– Respaldamos el proyecto de los senadores.
La modernización del país tiene que pasar también por el régimen legal para la televisión y la radio. El peso que esos medios han alcanzado en todos los asuntos públicos, la influencia que tienen sobre la sociedad y la concentración de muchas frecuencias en pocas manos que todavía existe en nuestro país, han convertido a la reforma legal para la radiodifusión en una de las asignaturas más urgentes dentro del proceso de renovación institucional en México.
El proyecto de nueva Ley Federal de Radio y Televisión que se discute actualmente en el Senado de la República responde, con sensatez y esmero, a esa necesidad de actualización jurídica. La deliberación que se ha desarrollado en diferentes foros durante más de un cuarto de siglo y las propuestas de partidos y organismos sociales para renovar el marco normativo de la radiodifusión han sido consideradas en ese documento cuya elaboración ocupó dos años de trabajo legislativo. Se trata de un proyecto de ley que, entre otras características, reconoce y garantiza derechos básicos de la sociedad, transfiere a un organismo autónomo las atribuciones regulatorias que hasta ahora -con frecuente discrecionalidad- ejerce el gobierno federal, respalda el derecho de los radiodifusores a trabajar con libertad y plenas salvaguardias, fomenta la competencia y norma el desempeño de los medios del Estado.
El proyecto, que fue elaborado por una subcomisión del Senado y que ahora está a consideración de toda esa Cámara, representa avances como los siguientes.
1. Garantiza plenamente la libertad de expresión en los medios electrónicos. Su artículo 129 señala: “El derecho a la información y la libertad de expresión a través de la radio y la televisión, no serán objeto de inquisición judicial o administrativa, ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerán en los términos de la Constitución y de las leyes”.
2. Establece el derecho de réplica, que no existe en la ley actual y que permitiría a todo ciudadano afectado “por informaciones inexactas o agraviantes emitidas por radio o televisión que le puedan causar un perjuicio” difundir su rectificación en el mismo medio.
3. Crea el Consejo Nacional de Radio y Televisión como organismo regulador, integrado por cinco ciudadanos que serían nombrados por el presidente de la República. El Senado tendría la facultad de objetar cualquiera de esas designaciones. Entre las facultades del Consejo estaría el otorgamiento de concesiones y permisos de radio y televisión. La creación del Consejo no supondría nuevas erogaciones ni ampliación de la burocracia estatal porque a él se asimilarían la estructura y los recursos que actualmente tienen las direcciones generales de Radio, Televisión y Cinematografía y de Radio y Televisión de las secretarias de Gobernación y Comunicaciones y Transportes, respectivamente.
4. Propicia la competencia y la diversidad de opciones en la televisión y la radio al establecer un máximo del 35% para el usufructo de concesiones por parte de una misma empresa en una misma zona geográfica. Esa norma funcionaría para el otorgamiento de nuevas concesiones e iría permitiendo, paulatinamente, la existencia de más opciones de radiodifusión en comparación con las que ahora existen.
5. Introduce la evaluación de las propuestas de programación, así como la búsqueda de equilibrios entre los emisores que pretenden transmitir en una misma zona, como algunos de los elementos para el otorgamiento de nuevas concesiones. Actualmente, a falta de reglas, el gobierno entrega las concesiones a su arbitrio y, con frecuencia, en secreto.
6. Señala formas de gobierno con participación de la sociedad, mecanismos de financiamiento y responsabilidades claras para los medios de radiodifusión propiedad del Estado.
7. Define, por otra parte, la figura de medios permisionados como aquellos que funcionan sin fines de lucro y con propósitos culturales, educativos y sociales, entre otros. En este rubro se encontrarían las emisoras comunitarias.
8. Instituye el Registro Publico de Radio y Televisión, que terminaría con la política del secreto que durante largo tiempo ha existido respecto de los datos acerca de concesiones, audiencias y otros temas relacionados con la radiodifusión en México.
9. Dispone que se publiquen las clasificaciones de los contenidos de radio y televisión, para los cuales se establecen horarios de acuerdo a distintas audiencias, a fin de que los padres de familia puedan decidir qué programas escucharán o verán sus hijos.
10. Respalda la producción de origen nacional que no sería menor al 50% del tiempo diario de cada emisora (salvo radiodifusoras de formato solamente musical). De ese porcentaje las cadenas nacionales tanto privadas como del Estado tendrían la obligación de contratar al menos un 20% a productores independientes. Además de crearía el Fondo Nacional para el Apoyo a la Producción de Radio y Televisión Independiente.
11. Deroga, para la radio y la televisión, el pago en especie del impuesto que estableció el llamado tiempo fiscal. En su lugar, amplía a una hora los 30 minutos que actualmente debe destinar cada emisora para difundir programas del Estado.
La aprobación de esa ley de radio y televisión significará un avance para el reconocimiento de los derechos básicos de ciudadanos y concesionarios, la convivencia respetuosa entre todos ellos y el avance a la diversidad en los medios electrónicos. Se trata de una iniciativa que, por esos motivos, tiene nuestro respaldo.