Gracias por invitarme a participar en este importante simposio, a mi, que no soy eso que suele llamarse un intelectual. Felicito al maestro Francisco Toledo, a José Woldenberg y a Enrique Florescano, por esta oportuna iniciativa. Incluir el tema de los medios en una convocatoria de esta naturaleza, es una oportunidad y una esperanza para quienes participamos de la reforma democrática de la Comunicación Social en México. Sumar a la discusión nacional sobre este asunto un campo intelectual más amplio resulta muy significativo; importantes y prestigiados espacios de discusión intelectual, para no acarrearse problemas, prefieren darle la vuelta a una preocupación social y política de nuestros días: el nuevo poder mediático y sus efectos en la desdemocratización de la democracia. Por ello me parece trascendente este hecho.
El pasado 29 de agosto pasado, en el Palacio de Bellas Artes, la principal empresa televisora del país, Televisa, logró reunir – en lo que hace ya muchos años no veíamos-, a prácticamente toda la clase política del país, y al constituyente permanente en pleno. En efecto, estaban ahí gobernadores, legisladores, ministros de la Suprema Corte, secretarios de Estado, dirigentes de partidos, los candidatos más importantes, poderosos empresarios, y por supuesto el Presidente y su esposa. Fue una pasarela artística-política-intelectual-empresarial-cultural. Fue una especie de “Siempre en Domingo” pero en lunes.
Además de los motivos expresamente anunciados de celebrar México, en inusitado fervor nacionalista, la convocatoria y el contenido del evento era un acto de poder, que ninguno de los tres poderes constitucionales, ni juntos, logran hoy. Muy pocos de la lista general de invitados no asistieron. En el acto hubo danza, canto y discurso. Quienes hicieron uso de la palabra, los escogidos de Televisa (Don Lorenzo Servitje, Krauze, Alejandro Fernández entre otros), hicieron advertencias sobre la desunión del país, y reclamos sobre la crispación política. En su cara, la empresa les dijo que los estaba viendo, y no le gustaba nada la forma en que se comportan los actores políticos.
El próximo 29 de Septiembre, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el segundo socio más importante de la misma empresa televisora, y dueño de la red nacional de Telecomunicaciones, el Ingeniero Carlos Slim Helú, está convocando a los sectores productivos, a los actores políticos y la sociedad en su conjunto, a suscribir el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo.
Uno de los que promueve la convocatoria Slim, dijo: “Este es un acuerdo que firmaremos toda la sociedad, cualquier gobernante, cualquier partido se debe a la sociedad; aquellos que no se comprometan con este pacto nacional, el voto será utilizado por una sociedad cada vez más participativa que castigará a quien no tome las decisiones adecuadas”.
Otro acto de poder privado, desnudando la ausencia de la soberanía estatal, o por lo menos de su poder de convocatoria.
No es casual que esos actos de convocatoria privada se realicen en espacios públicos, como no lo es que se escoja la majestuosidad de Bellas Artes y la trascendencia histórica de Chapultepec. Así emerge, con una multiplicación de hechos como los que acabo de comentar y que tendrán presencia exactamente en el periodo de un mes, la nueva dimensión de los medios de comunicación en México, se han convertido en el centro del poder contemporáneo de nuestra Nación. De haber sido instrumentos de difusión relevantes en los veinte; de convertirse en el cuarto poder político a partir de los sesenta, como corresponsables del poder; desde la década pasada y en la entrada del nuevo milenio se han transformado en el vértice del poder actual. Más aún, han llegado a imponerle a la Nación una agenda propia. El funcionamiento de los medios ha atravesado la operación práctica de todas las instituciones sociales básicas para la dirección del país, al grado que ha substituido en algunos períodos o reubicado en otros a los órganos de administración social mas débiles o que están en crisis de funcionamiento y legitimación.
Ante la baja de credibilidad de muchas de nuestras instituciones, la capacidad de influencia y seducción de los medios ha construido nuevas credibilidades y hegemonías basadas en estrategias de mercado a partir del raiting.
