Señor radiodifusor: no se deje engañar por los directivos de la CIRT
Señor radiodifusor: no se deje engañar por los directivos de la CIRT
Una Carta Mentirosa.
– Javier Corral Jurado
En el debate sobre el proyecto de nueva Ley Federal de Radio y Televisión, se dicen muchas mentiras. A la discusión la circunda, además de una abusiva y prepotente distorsión informativa, la propagación de viles mentiras. Ese método del engaño y falsificación de contenidos y alcances de las propuestas legislativas no es nuevo, pero nunca como ahora, ha sido tan descarado, tan despiadado, tan inescrupuloso.
Por ello los principales concesionarios de la radiodifusión han tenido que volver a poner en práctica las más absurdas formas de presión sobre sus comunicadores, incluida la censura. Se necesita acallar las voces que pueden desmentir y clarificar las medias verdades y las mentiras totales que se repiten como escript en espacios noticiosos. Y eso no lo van a permitir por ningún motivo, los que todos los días se dicen paladines de la libertad de expresión, y autoproclaman una conversión sin precedentes a la pluralidad, al acceso de todas las voces.
Su actitud frente a la reforma legal de los medios, los define en su conjunto, y son esencialmente los mismos de siempre. En esas manos está el sistema de medios de comunicación electrónica, y frente a cualquier cosa que parezca afectar sus intereses, se regresaran a la época que necesiten, por supuesto, a la mentira como estrategia de defensa. Y de ahí para abajo se puede esperar todo: la injuria, la calumnia, la difamación como tácticas de la pelea.
Un hecho digno de ser estudiado con precisión y rigor, a la luz de la utilización de la mentira y el ocultamiento de información que es otra forma de mentir, es la audiencia que se celebró en el Senado de la República entre las Comisiones Unidas dictaminadoras del anteproyecto de ley y los dirigentes de la CIRT el pasado 9 de febrero. Andrea Becerril en La Jornada, a través de una mezcla esplendida de crónica y nota periodística, retrató esencialmente el ambiente y recogió las respuestas a falacias. Como siempre, Raúl Trejo Delarbre, con el bisturí de su rigor profesional y a través de su columna periodística en La Crónica de Hoy, desnudó el encuentro. Tituló a su entrega del jueves 10 de febrero: “CIRT, mentiras y omisiones”.
Entresaco dos párrafos: “Los legisladores habrán tomado nota de la actitud prepotente, casi insultante en ocasiones, con que se dirigieron a ellos algunos de esos directivos empresariales. Además de la retahíla de obviedades que les dispensaron durante varias horas y que se comentaba ayer en esta columna, hubo comprobable mala fe en las exposiciones de algunos representantes de la CIRT”. “En esa reunión, a pesar de los recursos audiovisuales y los extensos discursos que llevaron, los radiodifusores demostraron que ignoran -o no quieren admitir- muchas cosas acerca de su propia industria. Tanto el presidente de la CIRT, Alejandro García Gamboa como su asesor Javier Tejado, negaron que en algunos medios electrónicos las tarifas de publicidad política sean distintas para cada partido. En varias investigaciones periodísticas -una de ellas la publicó en julio pasado la revista Proceso- se ha demostrado que no ha sido así. Hay partidos, como el PRI, que han resultado especialmente beneficiados con descuentos de televisoras y radiodifusoras cuando contratan propaganda política. Esa práctica contraviene la equidad en la competencia electoral”.
En la discusión del proyecto de nueva Ley de Radio y Televisión, así se siembra la duda, incluso entre los más bien intencionados; y al igual que la calumnia, de la mentira algo se queda. En espíritus frágiles y mentes ligeras se anida con rapidez. Algunos legisladores toman las mentiras a sabiendas de que lo son, para pretextar su oposición al proyecto y servirles de mejor manera a los poderosos dueños de las corporaciones mediáticas mexicanas. Pero, ¿mentirles a sus propios agremiados?.
