Javier Corral Jurado
La Silla Rota
La serie de reformas que se están procesando en este momento en el Congreso Mexicano, tienen una importancia capital. Pueden incluso orientar el rumbo del país hacia otra dirección. Para bien o para mal. La aprobada reforma fiscal muestra con crudeza la forma en que rápidamente se puede regresar a escenarios que parecían superados, como el endeudamiento.
Esa misma reforma ha mostrado la importancia del voto a la hora de elegir a los representantes populares, y más aún, la debilidad de la institución congresional al carecer de reglas básicas para transparentar su funcionamiento, mostrar el ejercicio detallado de los recursos económicos y delinear con claridad el límite entre negocios privados e interés público.
El apresuramiento por la reforma energética, coloca enormes preocupaciones sobre los intereses que realmente saldrán beneficiados. Los argumentos de los promotores de la apertura total del petróleo a los extranjeros, de la mano de los cabilderos de las empresas transnacionales, causa escalofríos.
En las distintas etapas de nuestra evolución parlamentaria, el dinero ha merodeado curules y escaños; ha sido el “aliciente” más recurrente para controlar, disciplinar, uniformar el criterio legislativo. Por supuesto han estado también presentes los motivos de la cohesión partidaria, la unidad frente a los adversarios, las razones de Estado. Pero no hay duda que en el intercambio de dádivas a los legisladores, los intereses estrictos han modulado, detenido o confeccionado a su medida proyectos legislativos.
La ley Televisa es la reina de ese bajo mundo. El Congreso se ha convertido en el vértice del poder contemporáneo de la Nación, con definiciones que trastocan esquemas, relaciones de poder e intereses económicos muy grandes, por lo que su actividad no puede seguir estando al margen de disposiciones normativas que el propio legislativo ha previsto para los demás poderes y niveles de gobierno. Me refiero a los elementos básicos de un sistema de rendición de cuentas, en los que de manera prioritaria se enliste la transparencia total de los recursos que los grupos parlamentarios reciben del erario público, los diferentes apoyos, compensaciones, viajes, asesorías; un registro pormenorizado de los intereses profesionales, económicos y familiares de cada legislador para evitar tanto el tráfico de influencias como el propio conflicto de intereses. Si los cabilderos externos – sin reglas para encauzar debidamente su acción de interlocución – acechan preocupantemente al Congreso, lo más delicado son los cabilderos disfrazados de legisladores. El contubernio entre éstos es demoledor para el interés público.
La importancia creciente del Congreso le está imprimiendo a la vez un sello de captura cada vez más fuerte por parte de intereses creados, grandes compañías nacionales y trasnacionales a través de mecanismos de lobby están imponiendo una dinámica cada vez más parecida a la norteamericana.
Es necesario actuar para que ni el Estado, vía la férrea disciplina de partidos, ni los partículares a través del mercadeo de voluntades, impongan decisiones por encima de la razón y por abajo de la dignidad. Ante la trascendencia e importancia del papel que está jugando el Congreso y la capacidad de influencia y seducción de los grupos económicos hacia éstos, junto con otros colegas senadores de diversos partidos, presenté el mes pasado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión que busca hacer frente a la primera parte del problema, atendiendo tres aspectos fundamentales:
1) La transparencia en el uso y destino de los recursos públicos que reciben los Grupos Parlamentarios
2) Rendición de cuentas a la sociedad
3) Regular los conflictos de intereses.
En este sentido se establece el deber que tienen los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión de realizar su labor de representación política de manera desinteresada, transparente y evitar influencias contrarias al interés general y que su desempeño se apegue a los principios establecidos en el Título Curto de la Constitución, De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado. Se establece que existirá un conflicto de interés cuando los diputados o senadores tengan un beneficio personal directo o bien, beneficios indirectos a través de interpósita persona, su cónyuge, concubina o concubinario, familiares en línea recta o colaterales hasta el tercer grado.
Así mismo, aquellos legisladores que se encuentren o crean encontrarse en un conflicto de interés, tendrán la obligación de excusarse absteniéndose de votar y notificarlo a la Junta de Coordinación Política para que se realicen, en su caso, las modificaciones en la integración de la Comisión, como lo prevé el artículo 47, fracción XIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Se incorpora un artículo 13 Ter a la Ley Orgánica del Congreso, con el objetivo de que los legisladores no obtengan beneficios económicos indebidos en la realización de sus funciones de representación política o bien, realicen actos en contra de los intereses de la Cámara a la que pertenezcan o del Congreso de la Unión.
