Con motivo de la demanda civil que ha presentado por daño moral la señora Marta Sahagún de Fox en contra de la periodista Olga Wornat a propósito de sus “Crónicas dolosas desde un México impune”, se han desatado diversas opiniones sobre el hecho y se ha reencendido una añeja discusión sobre la libertad de expresión y sus limitaciones y restricciones legítimas. Más allá de la formulación legal de la demanda, el asunto recuerda la imperiosa necesidad de formular en nuestro país una legislación reglamentaria de los artículos sexto y séptimo de la Constitución, que establezca con toda claridad un sistema de garantías a las libertades de expresión, de publicación o imprenta, y del derecho a la información, así como la precisión de los conceptos del honor, la reputación, vida privada e intimidad, asumidos como límites de aquéllos y derechos fundamentales de la personalidad, puestos también bajo resguardo de la tutela del Estado democrático.
Se supone que en México la ley reglamentaria de los artículos sexto y séptimo es la de Imprenta, que data de 1917. Aunque tiene un carácter preconstitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado diversas tesis jurisprudenciales con base en ella, con lo que ha reconocido su plena vigencia.
Sin embargo, esa ley responde a un momento distinto y distante del que vivimos como sociedad. Se hace necesario abrogarla para dar vida a un ordenamiento sencillo que zanje un mar de confusiones entre libertad y responsabilidades ulteriores, entre derecho a la información y los límites reconocidos internacionalmente a ese derecho.
Así como es fundamental para la libertad de expresión “piedra angular en la construcción del estado democrático” garantizar el ejercicio pleno, libre de cualquier censura previa o de controles directos o indirectos, también lo es resolver con claridad los bienes jurídicamente protegidos en el derecho al honor, a la vida privada y a la intimidad. De hecho sería fundamental avanzar hasta la garantía del derecho a la propia imagen, como lo han hecho otras naciones, incluso en sus constituciones.
A una democracia como la nuestra, en constante estado de transición política y con los grados de polarización a que ha llegado, no le favorece postular la libertad de expresión como un valor social absoluto, carente de fronteras y por cuya virtud esencial se justificarían los más atroces atropellos a la dignidad de las personas. No es un derecho ilimitado, no es conveniente que lo sea. De ser así, no se podría sancionar el chantaje (que se vale de la expresión) ni las mentiras ante los jueces, ni se podrían proteger datos absolutamente personales o informaciones confidenciales en manos del Estado. Por tal razón, en varios de los instrumentos internacionales de derechos humanos que México ha suscrito como tratados internacionales de derecho desde 1981 se contemplan restricciones y límites. El artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, al igual que los artículo 13 de la Convención Americana y el 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos se refieren a ello. En efecto, el párrafo tercero del artículo 19 del Pacto expresa que: “El ejercicio del derecho de libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”
El orden internacional ha ido resolviendo ese tema esencial de la convivencia social, armonizando las normas, determinando y delimitando los derechos, definiendo dónde cede el honor ante la libertad, dónde la vida privada ante la información pública, o viceversa. Estos avances registrados en países como España, Portugal, Canadá o República Dominicana no han acabado con los periodistas valientes y combativos, por el contrario han emergido con más fuerza y prestigio porque además se vuelven rigurosos, informados. Los amantes del rumor y de la invectiva asumen las consecuencias de su propia temeridad. Y ese es un poco el problema que hoy tenemos en la discusión actual: quienes hacen la defensa de la libertad de expresión de manera irrestricta tratan de justificar un periodismo que cuestionándolo y escrutándolo todo no se quiere someter al mínimo escrutinio para sí del cumplimiento de deberes éticos y legales a los que están obligados. Ese sector reducido pero actuante busca que, entre las actividades profesionales, el periodismo sea excepción jurídica, zona de impunidad.
Y en ese sector es en el que se ha podido incrustar el libelo de la señora Wornat que, plagado de infundios, rumores, mentiras y chismes, es un ejemplo claro de trastocamiento de los límites establecidos a la libertad de expresión en materia de honor y derecho a la intimidad.
El derecho a la intimidad tiene por objeto el respeto de un ámbito de vida privada, personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento público y de las intromisiones de los demás. Luis Carreras Serra nos refiere que la privacidad es más amplia que la intimidad, puesto que mientras la intimidad protege las esferas en que se desarrollan las facetas singularmente reservadas a la vida de las personas, la privacidad constituye un conjunto más amplio, más global, de facetas de su personalidad que, aisladamente consideradas, pueden carecer de significación intrínseca, pero que coherentemente entrelazadas entre sí arrojan como precipitado un retrato de la personalidad del individuo que éste tiene el derecho de mantener reservado.
No se puede cuestionar por tanto, y por más que quien lo haga no goce de su consideración, el derecho a la intimidad como el derecho del ciudadano no sólo a preservarse una esfera de la vida propia como secreta e intangible a los demás, sino también a defenderse cuando alguien trate de manipularla o instrumentalizarla con meros fines comerciales, más que informativos.