Impulsada por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, que encabeza el Dr. Julio Frenk, el 12 de noviembre de 2002 se remitió al Senado de la República una importante iniciativa de reforma legal en materia de Salud.
En una apuesta presupuestal sin precedentes, el gobierno se comprometió a elevar la asignación de recursos al sector para acercar servicios médicos de calidad a toda la población. Los Legisladores le han tomado la palabra y, en lo que representa un ejemplo de trabajo serio, plural y responsable, no sólo han aprobado las principales reformas que propuso a diversos artículos de la Ley General de Salud y la adición de un nuevo capítulo que crea el Sistema de Protección Social en Salud, sino que en muchos sentidos, la propuesta fue mejorada.
La buena noticia se generó la semana pasada en que, tras una ardua revisión y extensa consulta con diferentes actores, la Comisión de Salud de la Cámara Alta presentó el dictamen que fue aprobado con 83 votos a favor. Ahora se encuentra en la Cámara de Diputados como minuta, esperando la aprobación de la colegisladora que la convierta en decreto.
Se trata, según los dictaminadores, entre los que se encuentran médicos que dan prestigio a la actividad legislativa como Marco Antonio Xicotencatl, Miguel Angel Navarro y Elías Miguel Moreno Brizuela, de una de las más importantes reformas que se hayan generado en el país, en los últimos años, y una forma concreta de garantizar el derecho a la salud, de conformidad con el Artículo Cuarto de nuestra Constitución.
Parece que estos temas no suscitan el entusiasmo de la mayoría de los medios de comunicación, que no han dado relevancia a las bondades de ese trabajo. Vivimos la paradoja mediática de que “las buenas informaciones” son precisamente las malas noticias, o por lo menos las que despiertan la polémica. Pero si alguna actividad está centralmente marcada por su humanismo, es la medicina, y si alguna solidaridad y obligación mayor ha de tener un Estado, es el de la Salud.
Y ese derecho a la salud, forma parte también del paquete de derechos humanos básicos; de ahí por ejemplo que, cuando se trate de realizar una auténtica evaluación del respeto a los derechos humanos, no puedan disociarse los derechos sociales de salud, vivienda, alimentación, educación y trabajo, de los derechos políticos individuales.
La Organización Mundial de la Salud reconoce que: “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica y social”. En el sistema de la OMS, y de acuerdo con las concepciones médicas y de salud públicas modernas, la “salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En el mundo actual no hay Estado que no acepte al menos alguna responsabilidad en cuanto a la salud de su pueblo.
En concordancia con lo que establece la OMS, las reformas hechas a la Ley General de Salud “le permitirá al sistema hacer frente a los riesgos derivados de los cambios demográficos, epidemiológicos, económicos y políticos, para sustentar y dar viabilidad a la política de salud en los próximos años en un contexto jurídico y financiero sólido, a través del establecimiento de un Sistema Público de Protección Social en Salud, mismo que servirá como instrumento para lograr la equidad financiera por parte del Estado Mexicano, al apoyar de igual manera a la población que carece de la seguridad social”.
Mediante la creación del Sistema Público de Protección Social en Salud, las familias y personas que no sean derechohabientes de las tradicionales instituciones de seguridad social como IMSS o ISSSTE tendrán acceso explícito a los servicios de salud y los medicamentos asociados a los tratamientos que hasta el día de hoy son otorgados por las instituciones públicas de salud. Se incorporó un esquema no contributivo para aquellas familias que por su condición socioeconómica o por su marginación no pueden pagar por tales servicios. Esto garantiza que la condición socioeconómica no será limitante para el acceso al sistema.
Es importante destacar que el gobierno Federal se compromete anualmente con una “cuota social” por cada familia beneficiaria del Sistema Público de Protección Social en Salud y del ISSSTE, que actualmente carece de ella, equivalente a la cuota que aporta el gobierno Federal para cada individuo afiliado al Seguro de Enfermedades y Maternidad del IMSS. Se considera que de aquí al año 2010, las obligaciones derivadas de esta reforma le costarán al gobierno federal cerca de 45,000 millones de pesos, y solamente en el próximo año tendrá un incremento el presupuesto de salud de 4,500 millones de pesos.
Tan sólo en Chihuahua, dicha reforma garantizará el acceso a los servicios de salud de la población no asegurada, la cual asciende a 254,713 familias; incorporará la corresponsabilidad entre órdenes de gobierno y el federalismo, al establecer una Cuota Social y una Aportación Solidaria, tanto Federal como Estatal. De esta manera, Chihuahua dispondrá con un 115.1% de recursos adicionales para ser dirigidos al sector salud.
Asimismo, combatirá el gasto de bolsillo al sustituir las cuotas de recuperación por cuotas de afiliación, mismas que estarán graduadas por el nivel de ingreso o capacidad de pago de las familias beneficiadas. La Iniciativa de Reforma reducirá el riesgo de incurrir en gastos catastróficos, creando un fondo específico para este fin.
La reforma también establece un Plan Maestro de Infraestructura, que contempla su mejor utilización a través de la regionalización; es sustentable al no sujetarse a la disponibilidad presupuestal, por lo que es fiscalmente responsable.