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Derecho de acceso, el camino por recorrer

Derecho de acceso, el camino por recorrer

– Javier Corral Jurado

La semana pasada cumplió un año de vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y con ese motivo la Comisión Estatal que creó la ley para garantizar el ejercicio de ese derecho rindió su primer informe. Los resultados son positivos, aun y cuando el uso de la ley no sea un asunto todavía generalizado, pues sólo se han tramitado cerca de 700 solicitudes y se han presentado 70 recursos de queja sobre negativas de la autoridad. La de Sinaloa no es la ley primera en el país – esa fue la de Jalisco -, pero sí fue pionera en la constitución de una instancia independiente para darle seguimiento y vigilancia al cumplimiento de las normas que establece. Ello motiva a dar un vistazo al estado actual que guarda el acceso a la información en el país, pues estos instrumentos son referencia de la voluntad de las autoridades para comprometerse o no con la transparencia y el combate a la corrupción y a la impunidad.

Hoy el derecho de acceso a la información se encuentra positivizado, como un derecho que se incorpora a una norma, en doce Estados: Aguascalientes, Colima, Durango, D.F., Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Morelos, San Luis Potosí , Querétaro, y Michoacán, que representan el 37% de los Estados; además de la Ley Federal que, aunque como iniciativa se presentó con antelación a la de Sinaloa, su proceso de aprobación tardó más tiempo y apenas lleva tres meses y medio, entró en operación el 12 de junio. El gobierno federal ha recibido 16 mil 775 solicitudes, de éstas el 42 % se ha concentrado en 20 dependencias gubernamentales, y el Instituto de Acceso a la Información Pública está tramitando 264 recursos de revisión ante respuestas no satisfactorias para los solicitantes, de los cuales el 92% se han resuelto favorablemente a los ciudadanos.

De las leyes estatales, la más reciente y completa es la de Morelos: con sus recientes modificaciones constitucionales y su ley de acceso, con un órgano constitucional autónomo que ha sabido retomar la experiencia de sus antecedentes y los rebasa, incorporando, en su ámbito de competencia, la protección de datos personales y el sistema de archivos y estadísticas.

El episodio mas accidentado para tener una es la del Distrito Federal, y es sintomático la dispensa que muchos medios de comunicación le guardan al Jefe de Gobierno sobre su manejo insincero con el tema; se burla de los habitantes sin costo político alguno. Junto con López Obrador, otros dos gobernadores se disputan el dudoso mérito de resistir una legislación de esta naturaleza: los de Coahuila y Chihuahua.

El ejercicio del derecho a la información en su vertiente del acceso a la información pública, tiene avances indiscutibles, sobre todo si los comparamos con la larga lucha que desde 1976 se ha librado para legislar el tema. Cierto que no tiene vuelta atrás, pero todavía muchos pasos y retos por delante.

Falta mucho camino por recorrer, en particular en el terreno de la construcción de una nueva cultura cívica y jurídica de la publicidad y la transparencia. La larga historia y el largo camino recorrido por el secreto ha dejado huellas difíciles de remontar, sin embargo, lo importante es avanzar y ya lo estamos haciendo.

Ningún escollo, por grande que sea, debe detenernos en especial si con ello logramos que la información sea entendida como un bien público y un instrumento para el ejercicio ciudadano de la democracia.

Para completar la trilogía jurídica del derecho a la información, faltan algunas leyes, como la de archivos pues, por lo menos en el ámbito federal los sujetos obligados deberán, a más tardar el 1 de enero de 2005 tener listo el Sistema, organización y funcionamiento de Archivos administrativos, así como la publicación de la guía para la clasificación de éstos, y no hay informe de que se esté trabajando en su elaboración de acuerdo a lo propuesto por la Ley, “en estrecha colaboración entre el IFAI y el Archivo General de la Nación”. En el Senado tenemos un borrador que esta siendo revisado por algunos sectores interesados para su opinión y avanzar en su presentación formal y discusión, en la que si nos encontramos en el camino de este esfuerzo con las autoridades, lo mejor sera incorporar todos los supuestos para contar con una ley de consenso acorde con el espíritu mismo de la de acceso.

A nivel Federal además debemos atender el vacío pendiente de una ley de protección de datos personales que ya trabajamos para estar en posibilidad de presentar como alternativa a la que ahora se encuentra en dictamen en Cámara de Diputados y que la complementa y enriquece para atender, en particular los principios básicos de la protección del derecho a la privacidad de las personas en especial cuando con los datos personales se pretende hacer un uso marcado por intereses políticos o de mercado.

Los especialistas en el tema están pensando en una propuesta que le otorgue la tarea a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya que es hora de que empiece a ocuparse de estos temas, además de que la privacidad es un derecho humano bajo la jurisdicción de la Comisión de Derechos Humanos y que es Autónoma y ajena a los órganos de la administración.

Es necesario evaluar las características que tienen los reglamentos específicos de los órganos autónomos, sobre todo en el caso de los poderes legislativo y judicial, la garantía y certeza de los órganos de vigilancia y resolución de controversias no reúnan las condiciones que, por otra parte, sí fueron exigidas al poder ejecutivo.

Sin embargo el reto más importante es el de la promoción de una cultura ciudadana de transparencia y acceso a la información. Aquí nuestro compromiso es lograr que la ley funcione, que el derecho se ejerza y que en este camino la sociedad logre la democracia mediante la confianza en sus autoridades que rinden cuentas ante ellos y que respetan los derechos fundamentales incorporados en el Derecho a la Información.

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