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Histórica decisión

Histórica decisión

– Javier Corral Jurado

Colaboración especial para la Agencia de Noticia Notimex

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional en materia de veto presidencial al Decreto de presupuesto, es un hito en la historia del sistema político constitucional.

Lamentablemente se le ha regateado importancia y significación, por lo menos no la que se le ha dado a decisiones de este mismo tribunal, cuando de reveses al Presidente de la República se trata. Es que la victoria del Ejecutivo Federal marca un antecedente fundamental para el equilibrio de los poderes.

Hay que recordar que Fox promovió ese recurso de la controversia – consignado en el artículo 105 de la Constitución -, a raíz del rechazo parlamentario que los diputados hicieron el 14 de diciembre pasado, a las observaciones que el propio Ejecutivo Federal había planteado a las modificaciones hechas por la Cámara baja al proyecto presupuestal para el ejercicio del año 2005. Con la sentencia antes mencionada, la Corte resolvió que el veto procede para los efectos de que las observaciones vuelvan a la Cámara de Diputados para ser estimadas por ésta, lo cual permitirá la liberación de las partidas que fueron suspendidas de entre todas las que componen el decreto presupuestario.

Lo histórico de la decisión de nuestro más alto Tribunal resulta evidente, por cuanto interrumpe un largo periodo transcurrido sin vetos a las decisiones congresionales en materia presupuestal y supone, por tanto, una vuelta al espíritu originario del Constituyente de Querétaro en 1917 que, de la mano doctrinal de Emilio Rabasa, se preocupó por evitar que el Ejecutivo mexicano quedase a merced de propósitos caprichosos del Poder Legislativo.

La resolución judicial guarda asimismo congruencia con la historia constitucional de nuestro país a partir de 1824. Sigue el espíritu de la división de poderes, principio por virtud del cual ningún poder puede sobreponerse a otro. Confirma que somos un régimen en donde tanto el Legislativo como el Ejecutivo cuentan con legitimidad propia y peculiar, sin que pueda afirmarse que la legitimidad de un poder se origina en el otro o viceversa.

El Ejecutivo, al plantear una controversia constitucional en contra de interpretaciones gramaticales y disposiciones sectarias, tomó una decisión correcta que hoy confirma la Corte. Es fundamental que en diferendos como éste triunfe la visión de Estado, sobre actitudes parciales, o lo que es peor, inspiradas en revanchismo político. Cuando el Presidente Fox presentó la controversia, rompió con la inercia de setenta años de un presidencialismo omnímodo en que el propio Presidente de la República era a un tiempo legislador, jefe de partido, jefe de Estado y encargado de nombrar a su sucesor. Durante el régimen antiguo no tenía necesidad el Ejecutivo de observar y devolver leyes al Congreso porque sus iniciativas eran aprobadas automáticamente y sin discusión.

El Presidente de la República tuvo la visión de encauzar la solución por medio del máximo órgano judicial de la nación, precisamente el encargado de dirimir una controversia que desde hace varios lustros mantenía enfrentada a la doctrina constitucional.

La determinación de la Suprema Corte constituye una inmejorable oportunidad para que el Constituyente Permanente defina con claridad los términos en los que es voluntad del pueblo mexicano se regule la cuestión del presupuesto de egresos de la Federación, así como para que el Congreso de la Unión inicie una reforma constitucional que siente las bases para expedir una nueva y operativa Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que evite la zozobra a la que se ha visto expuesta la República en los últimos años, cada vez que se plantea la anual materia de los ingresos y gastos del Poder público.

Otra consecuencia positiva de esta resolución de la Corte es que propicia – de manera obligatoria – la celebración de un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados para darle entrada a las observaciones realizadas por el Ejecutivo Federal; ello abre la oportunidad para que también se reúna el Congreso General y se instalen las dos cámaras para resolver asuntos no sólo urgentes, sino también importantes del desarrollo democrático de México.

La sociedad ha visto con desencanto como transcurre el tiempo entre los legisladores sin acordar la posibilidad de un trabajo extraordinario, con el que afiancemos las bases de la gobernabilidad democrática para el futuro de México, y ensanchemos las bases de legitimidad de nuestro inminente proceso electoral.

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