Circula una carta por estos días, que es prueba irrefutable de ese manejo. Me aseguré de que el documento, en efecto, fuera una comunicación formal y oficial de quienes encabezan los Comité Directivo y Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Hice varias llamadas telefónicas, incluído obviamente nuestro Director Marco Levario Turcot – quien me envió copia de esa misiva-, y todos me confirmaron que la carta fechada el 26 de enero del presente año, es auténtica, aunque mucho de su contenido sea falso. Dos concesionarios a quienes llamé, literalmente me respondieron: “es que piensan que no leemos, de a tiro nos consideran unos tarados”.
Es que la carta hace una combinación de formas distintas de falsificación de los contenidos de la ley. Pone en práctica la recurrente estrategia conocida en la comunicación política como “la confusión intencionada”, que consiste en crear espacios lingüísticos que permiten operar en un margen más extenso de significación. Tiene también el recurso de “las medias verdades”, de los datos inexactos que se convierten en “mentira inadvertida”. Y tiene también la fórmula central: la mentira como método. Está suscrita por el Lic. Alejandro García Gamboa, Presidente del Consejo Directivo; por el Lic. Enrique Pereda Presidente del Consejo Consultivo; por el Lic. Javier Tejado Dondé, Presidente del Comité de Estudios Legislativos; por el Lic. Alberto Sáenz, Presidente del Comité de Radiodifusión y por el Lic. Octavio Mayen MENA, Director de Relaciones Públicas y Comunicación Social. Se le destina a todos sus agremiados con el génerico “Estimado Radiodifusor”. Esto es, los dirigentes escriben a sus representados.
Desgloso la carta y empiezo por el principio:
1.- Como te hemos estado notificando vía electrónica y a través del portal de la CIRT estamos trabajando en el tema de la Ley de Radio y Televisión a efecto de que no se afecte tu patrimonio y se salvaguarden tus derechos. A pesar de lo mucho que se ha dicho, la realidad es que el Dictamen impulsado por el Senador Javier Corral al igual que las otras cinco iniciativas que ha presentado sobre el tema sigue en estudio en las Comisiones y tiene serios vicios jurídicos y una clara connotación política-partidista.
Ni el patrimonio ni los derechos de radiodifusor alguno saldrán afectados. El principio constitucional de irretroactividad de la ley salvaguarda los derechos adquiridos y el patrimonio logrado. Es probable que a algunos les disminuya ingresos en el futuro, y a otros se los incremente, por virtud de dos de sus más importantes propuestas: la de ampliar la competencia en el sector y prohibir los sobreprecios de hasta seis tantos más del valor comercial (tarifa política) y los precios diferenciados a partidos (tarifa diferenciada). Con ellas se esquilma a los partidos políticos y candidatos.
Es falso que haya presentado cinco iniciativas sobre el tema. Sobre la Radio y la Televisión es la primera, y lo hicimos el Senador Raymundo Cárdenas y yo, a nombre de las organizaciones ciudadanas que fundamentalmente elaboraron el proyecto con apoyo de académicos y asesores de mi oficina.
Con la connotación política no me meto porque es bien sabido que la mayoría de los legisladores somos políticos, y que la regulación de los medios tiene una enorme significación política. Es un asunto del Estado en interés de la sociedad. Lo que valdría resaltar es que ha trascendido los partidismos y que su reforma ha concitado las convergencias más disímbolas entre actores políticos. Es la unidad que ha concitado el abuso, la amenaza y la mentira.
2.- Lo anterior lo revelan los estudios que ha hecho la CIRT y decenas de instituciones académicas y sociales como: la Facultad de Derecho de la UNAM; el programa Iberoamericano de Derecho a la Información de UIA; la Barra Mexicana de Abogados; la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET); el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE); e incluso, la propia Confederación de Trabajadores de México (CTM) y los sindicatos del ramo, el STIRT y el SITATYR. (Estudios y documentos que están a tu disposición en la CIRT).
Esta ha sida una de las estratagemas más recurrentes de quienes se oponen, señalar falazmente que esas instituciones académicas han elaborado estudios sobre el proyecto de dictamen y que están en contra. Ni la Facultad de derecho de la UNAM; ni el CIDE, ni la Universidad Iberoamericana, han tomado posición institucional alguna sobre el proyecto.