Se señala la obligación de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y Senadores, así como legisladores que las conforman (incluidos los independientes), de informar mensualmente sobre el uso y destino de los recursos con los que cuentan, así como de informar semestralmente a la Contraloría Interna de la Cámara para que efectué las auditorías correspondientes, cabe señalar que esta información será pública y estará de forma accesible y permanente, con la intención de cumplir con los principios de máxima publicidad. Deberán informar detalladamente en qué y cómo fueron utilizados los recursos recibidos, distintos a los de su dieta.
El hecho de que algunos servidores públicos se niegue a proporcionar información, ser transparentes en el ejercicio de los recursos públicos y estar claramente desvinculados de intereses personales que entorpezcan el correcto desempeño de la función pública se encuentra ligado a una concepción tradicional y patrimonialista. Lo que debe ser claro es que el ciudadano tiene derecho a acceder a la información sobre el ejercicio de los recursos públicos y del desempeño de la función de los servidores públicos, puesto que de una u otra manera es el sujeto esencial en la cuestión pública, porque la función de representación política y el uso de recursos, le concierne de forma directa. José Antonio Crespo, dice que: “La rendición de cuentas es un elemento esencial de las democracias. Supone la capacidad de las instituciones políticas para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones, en los distintos niveles de poder.
Eso permite, dentro de lo posible, evitar, prevenir y, en su caso, castigar el abuso de poder. El principio de la rendición de cuentas busca conciliar el interés colectivo con el interés particular de los gobernantes. Si los gobernantes, funcionarios, representantes y líderes políticos (…) saben que pueden ser llamados a cuentas, que su acción política, su desempeño gubernamental y sus decisiones podrán generar efectos positivos o negativos a su interés personal, tendrán mucho mayor cuidado en el momento de ejercer el poder, y atenderán tanto el interés colectivo como la relación de medios y fines en el quehacer gubernamental, precisamente para que el resultado de sus resoluciones no afecte o perjudique el interés general, o el particular de sus gobernados y representados. “…si la ciudadanía �o sus representantes� decide que su mandatario es en exceso ineficiente para manejar los negocios públicos, lo removerá y sustituirá por otro. Esa es la llamada responsabilidad política. Si el mandatario en cuestión es descubierto habiendo transgredido la ley (…), entonces no sólo será destituido sino, además, penalizado conforme lo que establezca la propia ley. En tal caso hablamos de una responsabilidad legal.
La rendición de cuentas supone, pues, que un gobernante en cualquier nivel de gobierno podrá ser sujeto de responsabilidad política �removido del poder� o responsabilidad legal �castigado penalmente.” La desconfianza que se ha generado en los ciudadanos hacia las instituciones y hacia los gobiernos tiene que ver con la ineficiencia y con los escándalos donde se han visto involucrados quienes son responsables de tomar decisiones, incluso sin que exista castigo ejemplar hacia estas personas. La preocupación creciente por el respeto a un mínimo de principios éticos en la actuación pública se basa en la existencia de ciertas prácticas que empañan la percepción ciudadana sobre el buen hacer de los servidores públicos. Si los principios y valores contenidos en una mayor transparencia, regulación del conflicto de intereses y el tráfico de influencias son válidos para los tres Poderes de la Unión y para los tres niveles de gobierno, cobran una mayor relevancia cuando se trata de Poder Legislativo, donde se originan las leyes que construyen las instituciones, faculta y otorga atribuciones a los Poderes de la Unión, por lo que las Cámara del Congreso de la Unión deben ser un ejemplo de transparencia sobre los recursos económicos que ejerce y en las tareas que realizan. Cuando se deje de regular la transparencia, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias queda en peligro la legitimidad del Poder público y la legitimidad de los representantes populares.
Las Cámaras del Congreso deben ser ejemplo de transparencia sobre los recursos económicos que ejercen y en las tareas que realizan, pues cuando se dejan de regular la transparencia, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, queda en peligro la legitimidad del Poder público y la legitimidad de los representantes populares.