Está a discusión en el Senado como cámara revisora en el proceso legislativo bicameral la minuta de la Cámara de Diputados que modifica diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para dar paso al voto de los mexicanos en el exterior.
No sabemos si esa discusión ha sido pensada y planteada para encontrar la fórmula facilitadora del cómo sí haya voto, con los cambios y ajustes necesarios, porque hasta ahora todo el proceso de debate ha enfatizado el por qué no, las deficiencias ciertas de la minuta proveniente de San Lázaro y varias exageraciones y magnificaciones sorprendentes, que hacen pensar en una enorme resistencia a la iniciativa.
Esa es la sensación que ha quedado en el público que siguió las audiencias celebradas la semana pasada por las comisiones de Gobernación, Estudios Legislativos y Relaciones Exteriores para América del Norte, además del presidente del Consejo General del IFE, Luis Carlos Ugalde y el canciller Ernesto Derbez.
Quizá sin proponérselo y, lo que es peor, sin anidar en el fondo su oposición a ampliar tan importante derecho de los “mexicanos de allá”, el IFE y la SRE aceptaron un formato que los condujo a una trampa: aparecer como los que no quieren, sustentados en su amplia experiencia en logística de organización electoral y el conocimiento detallado del ámbito internacional. De esta manera, se invitó a las dos voces más autorizadas para que dijeran que no, pues se les constriñó al análisis de la minuta “a observar en sus méritos” el trabajo dictaminador de los diputados. ¡Sobre una sola de las 17 iniciativas que hay en total presentadas sobre el tema!, incluida la del presidente Vicente Fox.
Ante la trampa con la que los diputados quieren sorprender al Senado, el Senado entrampa al Ejecutivo y a la institución encargada de organizar las elecciones. Y cayeron redonditos. No porque sus argumentos carezcan de sentido y validez, sino porque se encerraron en el principio de la universalidad del voto, lo que desestima cualquier método gradual, una evolución paulatina a medida que los recursos y los tiempos permitan esta prerrogativa, un paso hacia a adelante en la construcción de esta reforma, con un acotado régimen de transitoriedad que establezca la totalidad de las disposiciones para cinco o seis años, y delimitando el alcance para la inmediata elección de 2006.
Este anhelo podría ser realidad si por lo pronto se concede el derecho a los que ya tienen credencial para votar y a los que cuentan con matrícula consular documento de tanto o más rigor que la credencial con fotografía.
Podríamos empezar, si realmente se quiere, por los países donde México tiene embajada, y dentro de éstos, donde nuestros connacionales se han concentrado y para ello se han abierto consulados. Pero parece que nada se quiere. Sintonizados o no, Derbez terminó su intervención ante las comisiones senatoriales con las mismas palabras de Luis Carlos Ugalde: “El voto de los mexicanos en el extranjero será viable si, y sólo si, su implementación garantiza tanto el cumplimiento de los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, como una emisión del voto universal, libre, secreta y directa”.
Por supuesto que la minuta, en las condiciones en las que está remitida, atenta contra algunos de estos postulados. Lo importante es conformar una alternativa gradual que disminuya costos, riesgos, logística y universo. Esto es el cómo sí. Que es lo que ha faltado en estas audiencias. Cuando en el Congreso se quiere dilatar, embestir o nulificar algún dictamen o minuta, se convoca a interminables audiencias, consultas, foros, con la inducción correspondiente y así se escoge a los interlocutores. Se consiguen los elementos necesarios para acreditar el cómo no.
Esto es lo que está sucediendo con el voto de los mexicanos en el exterior. Estamos viviendo no una simulación, sino una hipocresía legislativa en la que se expresa públicamente un afecto plural y bicameral por la reforma, pero que en realidad pocos la quieren. Esa duda pasa por la misma cámara que le dio origen al proyecto, de lo contrario no se entenderían los descuidos no sólo de logística electoral, sino de técnica legislativa. Genaro Borrego, el senador zacatecano del PRI ha dicho que: “Están aflorando las hipocresías”. En efecto, parece un proceso hipócrita, de entrada por el tiempo mismo en que se esta discutiendo.
Si algún tema estaba destinado a merecer el impulso del Senado, es éste. Por la naturaleza de sus facultades exclusivas y por el mayor lapso de ejercicio del encargo. Pero con el calendario electoral encima y con plazos muy limitados se ha dado pie a que aflore la resistencia burocrática al cambio: “Sería inviable la instrumentación”, “se dificultaría la organización”, “correríamos un grave riesgo”, “no hay dinero”. Larga y dura ha sido la lucha por la reivindicación de los derechos políticos de los mexicanos. El voto en el exterior es su deuda más visible y quizá la más atrasada si vemos el desarrollo internacional en la materia. Aquí polemizamos sobre el derecho a votar de los que “se fueron” o “están allá” por cualquier motivo; en otros países discuten si esa prerrogativa para nacionales la comparten con residentes extranjeros en sus procesos electorales de autoridades propias.
Un asunto es cuestión de fondo en el enfoque impugnador: la aplicación extraterritorial de la ley. ¿México no podrá resolver lo que han podido, por ejemplo, sólo en Estados Unidos más de 60 países que celebran procesos electorales foráneos en ese territorio? Debemos hacer lo que nos dé el presupuesto, el talento y la voluntad que tenemos. Lo peor es no empezar y seguir dejando las cosas para después. Es agua que se nos va por entre los dedos; otros sabrán juntarla y dirán con orgullo que ellos sí supieron, porque quisieron y pudieron.