Algunos académicos de esas instituciones han presentado sus puntos de vista, sin que estos representen el parecer de las instituciones en las que trabajan. En el caso del Licenciado Eduardo Ruiz Vega, que pertenece a la UIA, lo hizo a pedido de la Senadora Araceli Escalante Jasso, concesionaria en el estado de Campeche y miembro de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado. Sé que a varios investigadores de la UIA, ese estudio, les provoca pena ajena.
De hecho, el estar diciendo que son estudios institucionales, ha originado serías discusiones al interior de las Universidades precisamente porque hay muchos académicos e investigadores de la comunicación y del derecho que no coinciden con esos análisis.
Sobre el mentado “Instituto del derecho de las telecomunicaciones”, debe aclararse que no se trata de una institución académica, sino de una asociación de abogados, entre los que se encuentran algunos de los más connotados consultores jurídicos de varias empresas de comunicación, sobre todo de las televisoras.
Sobre la CTM, el STIRT y el SITATYR, no creo que pueda agregar más al conocimiento personal y directo que los propios trabajadores radiodifusores tienen de estos sindicatos.
3.- Sabemos también que varios radiodifusores han recibido cartas de la Subcomisión de Radio y Televisión tratando de señalar las “bondades” del proyecto y la supuesta “no afectación de la industria concesionada de radio y televisión en el país”.
En efecto, el 3 de enero del presente año, les dirigimos a todos los radiodifusores del país una carta en la que explicábamos que en el Senado de la República impulsamos la nueva Ley Federal de Radio y Televisión, con el propósito de crear una relación más transparente, más justa y más equitativa, entre los medios de comunicación electrónica, la sociedad y el Estado.
Los senadores quisimos dirigirnos directamente a ellos y no sólo a través de su cámara para que llegara íntegro nuestro mensaje, porque con frecuencia son desinformados, como en la carta de la que me ocupo. Manifestamos que en el proceso de elaboración de la nueva ley es una prioridad, la búsqueda de diálogo constructivo y plural entre todos los actores involucrados con el fin de lograr una ley moderna, democrática y acorde con la realidad normada. Por ello ratificamos nuestro interés en conocer la opinión de los que operan esta industria.
Les dijimos: La nueva Ley no afectará las concesiones otorgadas, el espíritu de la legislación es fundamentalmente hacer transparente el otorgamiento de nuevas frecuencias y acotar el amplio margen de discrecionalidad de la autoridad en este proceso; es decir, despolitizarlo y dejar de favorecer sólo a ciertos grupos o personas.
La nueva ley garantiza derechos fundamentales establecidos en la Constitución, como son, el pleno ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica. En la nueva ley ni uno solo de los artículos acota el derecho constitucional de la libertad de expresión. Convencidos de que muchos de los concesionarios operan sus emisoras con responsabilidad y compromiso con la comunidad a la que sirven, se despolitiza la vigilancia de los contenidos sacando esta atribución de la Secretaría de Gobernación cuya función es el gobierno interno y no la supervisión de contenidos en radio y televisión. Para crear un órgano regulador desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La nueva ley, no afecta los actuales porcentajes de transmisión de publicidad. Que en radio continuará con el porcentaje actual del 40 por ciento, mientras que en el caso de la televisión aumentará a 20 por ciento, esto es, dos por ciento más a lo que establece la legislación vigente.
La nueva ley pretende impulsar la pluralidad de la industria y atender los intereses de las empresas todos los prestadores del servicio y no solo a las grandes Cadenas, al determinar un límite para que un operador pueda obtener más concesiones si rebasa 35 por ciento de la cobertura en una plaza, dando posibilidad a operadores con pocas frecuencias o a nuevos operadores. Para ello se contará con la participación de la Comisión Federal de Competencia. Esto no significa que las empresas radiodifusoras que actualmente superan ese porcentaje en una zona de servicio determinado, puedan ser afectadas cuando la nueva ley sea aprobada, solo tendrán límites para obtener concesiones en la misma plaza, para así promover el crecimiento equilibrado y plural de esta industria.