En el espacio de relación simbólica que permanentemente producen los aparatos cotidianos de comunicación entre emisores y colectividades, es donde diariamente se construye o destruye mental y afectivamente al Estado y a la sociedad mexicana. Por consiguiente podemos afirmar que en la sociedad mexicana actual, cada vez más, las batallas políticas o sociales, se ganan o se pierden en los medios de comunicación colectivos y no en otras áreas de las contiendas sociales.
En una idea, a partir de las grandes capacidades persuasivas que han conquistado los medios sobre los campos de conciencia de los auditorios, las verdades mediáticas substituyen cada vez más al resto de verdades sociales, incluyendo a las jurídicas, éticas y morales. La idea misma de mando y poder se ha ido transformando entre la misma clase política e intelectual. Recordemos la ronda de consulta a 380 líderes de opinión en El informe sobre la Democracia en América Latina del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. A la pregunta de quién ejerce el poder en cada uno de sus países, Presidentes, expresidentes, jueces, ministros, legisladores, empresarios, escritores, intelectuales entre otros, respondieron en esta proporción: el 84,7% opinan que los poderes fácticos, los grupos económicos/empresarios/sector financiero; el 76, 2% opinan que lo ejercen los medios de comunicación. Sólo el 34,% opina que manda el Ejecutivo, el 17 % el judicial, y el 8,5% el poder legislativo.
Esta dinámica de substitución tiene como base dos ejes, el aprovechamiento que los medios hacen de los casos de corrupción política para propiciar una idea generalizada de descrédito de lo público, y el mismo proceso de debilitamiento político – que el informe reconoce : “La política tiende a perder contenido por la disminución de soberanía interior del Estado, atribuible al desequilibrio en la relación entre política y mercado; la presencia de un orden internacional que limita la capacidad de los Estados para actuar con razonable autonomía; la complejización de las sociedades que los sistemas de representación no pueden procesar”.
El 2004 y el 2005 han sido años de video escándalo; no se inauguró en nuestro país la corrupción, simplemente se le documentó con la fuerza de la imagen. La televisión no inventó los casos, ni siquiera los filmó directamente, sólo seleccionó y editó los materiales, y envió todos los mensajes posibles a una clase política donde muchos de sus miembros tienen faltas bien acreditadas e historias vulnerables. Como nadie, la tele aprovechó la corrupción oficial. Y como nadie ha aprovechado la falta de visión a largo plazo del actual gobierno, su debilidad para entender a la comunicación social como algo mucho más allá de la publicidad y la promoción constante de la imagen personal.
En estos años hemos visto una rápida evolución hacia lo peor de la televisión, tanto para la educación como para la cultura y la democracia. Las dos principales televisoras han conseguido las más grandes canonjías y dispensas legales que grupo particular alguno hayan obtenido del Estado en estos años.
El decreto del 10 de octubre de 2002, que descontó de un jalón cerca de 13,000 millones de pesos a la industria de la Radio y la Televisión en el pago del llamado impuesto del 12.5% de tiempo aire de transmisión; la toma del Cerro del Chiquihuite sin responsabilidad legal alguna hasta la fecha, pasando por las autorizaciones para explotar salas de juego y apuesta remota – con permiso expreso de hacerlo por vía electrónica, esto es, casino en su casa -, así como el bloqueo sin justificación legal para detener el arreglo financiero de los trabajadores del Canal 40, con el único fin de lograr su absoluta asfixia – que le debe faltar horas -, todos estos son hechos que han ido delineando la idea del nuevo poder mediático.
Es que además, se les ha liberado casi totalmente de la obligación legal de respetar los horarios de clasificación para transmisión de contenidos; la comercialización de la pantalla está a niveles nunca antes vistos – ya se nos pasan goles en los juegos de futbol, que era algo verdaderamente sagrado, por culpa de la coronita -, el fenómeno mercantil tiene en los telejuegos, sorteos y concursos, ganancias espectaculares. El teléfono asociado con la Tele, crean más que un poder sustancial de mercado, un asalto en despoblado a la gente.
Y me voy concretando a la televisión, porque no es un medio de comunicación más, sino que se ha convertido, en todas partes, en el espacio político por excelencia, que ha reemplazado a la plaza pública y a los locales partidarios. Por lo mismo, el progresivo deterioro de la vida democrática a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se asocia de manera notable con la protuberancia de este medio, que es, por ello, motivo de las más diversas y profundas preocupaciones (Sartori 1998, Popper, Bourdieu). En su trabajo “Libertad de Información y propiedad de medios”, publicado en Nexos 316, Luigi Ferrajoli, dice “la televisión antes que los periódicos que llegan a los lectores, es cada vez más un lugar público, caracterizado por su capacidad de intromisión y de invasión en la esfera privada… Así la televisión se configura como el principal problema actual de la democracia”.
