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A tribuna para presentar iniciativa con proyecto de decreto, para regularizar tractocamiones de procedencia extranjera, que se encuentran internos en forma irregular en los Estados Unidos Mexicanos.

* SESION PUBLICA ORDINARIA DE LA H. CAMARA DE SENADORES.

H. Senado de la República

* A tribuna para presentar iniciativa con proyecto de decreto, para regularizar tractocamiones de procedencia extranjera, que se encuentran internos en forma irregular en los Estados Unidos Mexicanos.

–  EL C. PRESIDENTE: Gracias, senador Michel Camarena.

Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

Tiene el uso de la tribuna el senador Javier Corral Jurado, a nombre propio y del senador Joaquín Montaño Yamuni, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, para regularizar tractocamiones de procedencia extranjera, que se encuentran internos en forma irregular en los Estados Unidos Mexicanos.

–  EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras senadoras, compañeros senadores: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de decreto para regularizar tractocamiones de procedencia extranjera que se encuentran internos de forma irregular en los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los siguientes antecedentes:

Primero.- Desde hace más de 10 años, tractocamiones ilegales entran a nuestro país, aprovechando al corrupción que impera en las aduanas y la inercia de las autoridades para frenar esta situación.

Este problema se originó cuando diferentes organizaciones campesinas obtuvieron permisos temporales, para la importación de unidades usadas, cuyo país de origen era el de los Estados Unidos de América, propiciándose de esta forma un mercado de compra y venta de tractocamiones, paralelos a la comercialización de vehículos en México.

Estas unidades, por sus características se conocen con el nombre de “hombre-camión”, donde el operador es el propietario, el mecánico y el administrador, etcétera.

Segundo.- En marzo de 2000, durante la administración anterior por conducto de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, y de Hacienda y Crédito Público, se emitió un decreto que posibilitó el registro de unidades importadas tipo pick-up, anteriores a 1991, con capacidad de carga entre 2,100 y 3,200 kilogramos.

Sin embargo, dicha autorización no cumplió con las expectativas de mucho de los propietarios de vehículos irregulares. Por lo que se generaron diversas movilizaciones a lo largo de la red carretera nacional, en demanda de una ampliación de los modelos y tipo de vehículos a regularizarse.

Tercero.- La solicitud de los propietarios fue considerada por los diputados de la Quincuagésima Séptima Legislatura, quienes propusieron un proyecto de Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehicular Mexicano; misma que fue turnada a la Cámara de Senadores, y analizada la problemática, se le dio un nuevo sentido a la propuesta, dando origen a la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera.

Cuarto.- El 21 de noviembre de 2000, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de los Senadores, emitieron el dictamen de la minuta con proyecto de Ley para la Renovación y Protección del Parque Vehicular Mexicano y proyecto de Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, mediante el cual se consideró urgente proceder a normalizar la situación y estadía en el país, de vehículos usados de procedencia extranjera, cuya propiedad se acredite y cuyos modelos sean de 1970 a 1993.

Buscando conciliar la necesidad de procurar la transparencia y legalidad en la posesión de dichos bienes, con la demanda de diversos grupos sociales, para evitar que se afecte parte de su patrimonio.

Quinto.- El 12 de marzo de 2001, el Ejecutivo Federal promulgó la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, con la que el Poder Legislativo pretendió dar respuesta a la problemática originada por la internación irregular al país de más de dos millones de vehículos.

El propósito de la ley, fue dar seguridad jurídica y bienestar a los propietarios de esos automóviles que se encuentran en posesión, en su mayoría de productores agropecuarios y campesinos, un sector que en la actualidad está muy desprotegido.

Asimismo, normalizar la situación y estadía del país, de los vehículos usados de procedencia extranjera, buscando a la vez conciliar la necesidad de procurar la transparencia y legalidad en la posesión de dichos bienes.

Sexto.- A diferencia del proyecto de los diputados de la Quincuagésima Séptima Legislatura, la propuesta de la Cámara de los Senadores no contempló la obligación, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se hiciera cargo del registro de vehículos irregulares, pero abrió las posibilidades para que los modelos a registrarse llegaran hasta 1993. además estableció una serie de elementos para beneficiar de manera directa a las entidades federativas, entre los que destacan la canalización a los estados de los recursos captados con motivo del registro y la responsabilidad directa del registro de las unidades en sus localidades.

Séptimo.- El 4 de febrero de 2003, en la Sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el diputado César Duarte, del grupo parlamentario del PRI, presentó la iniciativa de Ley para la Inscripción y Regularización de Vehículos Automotores de Carga de Procedencia Extranjera, mediante la cual se pretende garantizar el desarrollo de las actividades agropecuarias y de transporte de carga en general.

Octavo.- El 30 de abril de 2003, el diputado Reyes Antonio Silva Beltrán, integrante del grupo parlamentario del PRI, presentó ante la Honorable Cámara de los Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto que expide la Ley para Inscripción de Vehículos Automotores del Servicio Público de Transporte y Carga de Procedencia Extranjera.