Obviamente el texto firmado por los miembros de la Subcomisión caló hondo.
4.- NO TE DEJES SORPRENDER, EL PROYECTO PRESENTADO TIENE SERIAS Y GRAVES AFECTACIONES A LAS INDUSTRIAS DE RADIO Y TELEVISIO ABIERTAS, ASÃ COMO A LAS DE AUDIO Y TELEVISIÓN RESTRINGIDAS.
En eso estamos totalmente de acuerdo, Estimado Radiodifusor, no te dejes sorprender. Y agregaría, no te dejes usar; porque siempre que hay un intento regulador echan por enfrente a los radiodifusores y concesionarios independientes de televisión, y luego, cuando hay una negociación, siempre son los sacrificados y el duopolio televisivo es el único ganon.
5.- A continuación un resumen muy puntual:
Esconde un proyecto político de forma disfrazada.
Es lamentable que a sus agremiados, los directivos de la CIRT les mantengan oculto “el escondido proyecto político” y no les den más información que les permita eliminar el disfraz del escondido proyecto. O quizá debemos suponer que está tan disfrazado, que aún no saben bien a bien o dónde está el escondite o que es lo que esconde el disfraz, lo que debe preocuparnos a todos.
6.- Tiene serias inconsistencias legales y regulatorias.
Ante esta afirmación sólo cabe preguntar, ¿cuáles son?.
7.- Grava en exceso a la industria: a) duplica tiempos oficiales,
Es una mentira que duplique tiempos oficiales. Por el contrario, de los actuales tiempos (compuestos entre el tiempo oficial y el legal) la radio tiene hoy la obligación de otorgar 65 minutos al Estado y la Televisión 48 minutos. Con el proyecto que se impulsa en el Senado, la radio bajaría a 60, y la televisión aumentaría 12 minutos. Siempre la televisión ha tenido ventaja frente a la radio, y ahora buscamos equilibrar un poco la disparidad existente. Te quieren volver a engañar, como lo hicieron el 10 de octubre de 2002, en donde la tele se despachó con la cuchara grande.
8.- b) establece un impuesto discrecional sobre los ingresos brutos de las estaciones, llamado Derecho de Antena.
Otra mentira. No hay un solo artículo del proyecto que hable de gravar ingresos. Sería bueno que directamente consultaran los radiodifusores el proyecto de dictamen en las múltiples páginas que lo contienen íntegro, entre otras pongo a sus órdenes la mía: www.senadorcorral.org
No se incorpora ningún nuevo derecho de antena, ni modificación alguna al establecido en la ley de derechos. Sí considero, aunque esa no es materia del anteproyecto, que el monto contemplado en el pago del actual derecho por uso de espectro radioeléctrico debiera incrementarse sustancialmente, porque como decían las viejitas de antes, es de verdadera risión.
9.- Además de c) establecer la licitación pública como método para obtener nuevas concesiones e incluso para refrendar las concesiones hoy vigentes. La licitación a la que hace referencia el proyecto de dictamen no incorpora la oferta económica como criterio de valoración, ni como requisito, para el otorgamiento de nuevas concesiones. Y es más falso que se proponga como método para refrendar las existentes.
La palabra “licitación” ha dado pie a que se desvirtúe el carácter público de la convocatoria – que es el verdadero espíritu del proyecto -, y a que se engañe a mucha gente; los dictaminadores del anteproyecto ya propusimos que se cambie por “procedimiento público”.
10.- Además, permite el acceso gratuito a partidos políticos locales y nacionales a tu estación de radio y televisión en elecciones estatales y federales. Y el de los Gobiernos estatales y municipales. Todos ellos de forma gratuita. Por ello duplican los Tiempos de Estado.
Otra mentira más. El proyecto no cancela la contratación de espacios publicitarios para partidos, y gobiernos estatales y municipales. Prohíbe la tarifa política, y la tarifa diferenciada, y hace al IFE instancia exclusiva para el pago de lo que contraten, en la periodicidad, medios y frecuencia que ellos determinen, con los recursos asignados vía el financiamiento público. Con ello atendemos una demanda social muy importante sobre el control y fiscalización de los recursos públicos destinados a la publicidad electoral, y de paso, se convierte en una medida equilibradora de la concentración del “pastel” publicitario en unos cuantos concesionarios de la Ciudad de México.