Nuestro mayor teórico e investigador de la Comunicación Política, el Dr. Raúl Trejo Delarbre, señala que los poderes fácticos (catalogados como “instituciones de las que por su importante peso social pueden influir de hecho en la política del país”), allí han estado siempre. Han sido entendidos de diversa manera, desde inevitables en el ejercicio de la actividad pública. Contrapesos al poder institucional. Pero hay poderes fácticos que crecen y no en beneficio sino en demérito de la democracia”.
“Lo peor es cuando quedan al margen de la ley, o cuando las leyes no son suficientes para acotarlos. Y cuando de ellos surgen abusos y exacciones de diversa índole en contra de los derechos de los ciudadanos, tenemos que esos poderes de hecho se convierten en salvajes. Los que amenazan la estabilidad institucional de las sociedades y los Estados contemporáneos”.
El actual poder de los medios se ajusta – según Trejo Delarbre -, puntualmente a la noción de poderes salvajes. Las empresas de comunicación siempre son poderes de hecho, influyentes sobre los asuntos públicos y con agendas que no necesariamente corresponden a los intereses de la sociedad.
Por eso es fundamental incorporar a la relación medios- Estado-sociedad, un concepto fundamental que es la Responsabilidad. Y la responsabilidad significa capacidad para responder. En las más atroces economías que tienen al mercado como rey, y precisamente porque esa voracidad mercantil existe resultan necesarias las fuentes de moderación y responsabilidad que se encuentran en dos ejes: La autorregulación y las leyes.
La ética es indispensable pero voluntaria para los actores. El Estado es inevitable. Hay un carácter complementario de la ética y la regulación estatal, pero nunca un substituto.
La regulación estatal: como uno de los recursos que tiene la sociedad para que sus intereses sean considerados en las decisiones que les afectan, entre ellas, el funcionamiento de los medios de comunicación.
Y uno de los mayores problemas en el funcionamiento de los medios es su alta concentración en unas cuantas manos. No hay país en el mundo democrático que tenga los niveles de concentración mediática como el nuestro.
En televisión existen 722 canales. 465 estaciones, el 64%, están bajo el régimen de concesión para uso comercial y, 257, 35% son permisos, para transmitir programas culturales, educativos y de servicio. En radio existen 1470 estaciones. 79% de ellas (1164) son comerciales y el 21% (306) son permisos. El 25% (65) de los permisos otorgados se encuentran en tramite de instalación. Y el 14% (37) tienen entre 0 a 500 Watts y solo 6 cuentan con mas de 5.000 Watts.
La actual ley permitió que nuestro país contara con un modelo de medios electrónicos, en el que sólo el 80% de las concesiones de explotación comercial se concentran en dos empresas. Televisa mantiene el 64% de ese cien por ciento, y Azteca el 36%. No encontramos otra ciudad en el mundo, donde una sola empresa tenga en su capital nacional cuatro señales abiertas en la banda VHF.
Como no ha funcionado un Registro Publico de Concesiones y permisos, no podemos saber si en el restante 20% también participan de alguna forma cualquiera de las dos empresas que dominan las frecuencias.
La Radio está mucha más diversificada y plural en contenidos. Sin embargo, el 80% de las frecuencias se reparten en sólo 13 grupos radiofónicos, en donde sólo dos de ellos, detentan poco más del 40%.
Varios grupos radiofónicos presentan una importante participación de inversión extranjera, mediante la figura de la inversión neutra, que en realidad se ha convertido en un mecanismo de simulación de la inversión extranjera directa. Por lo menos trece grupos radiofónicos tienen este esquema en el país.
Por eso hemos insistido en que el Poder Legislativo ha de acometer una reforma a la legislación de los medios electrónicos de comunicación en atención fundamentalmente a los intereses de la sociedad, sin descuidar los legítimos intereses de la industria de la radiodifusión, el Congreso debe poner por encima de todo el interés de la Nación.
