Si nos atenemos a la interpretación gramatical del artículo 105 constitucional, el Congreso de la Unión tendría hasta septiembre de este año para llevar a cabo reformas a la legislación electoral. Si se tratara de una nueva ley, el tiempo límite sería junio. Sin embargo, la mayoría coincide con que esta última fecha es el plazo fatal para cualquiera de las dos cosas. Si el Congreso no convoca a un periodo extraordinario en este tiempo, habrá perdido literalmente la oportunidad histórica de impulsar reformas de fondo al sistema político-electoral en todo lo que va del ejercicio constitucional del Senado y en las dos legislaturas de la Cámara de Diputados.
Sería una pena para un Congreso que pudo tener la gloria reformadora de la transición mexicana y renunció de la manera más vergonzosa posible a su compromiso con la sociedad. Entre otras cosas porque sus líderes congresionales nunca han tenido talante reformador.
Por eso se apresura a un periodo extraordinario de sesiones, estimulando la esperanza de que pueda haber al final del trayecto una reflexión que evalúe “los resultados” y rescate con sentido de dignidad la responsabilidad ejercida a medias, y en otros casos, a cero.
La resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la controversia sobre el Presupuesto de Egresos 2005, en la que se reconoció de manera apretada el veto presidencial a esa materia, propicia la celebración de un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados para darle entrada a las observaciones realizadas por el Ejecutivo federal; no hay fecha para ello y es probable que quieran programarlo después del plazo constitucional para emitir reformas electorales. En el círculo priísta de la Cámara de Diputados no quieren resolver el voto de los mexicanos en el exterior, en el cual presumiblemente tanto interés y urgencia tenían.
Los legisladores de Acción Nacional hemos solicitado de manera formal en la pasada sesión de la Comisión Permanente que se convoque a las juntas de coordinación política de ambas cámaras para que se expida la convocatoria a un periodo extraordinario, entre cuyos asuntos, además del presupuestario, incorpore las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que aborden temas como la reducción temporal y monetaria de campañas, la inclusión de las precampañas dentro las facultades de control del Instituto Federal Electoral, aumentar las facultades fiscalizadoras del organismo y el acceso de los partidos y candidatos a medios de comunicación.
Resulta grotesco que, envueltos los partidos en los mayores escándalos de corrupción por estructuras paralelas de financiamiento, y sometidos los candidatos y los partidos a unos cuantos varones de la radio y la televisión, ni siquiera se atrevan a marcar reglas claras para una relación transparente, ni impongan controles al dinero que está envenando como nunca los contenidos de nuestra democracia.
Propusimos también reformas legales en materia de seguridad. Es necesario que el Congreso de la Unión discuta las iniciativas que en materia de seguridad ha presentado el Ejecutivo federal para la solución del grave problema que aqueja a una gran parte de la población mexicana. Resulta pertinente recordar que las iniciativas que se comentan se hallan muy avanzadas en las comisiones tanto de ambas cámaras, habiéndose comprometido públicamente los presidentes de ambos cuerpos legislativos a discutirlas y en su caso aprobarlas a la brevedad posible.
Es de extrema necesidad e importancia que las cámaras discutan las iniciativas y los proyectos de dictamen que en materia de Ley de Radio y Televisión han ocupado al Congreso de la Unión por varios años y que han generado un muy perceptible reclamo social con vistas a la actualización legal del tema.
Resulta imprescindible dotar al Estado mexicano de un orden legislativo que permita contar con una más justa y transparente relación entre los medios de comunicación electrónica, el estado y la sociedad. Abriendo un modelo de mayor competencia, que abra la oportunidad a nuevos actores en la oferta comunicacional y, por supuesto, establezca un marco de responsabilidad social.
Reformas al régimen fiscal de Pemex, que también se encuentra como minuta con proyecto de decreto. Un asunto de congruencia en un proceso legislativo iniciado en la Cámara de Diputados, en atención al fortalecimiento de la empresa pública, puesto que necesitamos en los hechos dotar de recursos a esta importante paraestatal.
Como se verá, no son menores los temas que podrían surgir de un acuerdo entre cámaras. Son asuntos de urgencia e importancia para la vida política, económica y social de nuestro país. Ojalá que las precampañas, a toda marcha, sopesaran que lo que más le conviene a México son elecciones con los mayores elementos de legitimidad y gobiernos que no sólo administren, sino también manden. Durante estos años, a los compañeros legisladores no se les cae de la boca la importantísima Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental. En efecto, una reforma estructural de enorme trascendencia. Pero, ¿cuál otra?
Es necesario que a la campaña mediática del Senado y de la Cámara de Diputados la acompañen también hechos sobresalientes, actos legislativos con valor, reformas profundas, de largo alcance. Para el balance, este Congreso de la Unión necesita meter goles en serio, aunque sea en tiempo extra.