La abundante información que los medios impresos de manera destacada el monitoreo de EL UNIVERSAL han proporcionado sobre el gasto de las precampañas para la publicidad en radio y televisión, y las previsiones presupuestales del IFE para ese rubro en el periodo legal, están suscitando además de inconformidad, una reflexión más profunda y analítica sobre la legitimidad de la tendencia estrictamente mediática de la disputa electoral. Así surgió la semana pasada un seminario que bajo el auspicio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM reunió a expertos para concretar un debate con método sobre el tema. La mayoría resaltó el abandono de la responsabilidad histórica de los legisladores para regular, limitar y transparentar ese gasto.
Nadie, con una base mínima de conocimiento en el tema, podría afirmar que la publicidad o la propaganda se conviertan o no en comunicación política son malas en sí mismas. Representan técnicas y un instrumento poderoso que bien usados podrían generar tanto bien en la medida en que se pueda ensanchar la dimensión de generosidad, responsabilidad y patriotismo.
Quizá más que una revisión del lenguaje publicitario, o de la construcción de su mensaje en cuanto a estructura y duración, lo que se está convirtiendo en un elemento deslegitimador es el exceso y la predominancia del dinero para la publicidad política, y la falta de regulación de contenidos, que se ha convertido en el campo perfecto para la falacia, la mentira, incluso la calumnia.
Sería difícil apartarnos de la lógica comunicacional: quien quiera ofertar algo tiene que comunicarlo, tiene que encontrar las formas y los contenidos para expresar su oferta programática. El proceso de comunicación es clave en cualquier tipo de intercambio, y de una manera especial, en el político.
La publicidad tiende a reprimir toda explicación. Y si la tv reduce, la publicidad política en tv desaparece la racionalización, elemento clave para la toma de decisiones en una auténtica democracia. El exceso de lo publicitario sobre todo de lo que se atrapa en 10, 20 o 30 segundos y se repite en frecuencia de saturación está siendo una derogación intelectual de la calidad de los contenidos doctrinales, ideológicos, programáticos de la política. La calidad de la democracia por los suelos.
El planteamiento no es reciente. Revisa, en términos hasta cierto punto dramáticos, uno de los debates más antiguos que reaviva la controversia “entre la abstracción del pensamiento y la tentación icónica”, como diría Lisa Block de Behar en su excelente trabajo El lenguaje de la publicidad. “La controversia entre la reflexión contra la fascinación de los juegos de imitación, la exterioridad fulgurante de la imagen en detrimento de la inteligibilidad, el deslumbramiento contra la lucidez, contra la profundidad de un discurso que, acaso por no imitar, critica”.
De ahí que, en términos de la escalada reduccionista del lenguaje publicitario en campañas, haya un primer detrimento del proceso político electoral democrático. La preferencia por la imagen, el desuso progresivo de la palabra, hace que sobren las palabras, por tanto los compromisos. No se dice, fundamentalmente se muestra. A lo anterior se suma el mayor riesgo para la legitimidad democrática. El acceso a la publicidad política en los medios electrónicos está dominado por el dinero, no por la soberanía y el derecho propio que el Estado tiene en el espectro radio eléctrico, como un bien del dominio de la nación.
Hoy enfrentamos la violencia que genera el grosero, ajeno a toda ética y razón gasto publicitario que los partidos ejercen y que los dueños de los medios festejan a costa del gasto público. Se dice que la “democracia cuesta” y nada más falso que eso, pues lo que nos cuesta es la falta de democracia. Hoy la sociedad está cuestionando el modelo de financiamiento a las campañas.
En mi anterior colaboración señalé que 64% de los recursos a los partidos por financiamiento extraordinario se va a los medios. En efecto, como me lo han comprobado, el porcentaje es correcto pero el monto es mayor, me quedé corto. El porcentaje lo es del total que se destina para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, actividades específicas, financiamiento a agrupaciones políticas nacionales, apoyo para programas de radio y tv de partidos con registro.
A los anterior se agrega como gasto directo etiquetado la compra de promocionales por parte del IFE para los partidos según disposición de la ley actual, lo que representa 426.7 millones de pesos. Ese pago prueba que sí es posible el tema de la contratación exclusiva por el IFE, por lo menos hoy funciona en una parte sin afectar la capacidad estratégica de los partidos para definir frecuencia y medios alcanza sólo para 10 mil spots en radio y 400 en tv. Así, del monto solicitado por el IFE para 2006, 11 mil 858.6 millones de pesos, 4 mil 926.1 millones se destinarían al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas nacionales y 6 mil 932.5 millones representan el gasto mínimo de operación requerido para llevar a cabo el proceso electoral federal 2005-2006. Adicionalmente, y por primera vez, el presupuesto del IFE considera una partida de mil 62.1 millones de pesos para el voto mexicano en el extranjero, 75% superior al utilizado en las elecciones federales de 2000, que tuvieron un costo de casi 8 mil millones de pesos.
De los 4 mil 926.1 millones de pesos, no incluyendo los 40 millones para monitoreo de noticieros en radio y tv, y de repetirse el comportamiento de las campañas de 2000 y 2003, los medios recibirán 3 mil 127.04 millones, 85% para electrónicos.
Ahora no me es posible determinar con exactitud la mezcla de dinero público y privado en esa contratación. Lo cierto es que el gasto representa ese porcentaje de lo que el Estado otorga a los partidos. Así, desprovista la publicidad política de contenidos programáticos, y documentada la montaña de dinero desde la que se compra la voluntad y no se convence, no puedo más que reiterar lo ilegítimo e inmoral de ese dispendio sin ideas.