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Tiempo de decidir

Tiempo de decidir

– Javier Corral Jurado

Tres senadores, Rutilio Escandón Cadenas, César Raúl Ojeda Zubieta y Felipe de Jesús Vicencio Álvarez, quienes actúan como secretarios de las comisiones de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, respectivamente, presentaron la semana pasada una solicitud de excitativa para que se cumpla el compromiso de discutir y dictaminar el proyecto de nueva Ley Federal de Radio y Televisión.

Después de un intenso debate sobre el alcance de la excitativa y su interpretación rigurosa, el presidente del Senado, Diego Fernández de Cevallos único facultado para realizar esa exigencia, dijo que “no habrá de consentir el diferimiento para nunca del asunto en cuestión. No lo permite el reglamento, no lo permite la ley y no lo permite la dignidad del Senado”. Luego, dos de los tres presidentes encargados de convocar a esa tarea, los senadores Gildardo Gómez Verónica y Antonio García Torres se comprometieron a tener listo “a más tardar en 14 días” el proyecto final de dictamen para ser discutido y votado. Si todo ello es cierto, estamos a unas semanas de que se realice una de las definiciones más importantes para México: ceñir el poder de los medios electrónicos de comunicación a un marco democrático de derecho, moderno y transparente que, asegurando libertades, clarifique también las obligaciones y la responsabilidad social que deben a la sociedad en su conjunto quienes desempeñan la función informativa y comunicacional a partir de la explotación de un bien del dominio de la nación.

Esta será la recta final para ese propósito, largamente debatido en nuestro país, y quizá, la oportunidad para que todos de una manera abierta y plural participemos del diseño de la nueva Ley. De perderse este momento, es claro que no se esfumará la necesidad de una nueva legislación que la realidad cotidiana del manejo abusivo y prepotente del conjunto mediático confirma con reiterada impunidad, pero sí se puede perder un momento de negociación oportuna que propicie la armonía de intereses y el mayor consenso posible. Después de las elecciones de 2006 y en la renovación de los poderes federales, éste y no otro tema será el obligatorio primer acto de afirmación de la soberanía del Estado y de quienes en realidad quieran demostrar que han venido a gobernar, y no a ser manejados por los intereses de unos cuantos empresarios de la radio y la televisión.

El hartazgo de la clase política es suficiente, transversal a todos los partidos; a expensas los más de los chantajes, las ofertas y las amenazas de los prósperos empresarios de la televisión, por supuesto que viven fastidiados y ven las consecuencias de ese poder sin elección popular: medios ricos, democracia pobre, empobrecimiento político. Lo que dicen es no acertar en el momento de llevarlo a cabo y, más, calcular las consecuencias de una reforma legal que reubique en su papel de intermediarios a los medios. Pero todos dicen querer, y lo expresan como medida de rescate de la dignidad de la política y del pleno ejercicio del poder. No tengo duda de que vendrá; la amplia conciencia social, académica, intelectual, política, empresarial y sindical así lo apunta. El tema con una de las mayores censuras que se hayan dado en los medios electrónicos se ha insertado en la agenda nacional. Es un fenómeno parecido al que aconteció en la lucha contra el fraude electoral.

Lo deseable es que esta reforma se diera como antesala de las elecciones y no como consecuencia de sus resultados, sobre todo, por lo incierto de ellos, ya que lo único que parece más probable es que quien llegue lo haga con poco más de un tercio de la población electoral. Los medios son hoy elementos importantes de iniquidad en el tema de la injusticia electoral; eliminar una de las desigualdades más objetivas de la competencia, que constituyen los elevados cobros de la publicidad política, sus tarifas diferenciadas y la nula fiscalización sobre los montos reales de contratación, abonaría a una democracia precaria, pero singularmente a favor de la posición libertaria e independiente que sí quieren muchos medios. Es en marzo la oportunidad para acercar posiciones e impulsar la legislación; no debemos permitir regresiones autoritarias ni que los medios se vuelvan salvajes.

En su más reciente libro, denominado Poderes salvajes, mediocracia sin contrapesos, el doctor Raúl Trejo Delarbre, uno de los mayores investigadores de la comunicación social en México, señala que los poderes fácticos catalogados como “instituciones que por su importante peso social pueden influir de hecho en la política del país” allí han estado siempre. Han sido entendidos de diversa manera, desde inevitables en el ejercicio de la actividad pública. Contrapesos al poder institucional, pero hay poderes fácticos que crecen en demérito de la democracia.

“Cuando quedan al margen de la ley, o cuando las leyes no son suficientes para acotarlos. Y cuando de ellos surgen abusos y exacciones de diverso índole en contra de los derechos de los ciudadanos, tenemos que esos poderes de hecho se convierten en salvajes. Los que amenazan la estabilidad institucional de las sociedades y los estados contemporáneos.

“El actual poder de los medios se ajusta puntualmente a la noción de poderes salvajes. Las empresas de comunicación siempre son poderes de hecho, influyentes sobre los asuntos públicos y con agendas que no necesariamente corresponden a los intereses de la sociedad.” Por eso resultan necesarias las fuentes de moderación y responsabilidad que se encuentran en dos ejes: la autorregulación ética y las leyes. La ética es indispensable pero voluntaria para los actores. El Estado es inevitable. Algún día va a llegar el Estado, los concesionarios debieran estar conscientes de ello y adelantarse. Sobre todo cuando no sabemos qué autoridad estatal llegará y cuando en el horizonte mexicano se atisban los peores nubarrones de autoritarismo.

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