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Cerrojo, pero legal

Cerrojo, pero legal

– Javier Corral Jurado

Ha sido largo y sinuoso el camino recorrido para que las operaciones del Fobaproa se transparenten de una buena vez. Antes que conocer la verdad sobre el monto real de las irregularidades que se cometieron en el llamado rescate bancario y delimitar con claridad esa deuda del Estado, se han intentado todas las formas para dar “carpetazo” a este tema, ansias de dar un cerrojazo a las investigaciones.

Diversos motivos se ofrecen en la argumentación de quienes se oponen a transparentar todo ese manejo, pero básicamente, el de la estabilidad económica y financiera del país y la seguridad de los inversionistas extranjeros en la banca. Una especie de trueque: impunidad por estabilidad. Y lo más grotesco: hasta ahora tiene resultados la tesis.

Pero así como hay fuerzas que se resisten a desentrañar las ilegalidades, lo que redundaría en aminorar los recursos fiscales destinados a cubrir dichas operaciones, también subsiste el clamor ciudadano para castigar a responsables y persiste la preocupación en el Poder Legislativo por dar seguimiento puntual a los resultados de las auditorías, sobre todo en quienes contribuimos a dar una salida legislativa a ese enorme quebranto.

Está absolutamente acreditado, después de ocho largos meses de batalla interna, que la mayoría calificada del Senado de la República quiere que se investigue a cabalidad la transparencia y legalidad de las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y las actuaciones que se realizan desde el IPAB.

Pero, a pesar de esa evidente y manifiesta voluntad, resulta claro que los intereses de la banca, entronizados en un sector minoritario pero influyente del Senado, pretenden impedir la instalación de una comisión especializada en atender el caso.

El pasado miércoles 9 de marzo, los senadores Alfredo Martín Reyes Velázquez, Luis Rico Samaniego, Jesús Ortega Martínez y quien esto escribe presentamos ante el pleno del Senado un punto de acuerdo, mismo que fue aprobado por unanimidad, mediante el cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política a fin de que se integre la Comisión para Investigar el funcionamiento del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Desde el 28 de septiembre del 2004 se inició el procedimiento formal con la solicitud, y fue hasta el 23 de noviembre del mismo año cuando se aprobó por unanimidad la constitución de esa instancia, con carácter plural y fundamentada en la fracción tercera del artículo 93 de la Constitución política, que faculta a ambas cámaras a integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

Sin embargo, todavía es hora que esa voluntad mayoritaria no se concreta, por lo que se tuvo que recurrir a un exhorto más al órgano de concertación del Senado para materializar en los hechos esa petición. Cabe recordar que la ley orgánica obliga a esta última instancia a buscar los entendimientos; lo incomprensible es que en un asunto de tan expresa aquiescencia senatorial simplemente no se confirme.

Por ello es probable que continúe la resistencia. Ello provocará un intenso debate del que conviene estar pendiente, pues esta batalla quiere ser asfixiada en los propios medios de comunicación. No se trata de ninguna instancia juzgadora en modo alguno lo podría hacer, pero sí, de un acicate: conocer e investigar el funcionamiento del IPAB, para exigir la transparencia sobre la aplicación de los recursos fiscales destinados al rescate bancario y coadyuvar con la colegisladora y con la Auditoría Superior de la Federación al seguimiento y cumplimiento de la ley.

La comisión es urgente. Es inminente la entrega de resultados de las “auditorías GEL”, realizadas a los bancos involucrados en el programa de capitalización y compra de cartera, y que han de ser del conocimiento de la Cámara de Senadores de acuerdo con el plazo del año pasado, cuando se dio a conocer la selección de los despachos que efectuarían las citadas auditorías.

Considero que es obligación del Senado de la República atender esa exigencia ciudadana y demandar la transparencia de las operaciones llevadas a cabo por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y ahora por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a efecto de que los servidores públicos rindan cuentas por el manejo de estos recursos en forma clara, oportuna y transparente.

De ahí pues que quienes hemos promovido la existencia de esta comisión, que atraviesa a todos los partidos políticos representados en el Senado, creamos con sinceridad que la comisión puede desarrollar un papel complementario de cooperación, incluso con el propio Instituto de Protección al Ahorro Bancario para la exigencia del cumplimiento de la ley que lo creó.

Se trata de rescatar la dignidad del Congreso en un asunto en el que es impensable una posición espectadora, de mero observatorio político sobre la asunción de esa enorme hipoteca fiscal para varias generaciones de mexicanos por delante. Tal y como lo han planteado con perseverancia don Luis Rico Samaniego y Alfredo Reyes Velásquez, dos senadores panistas que no han quitado el dedo del renglón: “Es un clamor general por parte de la sociedad mexicana conocer con todo detalle el proceso del rescate bancario. Como legisladores no sólo tenemos la facultad constitucional de hacer leyes que soporten instituciones, sino también velar por el fiel cumplimiento de las mismas, esto sustentado en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

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