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IFAI, la batalla esencial.

Javier Corral Jurado

El Universal

Mañana discute y aprueba el Senado de la República, la reforma constitucional que otorga autonomía plena y carácter nacional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IFAI). De confirmar la cámara de diputados los cambios contenidos en la minuta, estaremos ante la presencia de una reforma de gran calado, que consolida uno de los derechos humanos fundamentales para el ejercicio democrático y es pilar en todo sistema de rendición de cuentas. Los contenidos de esta reforma se centran en el fortalecimiento del órgano garante del derecho de acceso a la información, que con una actuación de poco más de diez años, se ganó no sólo su autonomía constitucional bajo el principio de definitividad e inatacabilidad de sus resoluciones, sino la confianza política que significa convertirlo en un órgano de jurisdicción nacional para conocer de recursos de revisión en el ámbito local: “…conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley”.  Es del conocimiento público el nivel de retroceso que la transparencia y el acceso a la información ha tenido en las entidades federativas, al servicio y contentillo de los gobernadores la actuación de los organismos locales garantes de la información pública. La ampliación de los sujetos obligados bajo la competencia del IFAI es también uno de los logros más importantes de la reforma. Quedan comprendidos “cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros”. La trascendencia de estos cambios se explica además en la enorme resistencia que se produjo entre la clase política en el gobierno para concretarlos; reinstalado el PRI en Los Pinos ya no tuvo la misma disposición que mostró en campaña y tras las elecciones, cuando en su condición de Presidente Electo, Peña Nieto ofreció un paquete de reformas para crear un sistema nacional de rendición de cuentas: fortalecer el IFAI, crear un órgano nacional anticorrupción y regular la publicidad oficial. En los tres temas el gobierno ha modificado sus intenciones, ha postergado y reculado. El proceso legislativo que impulsó los cambios constitucionales para fortalecer al IFAI es el más largo de todos los que se han llevado acabo en la presente legislatura. Si la reforma se aprueba por ámbas cámaras en éste mes de noviembre, habrá durado un año y dos meses exactamente. Fue el Senado de la República la cámara de origen; ahí se depositaron desde el primer mes de la legislatura, las iniciativas por parte de las tres principales bancadas. Emergió una minuta de gran consistencia que logró la unanimidad. Se recibió en la Cámara de Diputados el 21 de diciembre de 2012, y a lo largo de ocho meses, se pretendió hacerle rebajas absurdas, inadmisibles, a  través de varios anteproyectos que fueron denunciados públicamente por las organizaciones ciudadanas. Fue el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio, el encargado de tratar de achicar la reforma constitucional. No lo logró del todo, pero consiguió para su jefe el Presidente de la República, exceptuarlo del principio de definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, porque otorgó al Consejero jurídico del Gobierno la facultad de interponer un recurso de revisión ante la SCJN cuando la información ponga en peligro la seguridad nacional, y ya sabemos todo el amplio mundo de supuestos que puede contenerse en ese concepto. Lo que se incorporó al dictamen aprobado en sesión extraordinaria del 22 de agosto de 2013, por 418 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención. También se incorporó entonces un artículo transitorio, el cuarto, para que los actuales comisionados del IFAI que desearan continuar en su cargo hasta el periodo para el que fueron designados, presentaran una nueva solicitud de ratificación ante el actual Senado. Se saciaba así, el deseo de reconformar la actual composición del órgano garante y buscar una nueva integración con el claro propósito de configurarlo ad hoc al actual gobierno. De regreso a la Cámara de Senadores el mismo 22 de agosto, se volvió a turnar a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción, de Participación Ciudadana y Estudios Legislativos Primera. En la nueva revisión, el Banco de México desplegó un fuerte cabildeo con el propósito de convertirse en un sujeto más que pudiera interponer el recurso de revisión frente al principio de inatacabilidad, que se había conferido al Presidente. La abusiva pretensión se basó en el estratégico mandato que le confiere el artículo 28 constitucional, pero para lo cual, la ley ya establece con toda claridad la reserva de información cuando se ponga en peligro la estabilidad financiera, económica o monetaria del país. Se desatendió concederle tal privilegio. Para asegurar que no sobrevenga un órgano garante que pueda poner en riesgo mandatos e instituciones, esto es, que se volviera loco, se incorporó en el artículo 105 constitucional que La Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca también, de las controversias sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales o por la violación a los principios de actuación del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, o sea el IFAI. Con todo y que en el pimponeo entre cámaras la “reforma del IFAI” perdió la contundencia y claridad del primer dictamen votado en el Senado, la batalla esencial está ganada, porque se consiguió lo importante y se atajó lo abusivo. Ahora sigue la reforma a la ley secundaria.

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