintieron en diciembre del año pasado el mayor número de citaciones por parte del ministerio público a varios de sus reporteros -, la semana pasada se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM un foro de discusión sobre el Secreto Profesional del Periodista. Lo organizó la asociación civil Libertad de Información en México, que preside el Doctor Ernesto Villanueva, perseverante como pocos en el estudio y la causa del derecho a la información.

El Foro se realizó dos semanas antes de que se instale formalmente la nueva Cámara de Diputados, y pretende influir en el ánimo reformador de sus nuevos miembros. Por cierto, dos de ellos tomaron parte como ponentes, el perredista Luis Medina y Sergio Álvarez de Acción Nacional, quienes han tomado el compromiso de continuar el impulso social que se ha empeñado en una legislación que actualice el marco legal de los medios de comunicación en México, eliminado de las prioridades que los tres partidos han presentado en sus agendas legislativas para la LIX legislatura.

En la agenda para la reforma democrática de los medios de comunicación, uno de los temas fundamentales es el que enlista las garantías al ejercicio de la Libertad de Expresión, y dentro de ellas, los derechos de los trabajadores de las empresas periodísticas. En varios países del mundo se han hecho realidad normas que protegen la integridad del trabajo profesional, que reconocen cláusulas de conciencia para el desarrollo de la tarea informativa y, como prerrogativa que hace florecer la libertad de expresión y la información como bien de interés público, el derecho a no revelar las fuentes de información, que se conoce como secreto profesional del periodista.

Este último ha sido legislado desde la Constitución misma en varias Naciones. Se trata de un instrumento para el ejercicio pleno de una actividad de investigación, llamada a escrutarlo todo. Una prerrogativa que busca garantizar el derecho del publico a saber, porque el secreto profesional de las fuentes informativas tiene como destinatario fundamental al lector.

Es común que en diversas discusiones de la política – y sobre todo en el mundo de los juristas -, sea considerado como una patente de impunidad. Es de advertir que en la legislación que lo reconoce este derecho tiene sus alcances y limitaciones bien definidas. No podría oponerse a las causas civiles o penales que se realicen por cuestiones de difamación o calumnia. No excluye de responsabilidad.

Para que la información exista, para que la libertad de expresión florezca debe haber mecanismos que protejan a quienes la brindan. Me resulta extraño que en el conjunto de los abogados haya esa resistencia y esa oposición, cuando son ellos mismos sujetos de una especie de secreto profesional, como la tiene el médico; incluso en países en donde el sacerdocio es una profesión, también lo tienen.

Las fuentes necesitan ser reservadas, no para la comisión de un delito, no para generar una calumnia, sino para que florezca la información que posibilita la toma de decisiones. La experiencia nos ha alertado que al hacer avanzar un conjunto de derechos para el ejercicio pleno y democrático del periodismo redunda en su mayor grado de compromiso y seriedad. La tarea periodística está transitando cada vez mas de ser oficio a profesión, porque es indiscutible que el periodismo de México esta logrando transformarse prácticamente de manera definitiva, de una actividad estrictamente empírica a una actividad profesional que supone un conjunto de valores éticos, de capacitación, de profesionalización, obviamente de estudio y de formación y no solamente en la autorregulación ética sino en el derecho, y por lo tanto eso genera la responsabilidad del ejercicio de la profesión.

Una democracia que en verdad se precie de serlo, no puede eludir esta garantía a los trabajadores de los medios. Llevar a la legislación mexicana el derecho de reserva o de no revelar la autoría de las fuentes de la información que publican los periodistas – que se supone basado en un compromiso de lealtad ético, de confianza, de cuidado de su propia fuente informativa -, sería un gran paso. Libera además a los reporteros de presiones indebidas ejercidas desde el ámbito de dependencias públicas y empresas privadas, desde el mismo medio y sus dueños. Porque hay que clarificar, no solamente es para aplicarse frente a las autoridades administrativas o judiciales. Uno de los mayores y más importantes beneficios es que el secreto profesional de los periodistas es una garantía frente a los particulares y frente a la propia empresa periodística y ese es el dato fundamental de este derecho, porque las presiones no solamente se pueden derivar del agente del ministerio público, de la autoridad administrativa, o de un poderoso particular, sino en la confluencia de esos intereses con el dueño del medio.

Desde hace mucho tiempo estoy convencido que una transición democrática, para que tenga esa característica debe acometer a plenitud reformas de fondo a los más variados ordenes de la vida social, económica, política; es indiscutible que el modelo de comunicación en México esta llamado a sufrir cambios, reformas y un nuevo marco legislativo por él que conduzca sus actividades. Debemos seguir por la ruta de la desagregación de las vertientes del derecho a la información, y hacer la reforma por aproximaciones.

En ese sentido debemos retomar una iniciativa que con ajustes necesarios, con algunas correcciones, y sobre todo con un buen blindaje de carácter constitucional fue presentada por el Partido de la Revolución Democrática en el seno de la Comisión Permanente y esta turnada a la Cámara de los Diputados. El tema por lo pronto – y para los que le quieran entrar -, ya está en la panza del Congreso. Ahora hay que digerirlo.

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