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Presentación de Iniciativa para transparentar recursos de grupos parlamentarios

Honorable Asamblea: La propuesta que presento ahora, lo hago por supuesto a nombre propio y de los y las senadoras que a continuación enlisto. El Senador Ernesto Cordero Arroyo; la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza; la Senadora Marcela Torres Peimbert; el Senador Alejandro Encinas Rodríguez; el Senador Manuel Bartlett Díaz; la Senadora Layda Sansores San Román; y el Senador Luis Sánchez Jiménez.
La iniciativa que ponemos a la consideración de esta cámara tiene como objetivo regular tres grandes objetivos: La transparencia en el uso y destino de los recursos públicos que reciben los grupos parlamentarios. Un sistema de rendición de cuentas a la sociedad; y regular los conflictos de intereses en la actividad legislativa y parlamentaria.
En una sociedad democrática las autoridades deben actuar con escrúpulo en el uso, destino y comprobación de los recursos económicos con los que cuentan para el debido ejercicio de sus funciones.
Rendir cuentas no solamente es una nueva manera de concebir el ejercicio del poder, sino una exigencia ciudadana, y significa estar al alcance de aquellos a quienes se representa para explicarles con oportunidad, calidad y respeto las causas y las razones del por qué, y cómo se ejerce la función y los recursos públicos.

Así, la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de toda persona al acceso a la información pública, son valores fundamentales y constitutivos en la construcción de los gobiernos democráticos, en donde los ciudadanos y los individuos en general deben estar informados de lo que hacen los gobernantes, y cómo lo hacen; de cómo ejercen, y en qué los recursos públicos con el propósito de evaluar la gestión de sus representantes y participar de manera responsable y enterada en las decisiones públicas que les conciernen.
Los principios y valores que se enuncian en esta iniciativa son válidos para los tres poderes de la Unión y para los tres niveles de gobierno: una mayor transparencia, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias. Pero cobra una mayor relevancia cuando se trata del Poder Legislativo donde se originan las leyes que construyen las instituciones, facultan y otorgan atribuciones a los poderes de la Unión, por lo que las Cámaras del Congreso deben ser un ejemplo de transparencia sobre los recursos económicos que ejercen y en las tareas que realizan.
Cuando se deja de regular la transparencia el conflicto de intereses y el tráfico de influencias queda en peligro la legitimidad del Poder Público y la legitimidad de los representantes populares.
En este sentido, la propuesta que hoy ponemos a la consideración de la Honorable Asamblea consiste en establecer las disposiciones necesarias que permitan conocer el uso y destino de los recursos públicos que reciben todos los grupos parlamentarios, permitir la realización de auditorías de la gestión de los mismos por parte de la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores, a la vez regular el conflicto de intereses y económicos que pudieran tener los legisladores en el ámbito de lo previsto en la Constitución General de la República, los tratados de los que el Estado mexicano es parte y la legislación secundaria en materia de rendición de cuentas, combate a la corrupción e incompatibilidad de funciones.
Se propone la adición del numeral cuatro al artículo 11 para establecer el deber que tienen los diputados y senadores del Congreso de la Unión, de realizar su labor de representación política de manera desinteresada, transparente y evitar influencias contrarias al interés general, y que su desempeño se apegue a los principios establecidos en el título IV de la Constitución en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado.
Hay que reconocer que en el ejercicio de nuestra función de representar políticamente a los ciudadanos o los intereses colectivos de nuestras entidades federativas no podría considerarse como un conflicto las gestiones que realizan para beneficio de intereses públicos, sociales o gremiales; asimismo, aquellos legisladores que se encuentren o crean encontrarse en un conflicto de interés tendrán la obligación de excusarse absteniéndose de votar y notificarlo a la Junta de Coordinación Política para que se realicen, en su caso, las modificaciones en la integración de la Comisión como lo prevé el artículo 47 fracción XIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Esto en relación a que en los artículos a reformar proponemos establecer lo que se entiende por conflicto de intereses y económico respectivamente, así como lo que no estaría considerado como conflicto de intereses. A la definición de conflicto de interés incluye la posibilidad de obtener un beneficio directo cuando se obtiene en la persona del legislador, o bien un interés indirecto, como sería el caso de beneficiar su cónyuge, concubina o concubinario, familiares en línea recta o colaterales hasta el tercer grado.
Sentimos que en el momento que vive el Congreso de la Unión ante la importancia capital, estratégica de las decisiones de las Cámaras es importante elevar nuestra reglamentación y, por supuesto, nuestra Ley Orgánica del Congreso de la Unión para transparentar nuestra actuación y poner por encima de cualquier interés particular el interés público. Ante el creciente papel central, protagónico del Congreso de la Unión en las decisiones financieras, fiscales, legislativas, presupuestales del país, sentimos que estas reformas se hacen necesarias.
Por su atención, muchas gracias.

 

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