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Tractocamiones chuecos

 

Tractocamiones chuecos

– Javier Corral Jurado

Desde hace más de diez años, tractocamiones ilegales entran a nuestro país aprovechando la corrupción que impera en las aduanas y la inercia de las autoridades para frenar esta situación. Este problema se originó cuando diferentes organizaciones campesinas obtuvieron permisos temporales para la importación de unidades usadas, cuyo país de origen era el de los Estados Unidos de América; propiciándose de esta forma un mercado de compra y venta de tractocamiones, paralelo a la comercialización de vehículos en México.

Estas unidades por sus características se conocen con el nombre de hombre-camión, donde el operador es el propietario, el mecánico y el administrador. Constituyen sí, una competencia desleal al transporte formal, pero es ineludible que su existencia en todo el territorio nacional representa uno de los problemas más serios para la seguridad nacional.

En marzo de 2000, durante la administración anterior se emitió un Decreto que posibilitó el registro de unidades importadas tipo pick-up anteriores a 1991, con capacidad de carga entre 2,100 y 3,200 kilogramos. Sin embargo, dicha autorización no cumplió con las expectativas de muchos de los propietarios de vehículos irregulares, por lo que se generaron diversas movilizaciones a lo largo de la red carretera nacional, en demanda de una ampliación de los modelos y tipo de vehículos a regularizarse.

La solicitud de los propietarios fue considerada por los diputados de la LVII Legislatura, quienes propusimos un Proyecto de Ley Para la Renovación y Protección del Parque Vehicular Mexicano, misma que fue turnada a la Cámara de Senadores y analizada la problemática, se le dio un nuevo sentido a la propuesta, dando origen a la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, mediante el cual se consideró urgente proceder a normalizar la situación y estadía en el país de vehículos, usados cuya propiedad se acredite y cuyos modelos sean de 1970 a 1993, buscando conciliar la necesidad de procurar la transparencia y legalidad en la posesión de dichos bienes con la demanda de diversos grupos sociales, para evitar que se afecte parte de su patrimonio.

El 12 de marzo de 2001, el Ejecutivo Federal promulgó la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, con la que el Poder Legislativo pretendió dar respuesta a la problemática originada por la internación irregular al país de más de dos millones de vehículos.

El propósito de la Ley fue dar seguridad jurídica y bienestar de los propietarios de esos automóviles que se encuentran en posesión, en su mayoría, de productores agropecuarios y campesinos, un sector que en la actualidad está muy desprotegido. Asimismo, normalizar la situación y estadía en el país de los vehículos usados de procedencia extranjera, buscando a la vez conciliar la necesidad de procurar la transparencia y legalidad en la posesión de dichos bienes.

Pero de todo lo anterior, quedaron fuera los tractocamiones de carga, generando un espacio para que continuara la internación ilegal de otros tipos de vehículos. Es así que, reconociendo y atendiendo una realidad económica y social de nuestro país, presenté hace un par de semanas en el Senado de la República una iniciativa con proyecto de decreto para regularizar la estadía de estos vehículos. No se puede seguir tapando el sol con un dedo, ni dándole más vueltas a la solución de fondo. De acuerdo a cifras proporcionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, existen alrededor de noventa mil unidades de este tipo que se encuentran en el territorio nacional

Independientemente de la forma como dichos tractocamiones fueron internados al país, se debe reconocer que desarrollan una vital función para las microeconomías regionales, ya que existen muchas comunidades aisladas, ejidos y pequeños sectores productivos que carecen de otro medio para transportar sus productos y/o materias primas, debido a que al autotransporte formal no le es rentable prestar su servicio a estos sectores.

La iniciativa es, como su nombre lo indica en el procedimiento legislativo, un punto de partida y la base para iniciar una discusión entre los distintos sectores y autoridades involucradas en el tema, a efecto de encontrar la mejor solución a un problema que no se puede seguir posponiendo sin daño a la comunidad.

En líneas gruesas planteamos: la regularización de los tractocamiones de procedencia extranjera, a las personas que puedan demostrar la propiedad y la estancia de estas unidades por varios años dentro del territorio nacional, a través del pago de un derecho al Estado, así como el cumplimiento de acuerdo a las leyes especiales, de los gravámenes que le sean aplicables.

La regularización del parque vehicular y el establecimiento de medidas de control para prohibir la internación de más tractocamiones irregulares, constituyen la base jurídica que impide se presente de nueva cuenta esta problemática. Asimismo, de aprobarse esta iniciativa se respondería a un justo reclamo de los productores agrícolas y de la gente del campo, ya que durante años estas personas han vivido con la incertidumbre y el temor de que les incautaran sus unidades y pudieran perder un patrimonio de gran valor, que contribuye tanto a la realización de sus actividades económicas, como para asegurar el sustento de sus familias.

Es evidente que una ley por sí misma no es suficiente para evitar que se generen prácticas y abusos durante el proceso de registro del parque vehicular, por lo que corresponderá al Gobierno Federal y los gobiernos estatales aplicar la normatividad para que el registro no se convierta en un medio de enriquecimiento para un reducido grupo de personas que, mediante actos ilícitos, podrían desvirtuar el sentido de esta eventual ley.

 

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