Javier Corral Jurado
El Universal
El principal problema del paquete fiscal del presidente Enrique Peña Nieto, es la ausencia de una propuesta seria de uso eficiente, racional y transparente del gasto público; no existe en la reforma disposiciones que lleven a un control unificado del ejercicio presupuestal y por lo tanto que permitan una vigilancia efectiva del destino de los recursos. Esta ausencia debiera ser suficiente para que en lo general, el Congreso rechace la propuesta. El gobierno federal pretende ingresos adicionales por 500 mil millones de pesos y no hace un sólo compromiso de austeridad y honestidad. Quiere más impuestos, pero menos fiscalización.
Esa es la mayor preocupación y queja de mucha gente, “quieren más dinero para robárselo”. La mayor encarnación de esa protesta son los gobiernos de los estados, la forma en que los gobernadores despilfarran los recursos públicos. Las exhorbitantes cantidades destinadas al control de medios de comunicación vía los convenios de publicidad, es de los gastos más insultantes e impunes a la vez.
En términos reales sigue siendo letra muerta el Artículo 134 de la Constitución al mandar que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
La corrupción representa el mayor y más grave problema de México. Lo envilece todo, porque mina la confianza y la credibilidad ciudadana. De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por International Transparency, México pasó de estar en el lugar 51 en 2001 con una calificación de 3.7 en el IPC a la posición 105 con calificación de 3.4 en 2012.
Teniendo a la vista el tamaño del problema, lo más delicado es la hipocresía con que se ha conducido el gobierno del presidente Peña Nieto en los temas de transparencia y acceso a la información, así como su resistencia a un auténtico órgano anticorrupción, esto es, independiente del Ejecutivo. La abierta oposición a la autonomía del Ministerio Público.
Por ello, es indispensable llevar acabo la reforma que instale en el país las instituciones y mecanismos para investigar y sancionar actos y delitos relacionados con la corrupción. Nuestra agenda legislativa establece como un eje prioritario la creación de un nuevo sistema nacional de rendición de cuentas que incorpore 1) Controles estrictos al endeudamiento de los estados y los municipios; 2) la Creación del órgano constitucional autónomo para el combate a la corrupción, con atribuciones expresas para ejercer acción penal, y 3) Leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia de transparencia.
La creación de órganos especializados en el combate a la corrupción ha sido una preocupación permanente del grupo parlamentario del PAN en el Senado. En la actual legislatura presentamos varios senadores una propuesta integral que permita investigar y sancionar la corrupción de una manera efectiva, que abarque desde prevención, investigación y sanción en materias administrativas y penal, e incorpore mejores mecanismos de coordinación interinstitucional. Se trata de un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, que permita coordinar con mayor efectividad a las diversas instancias encargadas del combate a la corrupción y que se aboque, no solamente a la aplicación de sanciones, sino también a la prevención, mediante políticas públicas, educación, la creación de un Registro de Servidores Públicos y de su patrimonio, con mecanismos para la evaluación de los programas y canales para la participación ciudadana, entre otros.
La propuesta recaudatoria de Peña debe encontrar una respuesta contundente en el Poder Legislativo, obviamente desde la oposición, para sancionar ejemplarmente la autorización, manejo, uso o supervisión indebida de fondos o recursos públicos; las omisiones en el cumplimiento de obligaciones de los servidores públicos que ocasionen deficiencias o consecuencias graves en el servicio público; el favorecer o inducir favores, privilegios o ventajas de manera indebida a un tercero, o a su propia persona, por parte de los servidores públicos, en las decisiones bajo su competencia o supervisión. Además de la solicitud y/o recepción de esos privilegios bajo conocimiento de los mismos por parte de cualquier persona física o moral, para sí o para un tercero o mediante interpósita persona.
Debe tener consecuencias penales y administrativas el obtener beneficios de cualquier tipo, fuera de sus prestaciones oficiales, para un servidor público, ya sea directamente o por interpósita persona, por su participación en el ejercicio de sus funciones. Así como el ofrecer u otorgar los mismos a servidores públicos de manera directa, o por interpósita persona, por parte de cualquier persona física o moral. El promover o celebrar actos administrativos en donde exista conflicto de intereses.
Para el PAN en el Senado el combate a la corrupción requiere de una propuesta integral, no de soluciones superficiales y cosméticas. Como parte de nuestra visión, seguiremos impulsando también la aprobación de legislación en materia de deuda pública en estados y municipios y nos empeñaremos en que la reforma constitucional en materia de transparencia �que ha vuelto al Senado de la Cámara de Diputados� pronto se haga realidad.