Leído en voz del Vicepresidente del Senado, Raymundo Cárdenas Hernández, en la última sesión del período ordinario de sesiones que concluyó el pasado 14 de diciembre, los Coordinadores Parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM. Enrique Jackson, Jorge Zermeño, Jesús Ortega y Gloria Lavara Mejía, respectivamente, emitieron un comunicado dirigido a todos los Senadores de la República en el que se comprometieron en una decisión histórica tomada por consenso y en representación de sus respectivas bancadas a que, la iniciativa de ley, y su respectivo dictamen, referido a la nueva Ley Federal de Radio y Televisión se someterá a discusión y votación del pleno durante el mes de febrero del año 2005.
“Desde ahora -dice el comunicado—, convocamos a las comisiones dictaminadoras, a realizar las audiencias y reuniones de trabajo necesarias, para escuchar las opiniones de legisladores, expertos, académicos, y a los concesionarios de Radio y Televisión, y a todos los que consideren oportuno”.
De esta manera se concretó el acuerdo promovido en la sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos realizada el lunes 13, en el sentido de sesionar para discutir y votar el dictamen, el miércoles 16 de febrero a las 11:00 de la mañana.
La manera en que finalmente se resolvió dar cauce a la discusión y votación del dictamen, no pudo ser mejor. Por primera vez un proceso legislativo en esta materia llega tan lejos, y con un claro compromiso de no ir más allá de febrero para votar. En conciencia cada quien, pues como lo apuntó Manuel Bartlett en su espléndida defensa del proyecto de ley, este tema ha trascendido sensiblemente a los partidos. Es un asunto de la Nación, en el mejor interés de la sociedad mexicana.
Al abrirse un plazo mayor para la discusión y el debate del dictamen, se elimina el pretexto de no contar con el tiempo suficiente para plantear las impugnaciones y observaciones.
Fuera los pretextos, no habrá otro camino que discutir y plantear abiertamente las posiciones en torno a una de las asignaturas más importantes de la Reforma del Estado, pues la reforma a la Ley de Radio y Televisión tiene por objetivo la consolidación de nuestro sistema democrático. La reforma que se propone no busca sólo la actualización de la ley vigente y la modernización de los medios masivos de comunicación, lo cual de por sí es de gran relevancia, sino también una transformación más profunda que inserte a la radio y televisión en la dinámica democrática y las haga reflejo de la sociedad plural y diversa que caracteriza a nuestro país.
Estamos convencidos de que la radio y televisión tienen una importantísima labor que cumplir en el México contemporáneo, la ley debe impulsar que dicha misión se cumpla a favor del interés social. Nadie de quienes buscamos esta nueva legislación desconoce o se opone al carácter comercial de esta industria, pero creemos que debe existir un equilibrio entre su renta particular y su hipoteca social.
No hay mucho que abundar sobre la participación definitiva que tienen la radio y la televisión en la vida de la gran mayoría de los mexicanos, su papel en la toma de decisiones de nuestra sociedad es evidente y ha sido objeto de miles de estudios desde la academia. Baste con decir que configuran una de las principales fuentes de información, de entretenimiento y de formación de la sociedad, desde la más tierna infancia de los individuos.
De ahí que una de las propuestas más importantes de la reforma sea la de crear el Consejo Nacional de Radio y Televisión; tema que ha suscitado la virulenta reacción de las empresas televisoras.
Como resultado de la discusión y el debate generado en la reunión de las Comisiones Unidas, celebrada el lunes 13 de diciembre del presente año, el dictamen vuelve a incorporar la propuesta de la Subcomisión senatorial encargada del análisis y estudio de la iniciativa, en cuanto a considerar a la autoridad reguladora como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que pueda cumplir sin contravención constitucional alguna, la importante función de otorgamiento de concesiones y permisos para operar estaciones de radio y televisión; tal y como sucede con otros organismos desconcentrados en la administración pública federal, es el caso de la Comisión Nacional del Agua, por citar un ejemplo. El Consejo Nacional de Radio y Televisión se concibe así, como una de las medidas más importantes para acotar la discrecionalidad política, mantiene su integración colegiada y está integrado por consejeros independientes, designados por el Presidente de la República con la participación de la Cámara de Senadores (que podrá objetar alguna o todas las designaciones), con permanencia e inamovibilidad en el cargo durante períodos transexenales y renovados de forma escalonada.
Hay que señalar con toda claridad que la participación del Senado de la República no constituye una facultad ratificatoria, pues dentro de sus facultades exclusivas señaladas por la constitución no se contempla, sino que se trata de un aval de la representación nacional en la Cámara Alta para que la integración de este importante consejo reúna en efecto los requisitos de probidad, competencia y antecedentes profesionales relacionados con el objeto de la ley. Es la misma figura que se plantea en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la opinión senatorial no vincula al Ejecutivo a sustituir a los objetados, no lo podrá hacer, pero constituiría una desaprobación política. Un órgano cuya atribución fundamental es la vigilancia del cumplimiento de esta importante ley, requiere de la mayor legitimidad que sea posible.
El consejo está diseñado como un órgano fuerte, que realiza las principales funciones gubernamentales con respecto al sector de una manera más independiente; administra el espectro radioeléctrico para la prestación del servicio, (otorga, renueva, modifica y revoca concesiones, permisos y asignaciones directas); vigila el cumplimiento del derecho de réplica y atiende las inconformidades de operadores y público ante la acción de la autoridad o inconformidades con los prestadores del servicio, entre otras.
