Cada año, tras el Informe presidencial, la mayoría de los actores políticos coinciden en que el formato y la ceremonia en que el titular del Ejecutivo concurre a la apertura del periodo ordinario de sesiones del Congreso está agotada. Que ya no sirve y su desfasamiento con la realidad actual muestra nuestro retraso en la forma de relación entre poderes. Sin embargo, nada se ha concretado para modificar esa ceremonia que la Constitución dispuso fuera sobria, y la cultura priísta de suprasubordinación al presidente la volvió versallesca, humillante para el Congreso.
La inacción legislativa es reminiscencia de antiguos cultos a la personalidad en que se fundamenta gran parte del modus operandi de nuestro sistema político. Desde la devoción al tlatoani hasta el régimen presidencial. Hay en el desacuerdo por la reforma sobre el formato del Informe una patética coincidencia: nadie quiere arriesgar a “su hombre” al escrutinio y el diálogo directo con los legisladores, someterlo al debate que lo hace descender de las alturas y el mundo idílico en que se envuelven los presidentes. En el rechazo hay nostalgia por el presidencialismo. Nos invade la cultura presidencialista; tan es así que el proceso electoral de 2006, en lugar de ser llamado de elecciones generales, se reduce a “la elección presidencial”.
Entre el texto de la Constitución y el desarrollo histórico de esa ceremonia se generó la mayor contradicción del sistema de división de poderes: el 1 de septiembre es el día señalado como la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso de la Unión, pero esa fecha degeneró en el día del presidente; lejos del espíritu de rendición de cuentas, el acto fue la expresión central del autoelogio y la adulación; confeti que acompaña la marcha triunfal del Palacio sobre el Congreso, la palabra infinita del presidente-dios en excesos de tres horas y 40 minutos, respuestas sin réplica y sin rubor de los legisladores, auditorio de silencios sepulcrales y aplausos desbordados. Pero eso lo creó el PRI, no la Constitución.
Luego la oposición encontró en el ejercicio de la interpelación sin derecho a hacerlo, una forma de contrapeso, de control y negociación; rompiendo la solemnidad llamó la atención, y con gritos se hizo escuchar en un sistema donde aún no existen las preguntas parlamentarias al Ejecutivo por parte de los representantes populares. El día del Congreso devino en la asamblea del insulto, la injuria, y en circo para el peor de los protagonismos.
La semana pasada se decidió, con discreto encanto, no informar en el acto, sino entregarlo por escrito. No hubo tiempo suficiente para las interpelaciones, y muchos insultos se quedaron embotellados. La ceremonia tradicional y sus vertientes recientes quedaron liquidadas. La vía que se tomó tiene ya diversos antecedentes en el país, pues varias entidades federativas a impulso de los gobernadores y frente a la cada vez más numerosa llegada de la oposición a los congresos estatales evitan la lectura del informe y en la entrega por escrito eluden la confrontación, que sin duda tensa la política e imposibilita los acuerdos. Hay variantes en algunos estados, donde si la decisión es leerlo o exponer un mensaje político, se somete a la contestación de los grupos parlamentarios.
El mandato original de la Constitución es entregar el Informe por escrito en el que se manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Eso era y, ciertamente hoy, esa fórmula simple resulta insuficiente para lo que demanda la sociedad y un Estado democrático.
No se trata de cancelar el Informe, sino propiciar un auténtico intercambio entre poderes. En el debate y la deliberación de los órganos legislativos con el Presidente, no se reduciría ninguno de los poderes, por el contrario se reivindica la tarea parlamentaria, y se obliga a que los argumentos del Presidente se finquen más en la racionalidad de la comunicación y el discurso político que en el lenguaje publicitario o propagandístico. Elevar ese debate subiría de nivel la discusión política y favorecería el derecho ciudadano a la información en su más justa dimensión.
Coincido plenamente con el doctor Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre lo indispensable que resulta el que el Presidente siga informando anualmente a la nación; “es una obligación que incumbe, en todos los sistemas constitucionales democráticos, a los jefes de gobierno”. Valadés, quien acaba de ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua con un brillante discurso digno de colección se puede consultar de manera íntegra en mi página de internet: www.senadorcorral.org, señala en su libro El gobierno de gabinete que el que el titular del Ejecutivo dejara de informar “sería admitir la supremacía constitucional del presidente con relación a los representantes de la nación y desvirtuaría la naturaleza democrática del Estado constitucional mexicano”.
“En un Estado de este género no cabe la posibilidad de que se ejerzan funciones sin la obligación concomitante de informar. Puede aducirse que bastaría con enviar un informe por escrito. No considero que tal modalidad se adecue a la naturaleza del Estado democrático, en tanto que el Congreso no debe conformarse con una actitud pasiva de simple receptor de un escrito; los representantes deben, en nombre de los ciudadanos, que son los representados, valorar lo informado. En un sistema representativo, comparecer ante el Congreso es, simbólicamente, presentarse ante la nación”.
En realidad lo que hace falta ante el deterioro del formato del Informe no es eliminarlo, sino empatar con el mundo democrático su concepción y estructura, como principal instrumento del sistema de rendición de cuentas, que supone diálogo y debate. Ese es el reto de la Legislatura que tiene a partir de este mes de septiembre la última posibilidad de dictaminar en sus dos últimos periodos de sesiones una reforma constitucional y legal que posibilite ese encuentro republicano.
No es suficiente la entrega por escrito, ni tampoco lo es pretender mantener al Presidente en un banquillo de acusados escuchando insultos y majaderías. Institucionalizar el diálogo en el Informe me parece que debiera ser el compromiso.