No hay acceso gratuito de los partidos y candidatos a la radio y la televisión. Ojalá eso pronto aconteciera en México y los radiodifusores contribuyeran con esa parte tan importante a la construcción democrática de México; por ahora, sólo podrán disponer de los tiempos oficiales, durante los noventa días previos al día de la jornada electoral en el caso de elección presidencial o de gubernaturas en las entidades federativas, y cuarenta y cinco días antes en el caso de los demás procesos electorales federal o local. Dice el anteproyecto que el Consejo deberá poner a disposición del Instituto Federal Electoral la totalidad de los Tiempos de Estado, salvo los dispuestos para la difusión de mensajes referidos a la seguridad nacional y salud pública; y éstos deberán ser destinados para la promoción del voto, así como de los partidos políticos para la promoción de sus candidatos y la difusión de sus plataformas electorales.
En el anteproyecto se ordenan y explicitan las maneras de uso, administración y distribución de los tiempos, a fin de evitar la discrecionalidad. Y vuelvo a señalar que es mentira que se dupliquen los tiempos.
Lo que no se dice en este tema, es que con la nueva Ley, el denominado “tiempo fiscal” desaparece, y se reforma el artículo 3 de la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos, en vigor desde 1969, exentando del impuesto a los concesionarios de radio y televisión. De esta manera, nunca más tendrán la amenaza de pagar como impuesto, el 25 por ciento de los ingresos de su emisora.
11.- No conforme con ello, le permite a los Medios Públicos comercializar hasta 75 minutos diarios – lo que equivale al 7% de su tiempo total. Lo que claramente es una competencia desleal pues estos medios cuentan con financiamiento público y estos no pagarían contraprestación alguna.
El anteproyecto establece la categoría de medios de Estado, que al ser operadores de una frecuencia para prestar un servicio público al que está obligado, ciertamente no paga contraprestación por el uso de esa frecuencia que le es propia al Estado. Esto no los excluye de todas las demás obligaciones fiscales, y como contraparte sí están sujetos en el proyecto a una serie de requisitos y obligaciones que no se imponen a los medios comerciales, entre las que se encuentran incluso, las características de sus consejos de administración y condicionantes para su programación y altos índices de calidad.
La necesidad de diversificar para los medios de Estado sus fuentes de financiamiento, no sólo tiene como base la estrechez del presupuesto público, sino también la necesidad de que incrementen su independencia política y la credibilidad indispensable para cumplir mejor su función de servicio a la sociedad, y no sólo con enfoque gubernamental. Más allá de que los ingresos que obtengan por esa fuente está etiquetada a reinvertirse en capacitación, inversión tecnológica y producción. No para incrementar nóminas ni burocracia, como engañosamente se afirma.
El planteamiento del 7% de comercialización, y su traducción a 75 minutos diarios, puede prestarse a un espantasuegras sino se realiza un comparativo necesario con el tiempo comercial propuesto para los concesionarios. En las 18 horas de tiempo comercializable, de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, la radio dispondrá de 432 minutos, siete horas; la televisión de 216 minutos, tres horas y media; mientras que los medios de Estado y permisionados 75 minutos, una hora y quince minutos. ¿En serio, esto es una competencia desleal?.
12.- De mayor gravedad resulta que inventa una nueva categoría de “permisos” los que se deberán a grupos sociales (ej. AMARC) y les asegura cuando menos el 20% del espectro radioeléctrico nacional. Estos “permisos”, que pretenden sean miles, tienen el agravante que se darán de forma completamente discrecional, con la crítica adicional que no existe una publicación previa a su otorgamiento que permita ni siquiera conocer quienes se están beneficiando con estos permisos.
