Ponencia de Jaime Cárdenas.
Los olvidos del IFE en materia de medios
Todos los días oímos en los medios y en los corrillos sociales, que el gasto de los precandidatos en medios de comunicación es desmesurado e inadecuado para un país con tantos millones de pobres. Escuchamos que las precampañas llegaron para quedarse y que no hay nada que hacer al respecto, que la autoridad electoral, cuando mucho, puede fiscalizar los recursos que ingresan o egresan de las precampañas, cuando los diferentes partidos inician formalmente, mediante, una convocatoria, los procesos de selección interna de candidatos. El IFE sostiene públicamente que no puede hacer mucho porque el legislador no hizo la reforma esperada en materia de medios. El legislador, culpa a su vez a la falta de acuerdos políticos para lograr esa reforma. En el mundo académico se hacen eventos cómo éstos, que están muy bien que se realicen, para culpar al legislador que no hizo la reforma y a los medios que se embolsan cuantiosos recursos, que transmiten marketing y no ideas, que constituyen un factor de poder al margen del Estado, etcétera, pero todo queda desgraciadamente igual.
Es verdad, que en este momento, no sería posible una reforma electoral porque el artículo 105 fracción II de la Constitución, establece que 90 días antes del inicio del proceso electoral -que empieza en el mes de octubre de 2005- no puede haber modificaciones legales electorales fundamentales. ¿Qué hacer. Los senadores Javier Corral, Raymundo Cárdenas y Manuel Bartlett seguramente continuarán con sus intentos de reforma a la Ley de Radio y Televisión, algunos medios impresos comprometidos darán cuenta de la gravedad de los hechos y difundirán eventos como éste, y líderes de opinión llamarán la atención sobre la situación. Sin embargo, nos olvidamos que hay un actor institucional, que podría hacer algo pero que no lo realiza.
El IFE podría asumir el papel que hasta ahora no ha querido tener. Es verdad que el legislador mexicano es un irresponsable por no haber hecho la reforma necesaria, en las tres materias fundamentales que ésta requería: 1) La referente a los medios para que el IFE realice las contrataciones de tiempos de radio y televisión y no los partidos directamente como hasta ahora; 2) El incremento de las atribuciones de fiscalización del IFE para que ningún secreto legal -bancario, fiscal, cuenta pública, ministerial- le sea oponible en sus investigaciones, para obligar a los particulares y autoridades a colaborar coercitivamente con las investigaciones de fiscalización de la autoridad electoral, y la fiscalización integral de lo que se llama precampaña; y, 3) Derogar el financiamiento privado para impedir que los empresarios mexicanos inviertan en la política como si se tratara ésta de un negocio y no tuviera más altos fines. También otros temas eran necesarios en la reforma pendiente: reducir tiempos de campaña; contar con fórmulas para el cálculo del financiamiento público que permitiesen disminuir su costo; y, prohibir para todo momento, porque incide en la equidad de las contiendas, la contratación de espacios en radio y televisión de publicidad en materia de obra, programa o política pública que los funcionarios de todos los niveles realizan, etcétera.
