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A tribuna para presentar Punto de Acuerdo para exhortar al IFE a cumplir con el COFIPE y la Ley de Radio y Televisión.

Intervenciones en Tribuna  
* Sesión Pública del Senado de la República.

H. Senado de la República

Compañeras senadoras, compañeros senadores:

Quisiera llamar la atención de todos ustedes en un asunto que es fundamental para el futuro inmediato de nuestra democracia y por supuesto para la disputa electoral del 2006 que ha iniciado formalmente de acuerdo al calendario electoral.

El pasado 13 de octubre el senador César Raúl Ojeda Zubieta del Grupo Parlamentario del PRD presentó un punto de acuerdo en que se exhorta al IFE a la suscripción de convenios de transparencia con los partidos políticos a efecto de que se obliguen a transparentar el origen, cantidad y destino de los recursos económicos que invierten en sus campañas y precampañas y se arribe a un pacto voluntario para que sea la autoridad electoral la encargada de contratar y distribuir equitativamente los tiempos en los medios electrónicos.

En esa propuesta de punto de acuerdo se presentó como detonadora la firma del convenio celebrado el 3 de octubre del 2005 entre el IFE y la empresa Televisa, para la colaboración e intercambio de información en el que la empresa se compromete con el Instituto a entregarle la información detallada sobre los contratos, condiciones y detalles de las campañas de promoción y publicidad de los partidos políticos en el proceso electoral del 2006.

Sin duda, convenios de buena voluntad siempre son bienvenidos, en particular, cuando a través de ellos se puede atender una demanda ciudadana de transparencia frente a procesos tan importantes para la necesaria legitimidad de os procesos electorales y en particular para la más necesaria credibilidad de los partidos que a través de sus gastos en materia de campaña generan una reacción que violenta a la ciudadanía ante los montos inexplicables ante la situación económica del país.

Un túnel sin fondo las campañas políticas para nutrir unos cuantos bolsillos de empresarios privados de los medios electrónicos de comunicación.

Ratificando el valor del a propuesta señalada y expuesta aquí por el senador Ojeda que espero y sé que pronto la Comisión de Gobernación estudia dictaminar no sólo me permito respaldarla aquí, sino que de manera complementaria me permito incorporar una serie de consideraciones que agregan un punto a esa propuesta de punto de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Resulta fundamental que este Senado reflexione, de manera responsable, en la recta final de su responsabilidad histórica en torno al papel fundamental que el IFE está llamado a cumplir en defensa de los procesos democráticos expresados en el derecho ciudadano al sufragio y a cumplir la responsabilidad constitucional que le sustenta como una institución de estado.

Resulta fundamental que este Senado reflexione de manera responsable en torno a estas obligaciones, el IFE debe actuar como una autoridad de imposición normativa en aras de que prevalezca el cumplimiento de la ley y supervisando puntualmente los procesos que garanticen su contribución al desarrollo de la vida democrática, no puede el IFE renunciar a sus atribuciones, o peor aún, a cederlas a una sola voluntad de las partes por más buena voluntad que sea.

En tal virtud, deja mucho qué desear el que haya permitido que el criterio de autorregulación sea el eje del convenio entre el IFE y Televisa. La autorregulación en el contexto de los medios de comunicación implica que los particulares que se sirven de un bien del dominio de la nación ajusten su comportamiento de manera individual y sin coerción por parte del estado dentro del marco ético que deriva de las finalidades a que se encuentra destinado el servicio público de radiodifusión.

La transparencia en el manejo de los recursos públicos es una exigencia, es una obligación de los entes públicos y los partidos políticos lo son, pero de igual manera, los sujetos privados, por el solo hecho de recibir recursos de los contribuyentes a través de las prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos, están llamados a la responsabilidad que implica la transparencia, es el IFE el que se encuentra facultado para exigir el cumplimiento de las normas de orden público como las contenidas en la propia Constitución General de la República y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ello es un ente constitucional autónomo, pues cuenta con el respaldo del poder público que caracteriza a todo ente gubernamental, lo cual le permite establecer en la mayor parte de los casos una relación de suprasubordinación en relación con los entes privados por más poder económico que éstos tengan.

Resulta inconcebible que la cláusula cuarta del Convenio se imponga al IFE la obligación de resguardar la información que reciba en los términos de las disposiciones de transparencia y acceso a la información pública.