Lo anterior, no tiene perdón de Dios. ¿Pretenden convencer con estas argumentaciones falsas?. Pero aclaremos: si alguna resulta novedosa en el dictamen, no es ésta, que está en la actual Ley y proviene desde 1960. Ahí se han incorporado todas las emisoras no comerciales; en el dictamen se trata de darle a cada quien su lugar.
No es cierto eso de que “se deberán a grupos sociales”, el dictamen no predetermina a nadie el otorgamiento; y raya en el absurdo la afirmación de que la disposición del 20 % de reserva para permisos representaría “miles”. El radiodifusor más modesto o aislado del país sabe que hoy el total de frecuencias operando en radio y televisión, permisos y concesiones juntas es de 2,178. Si eso fuera lo que se contiene en la nueva Ley, significaría 430 permisos, 137 menos de los que hoy tenemos. Pero eso no es el supuesto, ni la pretensión.
Es falso que el proyecto disponga una reserva del 20% del total del espectro radioeléctrico nacional, al menos que se quiera leer otro dictamen. El que presentó la subcomisión establece en su artículo 33, que las frecuencias que se destinen a permisos, no podrán ser menores al 20%, de la disponibilidad total establecida en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias de acuerdo con sus zonas de cobertura, esto es, de lo que se convoque de aquí para adelante. ¿Y porqué esta disposición?, por la necesidad de equilibrar el modelo de comunicación en el país, en el que no toda la programación esté fincada sólo en la disputa por el rating y los ingresos comerciales para los dueños de los medios. Se necesita de medios que también se dediquen a difundir contenidos educativos, culturales, de orientación social, que atiendan a necesidades tan heterogéneas como el rico mosaico de diversidad cultural que es México.
Pero además, el proyecto dispone que, aquellas frecuencias que hubieran sido determinadas para una categoría específica, como es el caso del 20% de permisos, y que no hubieren existido interesados en prestar ese servicio, el Consejo podrá, respetando los mínimos establecidos en el Artículo anterior, ofrecerlas bajo otra categoría, para lo cual deberá emitir declaratoria pública debidamente fundada y motivada.
El colmo de la Carta de la CIRT es que afirme que no hay mecanismo de publicación para los permisos y que no se podrá saber “quiénes se están beneficiando con esos permisos”. Estos son los requisitos, de convocatoria pública, contemplados en el proyecto: “serán como mínimo: I. Datos generales del solicitante; II. Acta Constitutiva, o cualquier otro documento que conforme a derecho acredite la personalidad jurídica de la institución u organización; III. Zona geográfica que se pretende cubrir con el servicio; IV. Potencia y horario de funcionamiento; V. Modalidad de interés, en función de los usos pretendidos: de carácter educativo, cultural, social, científico o de experimentación; VI. Plan de operación y acreditación de capacidad financiera; VII. Proyecto de producción y programación; VIII. Designación de un representante responsable del proyecto; IX. Compromisos que asumirían en caso de adjudicación de la frecuencia, para cumplir en forma satisfactoria la función social a que se refiere el Artículo 5 de la presente Ley; y X. Mecanismos con los que garantizará la pluralidad y el acceso de la sociedad en la programación de la emisora.
13.- Este inusitado grado de discrecionalidad es acompañado del hecho que estos permisos podrán también comercializar 75 minutos diarios -7%- y además no están obligados a pagar ninguna de las contraprestaciones que se le pretenden imponer a la industria.
Falso. Los permisos están obligados a pagar todos los impuestos y derechos que impone la ley vigente, y que retoma el proyecto de nueva Ley. Siempre he sido de la idea de que debería diferenciarse ese pago, pues no tienen la misma finalidad, sin embargo, ésta mi postura muy personal no triunfó, y sin ganancias lucrativas y la mayoría de ellas sin recursos para subsistir, tienen que pagar por el permiso la misma cantidad que paga un concesionario. Esto bien se le puede consultar a la Asociación Mundial de Asociaciones de Radios Comunitarias, A.C., conocida por sus siglas como AMARC, del monto que han pagado por cada permiso de los seis que hasta ahora únicamente les ha otorgado la administración del Presidente Fox. Me parece indigno que se esgriman estas mezquindades como razones, frente a las ganancias multimillonarias que en dólares tienen los principales consorcios. Televisa obtuvo el año pasado utilidades netas de más de quinientos millones de dólares.