Por supuesto que estamos de acuerdo en que un proceso de legislación en la materia, debe atender las posiciones de los actores directamente involucrados. Pero una cosa es la consulta y otra es que sólo se pueda legislar con la autorización de los obligados. Como sólo quiere hacerlo la clase política en su mayoría.
Quienes postulamos una reforma en esta materia, no nos oponemos a que la radio y la televisión sea negocio, de lo que diferimos es que sólo negocio sea. La ley actual no le sirve a nadie, esta desfasada en todos los sentidos. Fue promulgada en enero de 1960, cuando ya la radio llevaba 40 años y la TV 10 años. Operaban en el país 357 estaciones de radio, y 20 canales de televisión atendiendo a una población de 16 millones de habitantes. Actualmente tenemos 722 canales de TV y 1470 emisoras de radio con una población de 100 millones.
Por su anacronismo y obsolescencia esta ley no se aplica; tiene sanciones inoperantes, por lo que merece muy poco respeto. Existen vacíos jurídicos, ausencia de normas y garantías para los medios no comerciales. Y provoca un claro predominio del modelo comercial en la radiodifusión.
Por lo tanto, los temas fundamentales de esa reforma: crear un nuevo sistema para la distribución del espectro radioeléctrico y el otorgamiento de las concesiones y permisos, con criterios claros y objetivos; que entre otras cosas se considere la propuesta de programación de contenidos a transmitir y su vinculación con los principios y objetivos de la Ley, así como la forma de garantizarlos ante el Estado; Que su participación como prestador del servicio de radio y televisión, contribuya a la pluralidad de la oferta programática, y a la competencia económica real. Que para el refrendo o ratificación de una concesión se obligue a la revisión de su expediente, verificando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley; en el titulo de concesión y demás disposiciones legales aplicables.
Establecer límites a la concentración de la propiedad de medios, que los prestadores del servicio de radio o televisión, cuando sean titulares directos o por medio de personas morales, filiales o subsidiarias en las cuales posea participación accionaría, no puedan obtener más concesiones o permisos en el mismo servicio, categoría y plaza que represente más del treinta y cinco por ciento de las frecuencias operando en ese mismo servicio, categoría y plaza.
Se requiere por supuesto de una autoridad con los mayores niveles de autonomía e independencia, tanto del poder ejecutivo como del Congreso, y mecanismos para aplicar la nueva ley con sanciones verdaderas. Sin autoridad autónoma y sin reglas de competencia económica será imposible considerar que hemos tenido algún avance en el marco jurídico para la televisión y la radio. Ambos temas forman parte de la demarcación entre un régimen discrecional, autoritario y discriminatorio y un orden con reglas modernas.
Un nuevo estatus jurídico para los medios públicos, que les reconozca su personalidad y los oriente hacia el servicio público, dándoles posibilidades de comercialización de sus producciones y servicios publicitarios. Democratizar y distribuir de manera equitativa el uso de los tiempos oficiales. Que los prestadores del servicio de radiodifusión transmitan programación nacional en un porcentaje no menor al 50% del tiempo total de la programación diaria. Que un 20% de la programación nacional sea contratada a productores independientes.
Un registro público de concesiones y permisos, con el objetivo de hacer pública y accesible a todo ciudadano la información referente a la radio y televisión y su operación en México. Esta situación a pesar de haberse abierto un poco más con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información es aún información que presenta complejidades para que los ciudadanos podamos conocer quienes son los que, a través de la radio y la televisión, establecen agendas, valores y nos moldean, en muchos casos, las decisiones fundamentales que se deben tomar en un Estado democrático.
Garantizar el derecho de réplica es una demanda largamente aplazada; debe establecerse el derecho de rectificación, aclaración o respuesta para los ciudadanos, definiendo los procedimientos para su plena vigencia y mecanismos para atender controversias.
Debemos alejarnos del viejo y viciado esquema bilateral (Estado-concesionarios) para definir un nuevo modelo trilateral básico (Estado, concesionarios y sociedad) para darle otra orientación ciudadana al nuevo pacto social comunicativo, expresado vía la ley.
