La reforma integral de la Ley Federal de Radio y Televisión, pospuesta por décadas por el miedo de los políticos en el poder, es ya una urgente necesidad ante la creciente demanda de que los medios cumplan con el responsable ejercicio de la libertad de expresión y cumplan a cabalidad con el derecho a la información que no se agota en el acceso a la información pública. Los medios electrónicos por utilizar un bien de la nación como lo es el espectro radioeléctrico, tienen la obligación de cumplir con su responsabilidad social de servicio público y el Estado la obligación de regular el cumplimiento irrestricto de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Por el papel que cumplen los medios en la democracia es indispensable establecer reglas claras para su funcionamiento, pues tanto el monopolio como el limitado acceso de los ciudadanos a los medios y la excesiva discrecionalidad con que el ejecutivo aplica la normatividad actual en la materia, atentan contra la pluralidad informativa y el derecho a la información de más de 100 millones de mexicanos, al centrarse la propiedad y operación de frecuencias en unos cuantos grupos.
Por la situación que guarda la libertad de expresión en nuestro país, especialmente en el ámbito de los medios electrónicos es que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México han recomendado al Estado mexicano que establezca las condiciones para delimitar la excesiva discrecionalidad del Ejecutivo en materia de concesiones y permisos, que haga efectiva la transparencia en el uso del espectro, acote la existencia de monopolios y permita el acceso de grupos ciudadanos a frecuencias radioeléctricas, como es el caso de los medios comunitarios, que a pesar de tener más de 30 años de existencia hasta la fecha no cuentan con el reconocimiento legal del Estado.
Las organizaciones sociales y civiles que hemos participado para lograr un cambio legislativo en la materia, elaboramos una propuesta que el Senado de la República convirtió en iniciativa de ley en diciembre de 2002, en ella planteamos la necesidad de contar con un órgano plural con amplia participación ciudadana para la regulación de los medios electrónicos, transparentar el otorgamiento de concesiones y permisos y el plural acceso a los mismos, así como una distribución equitativa de tiempos oficiales y reglas antimonopolio para evitar la concentración de los medios en unas cuantas manos, por atentar contra la pluralidad informativa y por lo tanto contra la democracia incipiente en nuestro país.
Es hora de que el poder legislativo cumpla con su responsabilidad en la materia, pues el Ejecutivo prefirió en su momento emitir un reglamento en octubre de 2002, mejor conocido como “el decretazo”, pasando por encima de la mesa de diálogo que se sostenía en la Secretaría de Gobernación con todos los actores involucrados y excluyendo las demandas ciudadanas.
Tanto la libertad de expresión como el derecho a la información deben estar garantizados por el Estado como todos los derechos humanos, por lo que no pueden estar supeditados solamente a las reglas del mercado y ser beneficio de unos cuantos grupos.
El ejercicio pleno de estos derechos deben de garantizarse en una nueva ley federal de radio y televisión que observe los derechos informativos de los mexicanos, así como el acceso a frecuencias de manera equitativa, como es el caso de los medios comunitarios, que se analizó a principios de este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington con un seguimiento cercano por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y que en este momento se encuentra en proceso de regulación con las autoridades federales que se han comprometido a darles los permisos, tema en el que las organizaciones estaremos atentas al proceso, sin embargo, la solución de fondo es que exista una normatividad que los reconozca y les dé condiciones equitativas para su existencia.
Asimismo, resulta fundamental que se cumpla con las recomendaciones contenidas en el Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México elaborado por la OACNUDH, que establecen que se debe reformar la legislación electoral a fin de optimizar la fiscalización y acotamiento de los gastos de campañas y precampañas electorales, revisar los criterios para la compra de propaganda de radio y televisión en tiempos electorales, sancionar a los medios de comunicación que no ofrezcan coberturas equitativas a todos las y los candidatos y partidos políticos, y garantizar el derecho de réplica en igualdad de condiciones a todos las y los candidatos y partidos, así como a todos los ciudadanos afectados por mensajes tendenciosos de información.
ORGANIZACIONES FIRMANTES
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, (AMARC-México)
Comunicación Comunitaria
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
Asociación de Documentalistas AdHhoc A. C.
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Centro Prodh
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH)
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vioria