La reforma ya no se hizo y, no basta rasgarse las vestiduras y, culpar a los partidos y a los medios. Repito, el IFE tiene atribuciones que no ha querido desplegar para no confrontarse con los medios y con los partidos. La reforma legal no es la única vía de modificación. Como sabemos los juristas, desde tiempos inmemoriales, la interpretación de las normas es otro camino, y no se trata de inventar nada, sino de darle a la ley vigente los sentidos que de acuerdo a sus fines tiene. He aquí algunos ejemplos de lo que el IFE, puede hacer y no quiere hacer:
1) Precampaña. Éstas no existen en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que el Código estable como momento temporal para hacer proselitismo y para comprar tiempos en radio y televisión son las campañas. Los tiempos de radio y televisión para efectos de proselitismo electoral sólo pueden ser comprados por los partidos -artículo 48.1 del COFIPE- y los particulares y terceros no pueden comprar estos tiempos -artículo 48.13 del COFIPE- Durante el proceso electoral de 1997, que me tocó vivir como Consejero Electoral, el IFE sancionaba a los partidos cuyos candidatos o precandidatos comenzaran antes del tiempo de la campaña. Este criterio cambió para el proceso electoral de 2000 y se argumentó que lo que no estaba prohibido estaba permitido -como si los partidos fuesen particulares- y que por tanto, al no estar reguladas las precampañas, la autoridad electoral no podía hacer nada al respecto. El criterio interpretativo del IFE en 1999 y 2000, que ha continuado hasta ahora, es incorrecto, porque todo el sentido de la legislación electoral, comenzando por el artículo 41 constitucional, atendiendo los artículos 182 al 191 del COFIPE y, pasando por los fines del IFE del artículo 69 de esa ley, consiste en que los partidos y sus candidatos hagan proselitismo precisamente en el momento de las campañas y no antes. La elección interna en los partidos de dirigentes y candidatos, técnicamente no es precampaña, es momento ordinario o, debería serlo, de la vida de los partidos, y normarse, supervisarse y fiscalizarse totalmente por la autoridad electoral. Dicho momento sólo debe ser conducido por los partidos y no por precandidatos, por lo que éstos o terceros no tendrían derechos a comprar tiempos en radio y televisión. Además, los partidos políticos no son particulares, sino entidades de interés público, con fines constitucionales y legales muy precisos, previstos entre otros por el artículo 41 de la Constitución, por lo que el principio de “lo que no está prohibido está permitido”, es inaceptable, los partidos dada su naturaleza jurídica y aunque no son autoridad, por las obligaciones constitucionales que tienen, se adscriben más al principio “lo que no está permitido está prohibido”.
El IFE no quiere volver al criterio de 1997, asumió como inamovible el criterio del 2000, que le permitió a FOX llegar a la presidencia, y existe una “verdad social” confirmada por el Tribunal Electoral, la Suprema Corte, los expertos, etcétera, en donde todo mundo dice, las precampañas no están prohibidas y no se puede hacer nada al respecto. Sin embargo, las precampañas son un mecanismo paralelo a la ley electoral, que viola todas sus finalidades, y como lo he dicho en otras ocasiones, son la ley de la selva, el estado de naturaleza, la guerra de todos contra todos. Si el IFE mediante un acuerdo del Consejo General, pusiese fin a este desorden, estaría prohibido por ejemplo, que cualquier particular, precandidato, tercero, etcétera, contratase tiempos en radio y televisión, porque como dice, el artículo 48.1 del COFIPE: Es derecho exclusivo de los partidos contratar estos tiempos y, los particulares no pueden hacerlo porque lo prohíbe el artículo 48. 13 del COFIPE.
2) Otra cosa que el IFE podría hacer, pero no hace, tiene que ver con la interpretación del artículo 48 del COFIPE en relación a lo previsto por los artículos 43 y 46 de esa ley. El artículo 48. 1 dice: “Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales, conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo…”. “El 48.8 dice: “…el Instituto procederá, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a dar a conocer los tiempos, canales y estaciones para cada uno de los partidos políticos, con el objeto de que lleven a cabo directamente la contratación respectiva. De igual manera, la propia Dirección Ejecutiva comunicará a cada uno de los concesionarios o permisionarios los tiempos y horarios que cada uno de los partidos políticos está autorizado a contratar con ellos”. Es decir, aunque es derecho exclusivo de los partidos contratar los tiempos de radio y televisión, está contratación no va por la libre, está ceñida obligatoriamente a la determinación que haya hecho la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE. Esto es, el IFE, mediante un acuerdo del Consejo General, podría establecer un mecanismo de supervisión a los partidos para que la contratación que éstos realicen sea, necesariamente, la que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos haya determinado. De esta manera, por lo menos en parte, los partidos estarían limitados y supervisados en sus compras de tiempos de radio y televisión. La finalidad de la norma es obvia, busca la equidad y la racionalidad en las compras que realizan los partidos, los que no pueden comprar más allá de lo que haya determinado el propio IFE, una vez que se agota el sinuoso procedimiento que establece el artículo 48 de la ley electoral. Durante 2003, se intentó aprobar un acuerdo en el Consejo General de esta naturaleza, pero los partidos, todos, lo rechazaron.