Este es uno de los desafíos del presente mexicano, porque representa una de las asignaturas más importantes que quedan pendientes en el camino que nos queda por recorrer en la democratización plena de México, pero sobre todo, porque permite apreciar algunos de los obstáculos primordiales en la construcción democrática del país y “no pocos de sus riesgos futuros”.
Y otro de los retos fundamentales es controlar el dinero en la política y regular de manera transparente y justa la relación de los partidos políticos, las campañas y los medios de comunicación. De lo contrario nuestra democracia terminará a expensas de de los dueños del dinero y de los medios de comunicación, que es lamentablemente una tendencia cada vez más creciente.
Poner bajo un régimen legal moderno la relación de partidos y medios es el reto quizá más importante del futuro democrático de México. Desde la importante Reforma política de Reyes Heroles de 1977, cada reforma electoral ha tenido un eje central. Representación proporcional, justicia electoral, ciudadanización de órganos electorales, registro electoral. Esta tendría que ser la reforma del dinero, medios de comunicación y elecciones.
Todo está regido hoy por el libre mercado, en donde la dictadura del spot, tiene a disposición de no más de 20 personas el 60% del gasto total extraordinario para campañas en lo federal; lo que luego se reproduce y aumenta en los Estados.
Se trata del mayor negocio privado con recursos públicos. Se explota un bien de dominio de la nación que nos pertenece a todos, y se financia en muy buena proporción el dinero público destinado a la construcción de la democracia.
Por eso, mientras logramos que en México se prohíba en definitiva la compra de publicidad, y solo se usen los tiempos de Estado, debemos por lo menos regular y transparentar la contratación, y dejar esta tarea como función exclusiva de los órganos electorales federal y locales. Es fundamental que se elimine la tarifa política, las tarifas diferenciadas y el condicionamiento de acceso a medios por la vía de contratar publicidad. Por ahí apuntan varias iniciativas locales.
Saquemos a la política de la dictadura del spot. El problema es que la publicidad tiende a reprimir toda explicación. Y si la televisión reduce, la publicidad política en televisión prácticamente desaparece la racionalización, un elemento que se convierte en clave para la toma de decisiones en lo que supone una auténtica democracia. Podría afirmar que el exceso de lo publicitario – sobre todo de lo que se atrapa en diez, veinte o treinta segundos y se repite en frecuencia de saturación -, está siendo una derogación intelectual de la calidad de los contenidos doctrinales, ideológicos, programáticos de la política. La calidad de la democracia por los suelos.
En realidad, el planteamiento no es reciente. Revisa, en términos hasta cierto punto dramáticos, uno de los debates más antiguos que reaviva la controversia “entre la abstracción del pensamiento y la tentación icónica” – como diría, Lisa Block de Behar en su excelente trabajo El Lenguaje de la Publicidad. “La controversia entre la reflexión contra la fascinación de los juegos de imitación, la exterioridad fulgurante de la imagen en detrimento de la inteligibilidad, el deslumbramiento contra la lucidez, contra la profundidad de un discurso que, acaso por no imitar, critica”.
De ahí pues que, y en primerísimo lugar, en términos de la escalada reduccionista del lenguaje publicitario en campañas, haya un primer detrimento del proceso político electoral democrático. La preferencia por la imagen, el desuso progresivo de la palabra, hace que con mucha frecuencia sobren las palabras, por tanto los compromisos. Es que no se dice, fundamentalmente se muestra.
A lo anterior se suma, lo que para mi es el mayor riesgo para la legitimidad democrática. El acceso a la publicidad política en los medios electrónicos de comunicación está dominado por el dinero, no por la soberanía y el derecho propio que el Estado tiene en el espectro radio eléctrico del país, como un bien del dominio de la Nación.
La legitimidad proviene del reconocimiento que el electorado hace de sus gobernantes; en el reconocimiento de que quienes ejercen el poder en el gobierno obedece a una decisión ciudadana tomada de manera democrática. En este sentido, la antesala de la legitimidad de un gobierno se encuentra en el sistema electoral.
La antítesis de la legitimidad es la ilegitimidad. Es la carencia de credibilidad e invalidación del orden establecido lo que en muchas ocasiones es la evidencia de contradicciones en el orden necesario que construye la legitimidad misma. Cuando se deja de creer en el sistema establecido en especial en el proceso electoral estamos empezando a construir la ilegitimidad y a construirse los cimientos de la ingobernabilidad.