Considera Televisa que deben reservarse los documentos que dan cuenta de los gastos realizados por los partidos políticos, aún cuando se trata de recursos públicos, resultaría absurdo que esa haya sido la pretensión de introducir tal carga para el Instituto Federal Electoral.

No parece pertinente que el Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral subestime las vías para la fiscalización al plantear que éstas carecen de oportunidad, exhaustividad y veracidad, la misma autoridad rebela su debilidad al cuestionar sus atribuciones y los instrumentos con los que hasta ahora cuenta para el pleno ejercicio de su responsabilidad.

En términos de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Federal de Procedimientos Electorales, el órgano regulador tiene atribuciones para -cito textualmente, entre comillas – “vigilar que los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos políticos y las agrupaciones políticas, se apliquen estricta e invariablemente para las actividades señaladas en la ley”, no existe impedimento para solicitar a los concesionarios de radio y televisión la información sobre los gastos de los partidos políticos en términos de la autorización prevista en el artículo 48.8 del Código Federal de Procedimientos Electorales.

Es verdad que las Precampañas no se encuentran incorporadas en el COFIPE, pero lo que si se establece es que el proselitismo y la compra de tiempos en radio y televisión se deben hacer durante las campañas y solo lo podrán hacer los partidos, según señala el artículo 48….

… según señala el artículo 48.1 del COFIPE y no los particulares, como lo establece también el 48.13 del mismo ordenamiento jurídico.

Durante el proceso electoral de 1997 el IFE sancionaba a los partidos cuyos candidatos o precandidatos comenzaron a publicitarse antes del tiempo de la campaña.

El artículo 41, los artículos 182 al 191 y los mismos objetivos del IFE en el artículo 69 del COFIPE, dejan claridad en el sentido de que los partidos y sus candidatos harán proselitismo precisamente en el momento de las campañas y no antes.

En este sentido, aún y sin las reformas legales necesarias -y este es un dato fundamental que los legisladores deben registrar- tanto en el COFIPE como en la Ley Federal de Radio y Televisión, el IFE puede y debe asumir su papel de autoridad y con las normas existentes promover su irrestricto apego a la legalidad.

Puede apegarse a lo establecido al artículo 48 del COFIPE. ¿Qué dice este artículo?: “Es derecho exclusivo de los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales conforme a las normas y procedimientos que se establecen en el presente artículo”.

Más aún, el 48.8 dice: “El Instituto procederá, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a dar a conocer los tiempos, canales y estaciones para cada uno de los partidos políticos, con el objeto de que lleven a cabo directamente la contratación respectiva. La Dirección Ejecutiva comunicará a cada uno de los concesionarios o permisionarios los tiempos y horarios que cada uno de los partidos políticos están autorizados a contratar con ellos”.

Reconociendo el derecho de los partidos a contratar los tiempos de radio y televisión, esta atribución debe restringirse a lo establecido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, esto significa que mediante un acuerdo del Consejo General se debería establecer un mecanismo de supervisión a los partidos para su contratación, con ello, el IFE puede garantizar tanto a los partidos como a los ciudadanos la equidad y la racionalidad en el gasto de los partidos que el IFE haya determinado.

El IFE debe hacer efectivo lo establecido en el artículo 182.4 del COFIPE que señala que: “La propaganda electoral de los partidos debe destinarse a la exposición de la plataforma electoral”, y el 182-A que determina que: “Cada partido político deberá destinar el 50 por ciento de las erogaciones que realice para propaganda en radio y televisión, en programas para la difusión de su plataforma electoral, la promoción de sus candidatos, así como su análisis de los temas de interés nacional y su posición ante ellos”.

Con ello avanzaríamos en acotar la propaganda superficial que tanto daño hace a la política y mucho ganaríamos si los partidos divulgan sus programas y plataformas electorales y los candidatos les explican a la gente para qué quieren el voto.

El IFE puede hacer efectiva otra obligación, por supuesto con voluntad, por supuesto con arrojo, por supuesto con valor, la obligación del artículo 46.2 del COFIPE en el sentido de que: “Los tiempos destinados a las transmisiones de los programas de los partidos políticos y del IFE tendrán preferencia dentro de la programación general en el tiempo estatal en la radio y la televisión. Se cuidará que los mismos sean transmitidos en cobertura nacional y los concesionarios los deberán transmitir en horarios de mayor audiencia”.