Por otro lado, también se estableció como medida de incentivo, el que las entidades federativas obtendrán el 100 por ciento de los recursos recaudados, y se integrara un formo estatal especial para aplicarse en función de prioridades de cada estado.

Del monto recaudado, se destinará 40 por ciento a los municipios y se repartirá en los mismos, conforme a los criterios establecidos por los ordenamientos fiscales estatales.

Novena.- El 22 de mayo de 2003, en mi carácter de presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Honorable Senado de la República, envié oficio al arquitecto Pedro Cerisola y Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes, al licenciado Fernando de Jesús Canales Clariond, secretario de Economía y al licenciado Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de hacer de su conocimiento la problemática que enfrentan los representantes del Frente Unico de Transportistas Unidos de la Región de Chihuahua, integrado también por sectores productivos como fruticultores, agricultores, madereros y ganaderos, que llevan a cabo su actividad económica en diversos municipios del estado, los cuales están afectados por poseer una unidad de transporte que se encuentra internada en condiciones irregulares en el país.

En dicho oficio, se señaló que en el Estado de Chihuahua, aproximadamente 7 mil unidades tienen este problema, ya que de éstas, el 70 por ciento están dotadas de placas del servicio público federal, y el restante 30 por ciento con placas del estado, o portan engomados de identificación de asociaciones civiles, tales como U.C.D, la ONAPAFA o ODEPAFA y otras.

Algunos de los propietarios, compraron sus camionetas, sus camiones dotados de este tipo de documentos, así como sus respectivas placas…

(SIGUE 9ª. PARTE)

..así como sus respectivas placas del servicio público federal, creyendo que esta situación era totalmente regular, toda vez que para otorgar unas placas del servicio público federal, se requiere de una verificación de la documentación, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, no fue así, ya que fueron víctimas, algunos de ellos, de engaño, al presumir que dicha verificación se llevó a cabo en su momento.

Asimismo, que la gran mayoría de estas personas se encuentran financiando su unidad y que representa el único medio de sostén económico para millones de mexicanos, cuyo sustento depende de esta profesión.

También, se les informó que autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estaban llevando a cabo masivos decomisos a los propietarios de estas unidades, en varios Estados de la República.

Con fundamento en lo anterior, le solicité se instruyera una investigación de la situación en la que se encuentran estas unidades de transporte a efecto de que, conforme a derecho, se estudiara la posibilidad de llevar a cabo una regularización de las mismas, que les permitiera a los propietarios transitar por las carreteras de nuestro país, sin el temor de que se les decomise su unidad o de ser extorsionados por alguna autoridad.

Décimo, el 31 de julio del 2003, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, envíe oficio al licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; al arquitecto Pedro Cerisola y Weber, Secretario de Comunicaciones y Transportes; Al licenciado Fernando de Jesús Canales Clarión, Secretario de Economía, y al licenciado Francisco Gel Díaz, Secretario de Hacienda, mediante el cual se le solicitó que instruyeran, la investigación de la situación en la que se encuentran las unidades de transporte de carga que están internadas en el país en forma irregular a efecto de que, conforme a derecho, estudien la posibilidad de llevar a cabo una regularización de las mismas.

Asimismo, se propuso que se designara una persona que tenga facultades de decisión a efecto de que pudiera coadyuvar en una mesa interdisciplinaria, que sería conformada para elaborar una iniciativa cuya finalidad sea la de regularizar esta situación contando con la participación de representantes del sector.

Décima Primera, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, me reuní con representantes de las asociaciones a nivel nacional, que se encuentran enfrentando esta problemática, entre las cuales se encuentran el Presidente de CONAPI, en el Distrito Federal, diputado Edmundo Delgado Ramírez; el Presidente de Futura en Chihuahua, Carlos Tena Nevarez; el Delegado de CONAPI en Sinaloa, Abraham ..Osuna; el Delegado de CONAPI, en el Estado de México, Andrés Flores, el Vicepresidente de CONAPI en el Distrito Federal, Enrique Vázquez; el Delegado de CONAPI, en Sonora, Eliseo León López; el Secretario de CONATRAN en Sinaloa, Alberto Barrera y el Delegado de CONAPI en Hermosillo, Sonora, Héctor López Montoya.

Duodécimo, en el transcurso de este año, se han llevado a cabo reuniones de trabajo con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tales como el licenciado Alfredo García, representante de control fiscal aduanero; el licenciado Alberto Fernández, encargado de la auditoría fiscal de verificación de valoración y Pedro Gutiérrez Fix, titular de la administración central de comercio exterior a efecto de que los interesados pudieran exponer personalmente la grave problemática que enfrentan.

En dichas reuniones, se trató de buscar una conciliación entre los representantes de estos sectores y las autoridades, así como también de buscar la forma conforme a derecho en que sus unidades no se vean afectadas, hasta en tanto se regularice la situación ilegal en la que se encuentran.