Situación más grave aun se presenta con estos conceptos cuando no solo la credibilidad se pone en entredicho sino que genera rechazo y violenta la confianza en un sistema electoral y en consecuencia en sus propios resultados. Hoy enfrentamos la violencia que genera el grosero, innecesario y ajeno a toda ética y razón del gasto publicitarios que los partidos políticos ejercen y que los empresarios de los medios festejan a costa del gasto publico que los ciudadanos hacemos para ello. Se dice que la “democracia cuesta” y nada mas falso que eso, pues lo que nos cuesta es la falta de democracia.
La legitimidad la otorga la credibilidad ciudadana respecto a la validez de un determinado orden político. Hoy la sociedad está cuestionando seriamente el modelo de financiamiento a las campañas.
Del monto solicitado por el IFE para 2006, 11 mil 858.6 millones de pesos, 4,926.1 millones se destinarían al financiamiento de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales y 6,932.5 millones representan el gasto mínimo de operación requerido para llevar a cabo el proceso electoral federal 2005-2006. Adicionalmente, y por primera vez, el presupuesto del IFE considera una partida de mil 62.1 millones de pesos para hacer efectivo el voto de mexicanos en el extranjero. Dicho presupuesto es 75 por ciento superior al utilizado en las elecciones federales de 2000, que tuvieron un costo operativo y de financiamiento a partidos por casi ocho mil millones de pesos.
De los 4,926.1 millones de pesos, no incluyendo en el cálculo los cuarenta millones de pesos presupuestados para monitoreo de noticieros en radio y televisión, y de repetirse el comportamiento de las campañas de 2000 y 2003, el conjunto de los medios recibirá 3,127.04 millones de pesos, de esa cifra el 85% va para medios electrónicos de comunicación.
Por ahora no me es posible determinar con exactitud la mezcla de dinero público y privado en esa contratación. Lo cierto es que el gasto representa ese porcentaje de lo que el Estado otorga a los partidos. Así, desprovista la publicidad política de contenidos programáticos, y documentada la montaña de dinero desde la que se compra la voluntad y no se convence, no puedo más que reiterar lo ilegítimo e inmoral de ese dispendio sin ideas.
Efectos:
En síntesis, de no reformarse este modelo de comunicación y los marcos normativos sobre radio y TV, continuará en las próximas décadas el viejo modelo de información colectiva que ha durado 54 años en el país y que contribuyó crear a la tremenda decadencia mental, psíquica y espiritual de nuestra sociedad. En este sentido, con esa inmovilidad legislativa continuaremos teniendo para las próximas décadas más cultura salvaje, con su respectivo triunfo de la cultura idiota y no la creación de una cultura y comunicación sustentable que nos permita sobrevivir armónicamente en el siglo XXI en nuestra nación. Así, el tercer milenio mexicano vuelve a nacer con el viejo espíritu opaco, discrecional, cerrado, vertical, viciado y autoritario del viejo modelo de comunicación nacional, que ha dominado en las últimas décadas en México.
Se mantendrán las antiguas condiciones de aplicación de la práctica de la discrecionalidad política en la generación y supervisión del proceso de comunicación electrónica colectiva en el país, evitando que reine la transparencia y la pluralidad de opciones.
No se reconocerán los derechos comunicativos básicos de la población como la existencia de una verdadera libertad de expresión y de un auténtico Derecho de Réplica.
La dinámica de la comunicación colectiva en México se mantiene regulada por la lógica de la Mano Invisible del mercado comunicacional y no por la lógica de las políticas rectoras del Estado. Se seguirán robusteciendo las condiciones para contar con más mercado salvaje y menos Estado.
Los medios se convertirán, cada vez más, en enemigos de la democracia y no en sus aliados.
El rescate del espectro radioeléctrico generado por la conversión tecnológica, no se dará a favor del Estado, sino a favor de los concesionarios. Con ello, se reforzará en proporciones gigantescas la tendencia a la concentración vertical comunicativa.
Con la acumulación de éstas tendencias comunicacionales el Estado será, cada vez, más substituido por el poder mediático y sus intereses monopólicos.