Javier Corral Jurado
El Universal
Como no lo recuerdo de otro momento, el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, estará cargado de una enorme agenda legislativa. Marcadamente saturado de los pendientes reglamentarios que han dejado las importantes reformas constitucionales que se acometieron a lo largo del 2013: Telecomunicaciones, Competencia Económica, Transparencia, Anticorrupción, Energética y Político-Electoral. Si nos atenemos a la Ley Orgánica que rige para ambas cámaras, en los tres meses que dura este segundo periodo, deberán realizarse por lo menos 26 sesiones. Pueden programarse otras, pero dentro de este mismo lapso. Aparece así, ya colmado, el calendario de la confección de las leyes.
El proceso legislativo deberá dar trámite preferente a las iniciativas que con ese carácter presente el Presidente de la República, conforme quedó establecido en el artículo 71 de la Constitución, mismas que deberán ser discutidas y votadas por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales.
Esta abierta la esperanza de que la mayoría de los Diputados y Senadores concreten en normas secundarias los principios constitucionales por los que tanto nos hemos ufanado como indiscutibles pasos históricos de transformación social, política y económica. La labor es titánica, particularmente en materia electoral y energética. Se espera que haya congruencia entre el decir constitucional y el hacer reglamentario. Sin embargo, las características políticas del momento en que se desarrollará el periodo, así como la sola dinámica de saturación a la que el Congreso fue conducido por el cronometro presidencial, presentan riesgos muy altos, que llaman a un seguimiento muy cercano y puntual de la conducta de los legisladores.
En los casos de países autoritarios, donde los Congresos existen de manera ornamental, las sesiones de la Asamblea deliberativa son contadas, pero saturadas de asuntos en el orden del día que, a duras penas, pueden conocerse de manera consciente.
Es cierto que nuestro país ha venido desarrollando un proceso democratizador, que tiene en la división de poderes una de sus realidades. Pero eso mismo ha producido que el Congreso sea sujeto de la infiltración directa de estrictos intereses partículares que, en las dinámicas de prisa, confusión, presión o división interna de las bancadas, se aprovechan para modelar leyes a su medida.
El caso más reciente de ese modus operandi fue la modificación que de madrugada llevaron a cabo diputados personeros de las televisoras a la minuta senatorial de reforma electoral, de la que cambiaron la palabra “adquirir” por “comprar”, en el tema de cobertura informativa en radio y/o televisión, establecida como una de las nuevas causales de nulidad de una elección. Esa maniobra se planeaba desde el Senado, donde no pudieron introducirla por estar más avispados los legisladores, sin embargo se aprovechó literalmente la somnolencia de la cámara baja para meter gol, casi a las tres de la madrugada. De regreso al Senado la minuta y detectada la modificación de los Diputados, se argumentó con singular cinismo que ya no se podía corregir, pues se ponía en riesgo toda la reforma política electoral, toda vez que los Diputados habían clausurado el periodo cuatro días antes de su plazo legal.
Refiero este ejemplo, enmarcado en una lógica de asalto dentro de las prisas y las sesiones nocturnas, porque describe perfectamente cómo en una reforma constitucional, con todo y el seguimiento del Pacto por México, se produjo tal tracalada.
Las reformas que vienen requerirán sólo de mayoría simple; el PRI ya tiene en ambas cámaras esa fuerza. La tiene propia en la Cámara de Diputados y desde mediados del año pasado, el PRI consiguió ya en el Senado para diversos objetivos los votos necesarios con miembros de otras bancadas. No se descaró todavía porque estaban en medio las reformas constitucionales que necesitaba para el sexenio, pero éstas ya están promulgadas, y ahora puede fácilmente usar la descomposición de la oposición en el Congreso, para redireccionar las leyes secundarias hacia los intereses de los poderes fácticos con los que sigue actuando en perfecta connivencia, y puede contar además con la ayuda de algunos del PAN, del PRD o del PT; he ahí el caso de la Televisión.
La crisis que vive el PAN tiene su principal arena de conflicto y disputa en el grupo parlamentario del Senado; aunque en la Cámara de Diputados tenga el peor rostro de su fractura moral. El PRD enfrenta su división en las dos cámaras, fragmentadas las mismas corrientes, que no son pocas. En este río revuelto, no hay duda que el PRI buscará su ganancia como gobierno federal, apuntalándose en las reformas secundarias; tampoco debemos descontar que los intereses económicos y políticos afectados por las reformas constitucionales buscarán disminuir o diluir las medidas más importantes en las leyes reglamentarias. Hay que estar más alertas que nunca.