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Transparencia en aprietos

Transparencia en aprietos

-Javier Corral jurado

Por su fecha de promulgación y haciendo las cuentas del año que ha de transcurrir como marca su artículado transitorio, el próximo 20 de junio deberá entrar en vigor en la totalidad de sus preceptos, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ello supone que para entonces estén listos los reglamentos que para cada uno de los tres poderes del gobierno federal prevé la ley. Se trata de las normas complementarias que van a los detalles de lo que ordenan las normas generales. Fundamentales para materializar los supuestos legales.

Cuando la promulgó el Presidente de la República Vicente Fox, expresé que “No ha habido en las tres últimas décadas – salvaguardando las diversas reformas electorales que otorgaron más poder a los partidos sobre las elecciones -, una legislación que modifique tan sustancialmente la relación de la sociedad con el gobierno, y otorgue más posibilidades de vigilancia, de fiscalización, de contrapeso al ciudadano frente a la autoridad. Hay quienes llaman a estos instrumentos “empoderamiento ciudadano” partiendo de la premisa de que la información es poder. Lo cierto es que, así como la cultura sólo puede florecer en un ambiente hospitalario para la democracia, ésta sólo se fortalece y solidifica si los que la construyen y ejercen tienen a su alcance más información que los dote de elementos más precisos para un juicio de elección correcto. Los ciudadanos son menos súbditos en todos sentidos y más ciudadanos.

Pero la estimada y siempre bien ponderada “ley de acceso”, como ya se le conoce, trae algunos aprietos serios. Hoy me referiré a uno de ellos, casi como última llamada de atención a mis colegas en el conjunto congresional.

En la parte del Ejecutivo ya está conformado el órgano que se encargará de la vigilancia y cumplimiento de los objetivos de esta nueva legislación, cinco comisionados nombrados por el Presidente de la República y respladados por el Senado de la República que, ante la imposibilidad constitucional de tener una mayor participación en el proceso de selección y designación de estos funcionarios, inauguró una forma sui generis de ratificación de éstos en los hechos, mediante la figura de la no objeción. Falta el reglamento que aún se elabora, pero es perceptible que las cosas se mueven en sentido positivo. De hecho, nada más esperanzador en el futuro de la positividad de esta ley que lo declarado por María Marban Lavorde – escogida entre sus compañeros como la Presidenta del IFAIPG- en el sentido de que de no cumplir cabalmente con la delicada tarea que les encomienda la ley están dispuestos a irse de inmediato a sus casas.

Donde la transparencia no ve señales claras es precisamente en el Poder que gestó la ley y que tanto se esmeró en “descubrir” los subterfugios por donde se pudiera resbalar la manifiesta voluntad del Ejecutivo de encarnar en la práctica una legislación que como ninguna otra le habrá de encarar rigores administrativos y escrupulosidad en sus procedimientos, y en todo tipo de manejos. En el Poder Legislativo, no sólo duermen el sueño de los justos un conjunto de proyectos de reforma estructural que de despertarse traerían beneficios muy importantes para México, también están detenidos los proyectos que implican una reforma del propio Congreso, reformas que tienen que ver con el proceso legislativo, la rendición de cuentas y la disponibilidad de la información para los ciudadanos por parte de los legisladores.

A punto de concluír el último periodo ordinario de sesiones de la LVIII legislatura, con tan sólo tres sesiones por delante, se ve prácticamente imposible tener listo el reglamento que desarrolle con precisión y puntualidad las obligaciones que tienen las Cámaras legisladoras en esta materia, así como las formas, tiempos y responsables de cumplirlas y hacer cumplirlas.

Al menos que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones antes de las elecciones, entonces sería probable que el Congreso estuviera en tiempo y forma para cumplir con una legislación sobre la que una inmensa mayoría de parlamentarios ha realizado las mejores ponderaciones y cada quien en su estilo la presenta como uno de los logros que hace trascendente a la legislatura que llega a su fin en agosto de este año.

Pero no es probable que ello ocurra. Si algún poder pareciera tenerle miedo hoy a la transparencia es el Legislativo, pues la desidia y luego el desdén con que ha visto su papel en estas tareas de construcción de la cultura de la transparencia y la información, son claro ejemplo de resistencia, más que de olvido. La explicación es tan sencilla como sabio el refrán popular que admite la voluntad de Dios pero en los bueyes del compadre.

Mucho del control político en el parlamento mexicano se basa en el control de la información, en la discrecionalidad de su manejo y la opacidad con la que se administran los recursos económicos que se asigna, olvidándose que también son recursos públicos sujetos a fiscalización. Abrir los gastos de las Cámaras a escrutinio público, incluyendo las diferentes compensaciones que se realizan significaría una transformación de los métodos y la eficacia del trabajo legislativo, pero también la desarticulación de las viejas formas de operación política por la vía de la compensación de viajes, prestaciones, bonos, etc.

Uno de los capítulos más importantes para la transparencia del Congreso es la apertura de la información relacionada con sus finanzas, personal y funciones, pero al parecer deberá esperar un tiempo más para que el empeño y el prurito justiciero que varios diputados y senadores mostraron frente a los deberes de los funcionarios de la administración pública federal, puedan asumirse como propios. Sería autodestructivo para la conciencia cívica suponer que, las leyes que los legisladores hacemos, no nos deban ser aplicables o que, en nuestro caso las obligaciones reglamentarias deben esperar más tiempo que a otras instituciones. Todavía no encuentro la explicación de esta parálisis legislativa.

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