14.- Por otro se inventa un nuevo órgano regulador – el Consejo Nacional de Radio y Televisión con facultades censoras y totalmente discrecionales basados en criterios subjetivos y de contenido. Además de inconstitucional.
En primer lugar no se inventa, está contenido en la ley actual en el artículo 90, como órgano coordinador de la Ley, pero sólo integrado por el gobierno, los concesionarios y dos representante del sindicato de trabajadores; carece de facultades importantes, y ahora por virtud del reglamento del 10 de octubre de 2002, rebajado a categoría de consultivo.
Lo cierto es que la estructura ciudadanizada del Consejo que se propone, no violenta ningún precepto constitucional. El Consejo realizará funciones sustantivas que actualmente ejercen la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación. Por un lado, es conveniente pasar la administración del espectro a un órgano con independencia y autonomía, que transparente y despolitice esta función; por otro consideramos que la vigilancia de los contenidos debe separarse de las funciones de la Secretaría de Gobernación cuya responsabilidad esencial es la conducción de la política interna del país. Con ello se busca despolitizar la regulación sobre la programación lo que constituye un paso fundamental para garantizar la libertad de expresión y avanzar hacia la democratización de los medios. Como resultado de la discusión y el debate generado en la reunión de las Comisiones Unidas celebrada el lunes 13 de diciembre de 2005, el dictamen vuelve a incorporar la propuesta de la Subcomisión senatorial encargada del análisis y estudio de la iniciativa, en cuanto a considerar a la autoridad reguladora como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que pueda cumplir sin contravención constitucional alguna la importante función de otorgamiento de concesiones y permisos para operar estaciones de radio y televisión; tal y como sucede con otros organismos desconcentrados en la administración pública federal, es el caso de la Comisión Nacional del Agua, por citar un ejemplo.
La sugerencia de modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones es una propuesta que deberá ser tomada en cuenta en el futuro cercano. Por ahora, habría que recordar que los propósitos que animan la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) y la Ley Federal de Telecomunicaciones son distintos. En efecto: de la revisión de los artículos 1 y 7 de la LFT y de los artículos 2 y 3 de la LFRT se desprende claramentequeelpropósitode la LFT gira en torno a la infraestructura de las telecomunicaciones y la LFRT a la regulación de la prestación del servicio de radio y televisión, sea cual sea el medio técnico por el que se transmita la señal. No obstante, derivado de la convergencia digital en marcha los puntos de identidad entre la LFT y la LFRT tenderán a mediano plazo a buscar la conveniencia de unificar la legislación en la materia.
Pero es absolutamente falso que se restrinja la libertad de expresión. Es difícil que los que suscriben la carta puedan probar con una sola disposición del proyecto, el carácter censor del órgano que se propone. Ha sido la tradicional cantaleta de “La Ley Mordaza” con la se quiere amedrentar a los legisladores. Si en alguna parte hoy se practica la censura, el veto, y la presión a comunicadores es en la televisión y en los grupos radiofónicos más importantes del país. Me ofrezco como prueba en calidad de testigo y víctima, aún con vida, de todo tipo de calumnias, injurias, difamaciones y censura.
15.- Es un proyecto que no tiene comparación internacional y es un serio retroceso para el País. De hecho, sólo se compara en varios apartados con la Ley de Radio y Televisión recientemente aprobada por Hugo Chávez, en Venezuela.
Cada país tiene su propia legislación, y el avance regulatorio se ha ido incorporando en la medida de las características nacionales, de las necesidades del mercado y de la madurez de su democracia. En efecto, el proyecto de nueva Ley está muy por debajo de los parámetros internacionales, sobre todo en materia de reglas de competencia. Nosotros hemos incorporado apenas una sola de las reglas que limitan la propiedad de medios electrónicos, la regla del 35%, de la que por cierto los dirigentes de la industria no hacen mención alguna. En otros países, como nuestro vecino Estados Unidos, las reglas de competencia incorporan límites a la propiedad cruzada, tienen 23 reglas antimonopólicas en la ley, y un órgano regulador fuerte para que las aplique. A una cadena de Televisión que transmitió la imagen en la que una cantante por accidente mostró un seno en un partido de futbol americano, la FCC – el órgano regulador del país más liberal -, le impuso una multa de 500,000 dólares.