Señores: Desde que se impuso esta obligación en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales hasta nuestros días, es vergonzoso que jamás hayamos podido lograr que los concesionarios, sobre todo los de la televisión, cumplan la ley y transmitan los tiempos oficiales para partidos políticos en horarios de mayor audiencia. Esto habla de la debilidad no sólo del IFE, sino del conjunto de los actores del Estado.

El IFE debe exigir también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el cumplimiento de los artículos 54, 56 y 57 de la Ley Federal de Radio y Televisión que establecen que la secretaría vigilará que se apliquen correctamente las tarifas y que no se hagan devoluciones o bonificaciones que impliquen la reducción de las cuotas publicadas. Asimismo, que las estaciones deben tener a disposición del público las tarifas y sus formas de aplicación y no se concederán prerrogativas que impliquen privilegios de alguna empresa de radio o televisión en perjuicio de las demás, para que publiciten las tarifas de contratación de los medios. Incluso, las disposiciones anteriores son instrumentos para hacer cumplir lo establecido en el artículo 49.2 del COFIPE donde se considera financiamiento prohibido: las donaciones que realizan las empresas mercantiles a los partidos, y lograr tarifas igualitarias que eliminen las bonificaciones o rebajas que operan no sólo en contra de la equidad, sino como forma simulada de donativo que los medios hacen a los partidos.

El cumplimiento a las obligaciones, compañeros senadores, de los actores del proceso electoral redundaría en equidad en las contiendas, menor dispendio, campañas propositivas, pero sobre todo, contribuiría al establecimiento del Estado de Derecho y al fortalecimiento de la autoridad de una de las instituciones más importantes de la democracia mexicana que es el IFE.

Además de cumplir la ley el IFE puede impulsar, como mecanismo alterno para la fiscalización del gasto electoral, la suscripción de compromisos de transparencia con los partidos políticos para efecto de que en un ejercicio democrático sean ellos los que informen detalladamente a la sociedad y el Instituto respecto del origen, el monto y el destino de los recursos invertidos en sus campañas.

Por otro lado, pero sobre el mismo tema, es ocasión propicia para recordar que hace más de un mes se presentó un Punto de Acuerdo firmado por 70 senadores exhortando a las Comisiones Unidas y a la Mesa Directiva a retomar los trabajos relativos al dictamen de la iniciativa de Ley Federal de Radio y Televisión que, entre otros aspectos fundamentales, prevé normas específicas para la regulación de las campañas políticas en los medios electrónicos y confiere al IFE la exclusividad en la contratación de tiempos. Hasta la fecha, la única respuesta ha sido el silencio que fortalece el inmovilismo y desinterés de las Comisiones responsables del dictamen.

Por ello, se reitera el llamado a este Congreso para no renunciar a su potestad legislativa y de una vez por todas avance en una regulación moderna, equitativa y que responda al interés social, aprobando la Ley Federal de Radio y Televisión.

Compañeros senadores: Muchas de las reformas legislativas que en materia de radio y televisión tanto en COFIPE como en ley federal de la materia serían necesarias para esta jornada se nos han ido; el tiempo constitucional nos prohibió ya legislar en la materia. Con lo que el Instituto tiene en el actual COFIPE, de aplicarse, abonaríamos a la equidad y a la transparencia. Exijamos que se cumpla la ley y no permitamos ver a nuestros precandidatos o candidatos presidenciales, a nuestros candidatos al Senado, a nuestros candidatos al Congreso en General, rendidos ante el poder fáctico de unos cuantos que manejan los medios electrónicos de comunicación. No permitamos la rendición de la política al poder de unos cuantos…

… rendición de la política al poder de unos cuantos que tienen intereses muy claros. Lo dijo ayer Julio Scherer, en la Feria Internacional del Libro: “Intereses clarísimos: el dinero sin límite y el poder atrás, delante o a un lado del trono”.

Exhortemos al IFE a que con valor haga cumplir por lo menos estas disposiciones. Y ojalá que nosotros, si ya no fue para esta contienda electoral, por lo menos a los que vienen podamos garantizarles reglas más equitativas en la compleja, difícil, pero fundamental y necesaria transparencia de la relación, dinero y política, control del dinero en la política y transparencia a la relación partidos políticos, campañas electorales y medios de comunicación. No es el capricho de una minoría, es el anhelo social que insta al Congreso a dotarse de valor, a vivir la vida con más valor y de frente al futuro.

De lo contrario, compañeros, nos vamos a arrepentir no haber entrado a una materia fundamental como esta.

Por su atención, muchas gracias.

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