3) Otra cosa que podría hacer el IFE, es prohibir las bonificaciones -rebajas o disminución de las tarifas- que los medios hacen a los partidos. Una bonificación es una donación, un regalo que la empresa de medios, hace a un partido, ya sea por el monto de su compra, por razones de simpatía o por otras razones. Los argumentos que el IFE podría esgrimir son los siguientes: 1) En los términos del artículo 49.2 del COFIPE, se considera financiamiento prohibido las donaciones que realizan las empresas mercantiles a los partidos; y, 2) Las bonificaciones impiden la certeza -principio rector del IFE- en los monitoreos que éste realiza para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los partidos.
4) El IFE podría hacer y no hace, dar cumplimiento cabal, mediante un acuerdo del Consejo General, del derecho de aclaración o réplica ante los medios de comunicación electrónica que establece el artículo 186 párrafo tercero del COFIPE, el que dice: “Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, podrán ejercer el derecho de aclaración respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades o atributos personales. Este derecho se ejercitará, sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral…”.
5) El IFE, podría pero no hace, hacer efectiva las normas que prevén los artículos 182.4 y 182 A.5 del COFIPE. Estos artículos dicen que la propaganda electoral de los partidos debe destinarse a la exposición de la plataforma electoral. El 182 A. 5 determina: “Cada partido político deberá destinar el 50% de las erogaciones que realice para propaganda en radio y televisión en programas para la difusión de su plataforma electoral, la promoción de sus candidatos, así como su análisis de los temas de interés nacional y su posición ante ellos”. Es decir, la propaganda en medios, no puede tener sólo una connotación de superficialidad, es fundamental que los partidos divulguen programas, plataformas electorales e ideas. Si no lo hacen, el IFE, puede sancionarlos, en los términos de los artículos 38.1 y 269 del COFIPE. Hasta el momento, el IFE, no ha sancionado a ningún partido por la violación a estos preceptos, ni ha elaborado un acuerdo del Consejo General que desarrolle las citadas normas.
6) El IFE, podría, hacer efectiva, la obligación del artículo 46.2 del COFIPE que dice: “Los tiempos destinados a las transmisiones de los programas de los partidos políticos y del Instituto Federal Electoral, tendrán preferencia dentro de la programación general en el tiempo estatal en la radio y televisión. Se cuidará que los mismos sean transmitidos en cobertura nacional y los concesionarios los deberán transmitir en horarios de mayor audiencia”. Esta norma se incumple frecuentemente, y el IFE, suele no presentar denuncias ante las autoridades correspondientes -Gobernación-por la violación de estas normas. Durante 2000, presenté como Consejero denuncias al respecto, las que no fueron tramitadas y además fui perseguido por ello.
7) En materia de tarifas, el IFE tampoco presiona a la Secretaría de Comunicaciones al cumplimiento y aplicación de los artículos 52 al 57 de la Ley de Radio y Televisión para que publiciten las tarifas de contratación de los medios. Ello permitiría difundir ampliamente las tarifas para evitar privilegios a ciertos partidos y limitaría las indebidas bonificaciones. La Secretaría de Comunicaciones dejó de cumplir con su obligación de publicar las tarifas de contratación de los medios desde los años setenta. Las medidas anteriores, junto con otras, que en cumplimiento de la ley, el IFE realizara, podrían propiciar condiciones de mayor exigencia a los medios de comunicación electrónica y, sobre todo, implicarían el cumplimiento a sus obligaciones, lo que redundaría en equidad en las contiendas, menor dispendio, campañas algo más propositivas y, se contribuiría en parte, al establecimiento del Estado de Derecho, pues ya no habría factores reales de poder tan margen del Derecho y las instituciones. No obstante, el IFE, parece no querer hacer nada al respecto. En consecuencia, continúa la ley de la selva y el descrédito de la política. Ninguna autoridad asume sus responsabilidades en un proceso electoral que se ventila al margen de las leyes y las instituciones. En estas condiciones, no nos asombremos de lo que pueda ocurrir en un futuro muy cercano.