Con fundamento en los antecedentes señalados es que varios senadores de la República, que suscribimos este documento, presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto bajo la siguiente Exposición de Motivos.

El proyecto de Decreto tiene como objetivo reconocer una realidad económica y social, dentro del territorio nacional, como lo es la internación ilegal de tractocamiones de procedencia extranjera, ya que de acuerdo a cifras proporcionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actualmente existen alrededor de 90 mil unidades de este tipo, que se encuentran en nuestro país.

Por otro lado, independientemente de la forma como dichos tractocamiones fueron internados al país, se debe reconocer que desarrollan una vital función, para las microeconomías regionales, ya que existen muchas comunidades aisladas, ejidos y pequeños sectores productivos que carecen de otro medio para transportar sus productos y/o materias primas, debido a que al autotransporte formal no les es rentable prestar su servicio a estos sectores.

El presente Decreto permitirá la regularización de los tractocamiones de procedencia extranjera a las personas que puedan demostrar la propiedad y la estancia de estas unidades, por varios años, dentro del territorio nacional, a través del pago de un derecho al Estado, así como el cumplimiento de acuerdo a las leyes especiales de los gravámenes que les sean aplicables.

La regularización del parque vehicular y el establecimiento de medidas de control para prohibir la internación de más tractocamiones irregulares, constituyen la base jurídica que impide se presente de nueva cuenta esta problemática.

Asimismo, con la implementación de esta medida se responde, por parte del Gobierno Federal a un justo reclamo de los productores agrícolas y de la gente del campo, ya que durante años estas personas han vivido con la incertidumbre y el temor de que se les incauten sus unidades y pierdan un patrimonio de gran valor que contribuye tanto a la realización de sus actividades económicas como para asegurar el sustento de sus familias.

Sin embargo, es evidente que una ley por sí misma no es suficiente para evitar que se generen prácticas y abusos durante el proceso de registro del parque vehicular, por lo que corresponderá al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales aplicar la normatividad para que el registro no se convierta en un medio de enriquecimiento para un reducido grupo de personas que mediante actos ilícitos podrían desvirtuar el sentido de la propuesta que estamos realizando.

La atribución otorgada por el Decreto, para regularizar tractocamiones de carga de procedencia extranjera, que se encuentran internos de forma irregular en México a las entidades federativas, requiere ser cumplida con rigor y responsabilidad, por las autoridades correspondientes.

Para ello, es necesario que se proceda a realizar el padrón y el registro para que se eviten acciones que podrían generar, de nueva cuenta, el ingreso masivo de tractocamiones y propiciar la consolidación de grupos que han hecho de la comercialización irregular de vehículos una forma para lucrar con personas de bajos recursos.

Asimismo, debemos hacer, a la par, un enérgico llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la administración general de aduanas se lleve a cabo una rigurosa clausura de nuestras fronteras al contrabando con la finalidad de que se impida la internación de más tractocamiones irregulares buscando evitar conflictos sociales en futuro, ya que los mismos no podrán gozar de los beneficios de la presente propuesta de Decreto.

Cabe hacer mención que las asociaciones que agrupen a los propietarios de tractocamiones irregulares deberán coadyuvar con las autoridades competentes que instrumenten la presente iniciativa con proyecto de decreto a fin de denunciar cualquier irregularidad, acto de corrupción, así como aquellas personas que incumpliendo con las disposiciones del mismo pretendan regularizar sus unidades irregulares.

Para dar pleno cumplimiento al Decreto para regularizar tractocamiones de procedencia extranjera, que se encuentran internos de forma irregular en los Estados Unidos Mexicanos, es necesario llevar a cabo una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, a efecto de incluir un Décimo Artículo Transitorio que establezca la facultad al Estado para cobrar el pago de derechos por la cantidad de 20 mil pesos, misma que se disminuirá proporcionalmente de acuerdo al año del modelo del tractocamión.

Esta disposición será considerada como un requisito para poder registrar y regularizar estas unidades.

Es importante señalar que es deber prioritario de los tres niveles de gobierno el promover, fomentar y conservar los empleos que necesita el país. Y en el caso de las medianas y pequeñas empresas, en el que están insertas estas actividades de…

(Sigue 10ª parte)

… empresas en el que están insertas estas actividades de transportes, se cumpliría en este decreto con dicha prioridad.

Conforme a los antecedentes y exposición de motivos, aquí leída, entrego a la Mesa Directiva, para el turno correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto para regularizar tractocamiones de procedencia extranjera que se encuentran internos de forma irregular en nuestro territorio nacional.

Están debidamente publicados los términos de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria. Solamente entrego este documento a la Mesa Directiva porque ha sufrido en las últimas horas algunos cambios en su clausulado.

Esta sería entonces la que suplico a la Mesa Directiva dar el turno que mejor corresponda para su desahogo y dictamen. Por su atención muchas gracias compañeros senadores.

(Aplausos)

–  EL C. PRESIDENTE: Gracias Senador Corral. Como ha sido solicitado, insértese íntegra en el Diario de los Debates.

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