Si como afirman los Licenciados de la CIRT no tiene comparación internacional, sería recomendable que los radiodifusores realizaran el ejercicio que sí llevamos a cabo los legisladores de revisar el derecho comparado internacional; qué importante que se asomaran a las características, funciones y facultades del Consejo Superior del Audiovisual en Francia; de la Comisión Nacional de Televisión de Colombia; la Comisión Nacional de Radiodifusión y Telecomunicaciones en Canadá; la Comisión Nacional de Televisión de Chile; y por supuesto la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, país al que tanto va la mirada de los que siempre recomiendan la modernidad.
Cabria aclarar que, por cierto, el de Venezuela ni se tomó en cuenta. No lo conozco.
16.- Por último, cierra el acceso a nuevas tecnologías, disminuye de 30 a 10 el número de años de vigencia de las concesiones establecido en la Ley, y aumenta exponencialmente las multas y los motivos para sancionar a radiodifusores.
Además de falsa es grotesca la afirmación. No lo ha cerrado la actual ley con 45 años de existencia, desfasada de la realidad que pretende normar, con un atraso de nuestro cambio político, económico, social y cultural a todas luces. La industria de la radiodifusión ha pasado todas las innovaciones tecnológicas sin necesidad de una reforma legal, y hasta servicios de telecomunicaciones prestan ya a través de subcanales que subarrendan para servicios agregados. No sólo no hay cierre, se incorporó un capitulo de servicios auxiliares, adicionales y agregados para que su desarrollo y acceso se haga en forma ordenada. Esa es una atribución a la que el estado no puede, ni debe renunciar.
En México las concesiones bajo la actual ley pueden ser otorgadas “hasta” por 30 años, sin criterios objetivos, con la discrecionalidad más aberrante del sistema jurídico, “al libre juicio del secretario”. El anteproyecto propone en efecto, el plazo de 10 años, pero lo que no dicen es que su renovación es casi automática, pues existe un solo requisito para ello, que no se haya violentado sistemática y gravemente la ley.
17.- Ten la seguridad que con tu apoyo y el trabajo coordinado de toda la Industria, y del Consejo Directivo habremos de salir adelante pues la razón jurídica y moral está de nuestro lado.
La carta es asombrosa. Pero habla por si misma del deterioro de la comunicación en nuestro país, es explicativa de esta evolución hacia lo peor de nuestros medios. Si ese es el lenguaje de los propietarios, ¿cuál quisiéramos que fuera el de los comunicadores?. Es vasta la producción literaria sobre la subjetividad, la veracidad, el engaño o la reserva mental. Es que la mentira no sólo nos conduce a pensar en problemas de la mente y del conocimiento o las cuestiones éticas, jurídicas o políticas, es que todo trato con cosas, hechos e ideas o todo el trato humano tienen que ver con la falsedad y la veracidad. “Incluso la antorcha -viejo símbolo de la verdad -, poco tiene de recta ni de armónica; es un tanto informe y retorcida, bien sea un trozo de madera resinosa, bien un bloque de tres o cuatro velas enroscadas”.
Sí, en el debate sobre la nueva Ley de Radio y Televisión hay muchas mentiras, muchas falacias. Las de arriba suscritas por los dirigentes de la CIRT, son algunas de las que se repiten con bastante frecuencia, envenenando el ambiente y sobrecogiendo incautos. Lo peor es que hay muy pocos medios en donde contestar, replicar, aclarar. Pocas excepciones, sin duda una de ellas: Etcétera. Estoy convencido de que al final se abrirán paso las verdaderas razones del avance o retroceso del proyecto que hemos impulsado, confío en que se impondrá la razón moral.