No es el primero que se realiza sobre el tema, ni tampoco el que toca cuestiones torales de la radiodifusión pública en México, pero indiscutiblemente el seminario Democracia y Medios Públicos celebrado la semana pasada en el auditorio Torres Bidet del Museo Nacional de Antropología e Historia, sí es el primero que se organiza y alienta desde y por los responsables de los principales medios del gobierno federal (Julio Di Bella, Canal 11; y Dolores Beistegui, IMER), a contracorriente de lo que piensan y actúan sus propios jefes, con un lenguaje fresco y autocrítico de lo que debieran hacer y no han hecho los poderes públicos y bajo una inusitada presión para su no realización de algunos concesionarios privados de radio y televisión que, decididamente se han propuesto retar al Estado en su poder de decisión e implantar el nuevo imperio mediático de su presencia exclusiva, de sus muy particulares y mercantiles intereses en que varios de ellos tienen convertido un bien del dominio de la Nación, como lo es la explotación del espectro radioeléctrico.
En esas contradicciones viven atrapados los medios públicos, enfrentando la timoratéz de las políticas públicas que ni les dan fuerza presupuestal, ni reconocimiento jurídico, y amenazados todos los días por los intereses privados que los somete a un escrutinio policial en sus intentos de financiación publicitaria aunque sea por la vía del patrocinio, obstaculizando su crecimiento para no compartir “sus” audiencias, sabedores que en una competencia real de calidad de contenidos y pluralidad social son muy rescatables por los medios públicos.
Los medios públicos carecen de reconocimiento jurídico, y viven en la mendicidad. Quizá por ello, Julio Di Bella, el director del Canal Once que también es presidente de la RED (el organismo que aglutina a la mayoría de las estaciones radiodifusoras y televisoras educativas y culturales del país), los definió como hijos naturales “no tienen acta de nacimiento”. En otros casos, esos medios, son hijos no deseados, por eso algunos gobiernos locales los quieren desincorporar, “vender” o rentar.
Tienen como reto fundamental convertirse en auténticos medios de Estado de Servicio Público, con calidad de contenidos y participación ciudadana en su orientación, dirección y evaluación, pero necesitan de un sistema de financiamiento acorde con su misión esencial. Ese fue, lamentablemente, un punto intocado en el seminario de la semana pasada, por lo menos como conclusión importante. Signo inequívoco de los miedos privados que circundan a los medios públicos.
Abrir la posibilidad de su financiamiento por la vía de la comercialización de sus espacios publicitarios y de sus propias producciones, es una tarea para los legisladores. Eliminar la aberrante prohibición de comercialización publicitaria es una materia urgente en el fortalecimiento de este sistema que no es ni enemigo, ni substituto de los privados, sino complementario de lo que aquellos no realizan: la difusión de la cultura, la contribución en la tarea formadora y educativa, el debate plural de los problemas de la Nación, y reflejar con toda claridad la realidad social y económica de un país de pobres, de inseguridad e impunidad.
Si ese tema no se toca e impulsa de manera clara y decidida, difícilmente se podrá realizar la agenda que los diferentes expositores nacionales e internacionales reconocieron como “urgente” la semana pasada, entre otras, una reforma legislativa para fortalecer a los medios públicos en México”.
Con el debido reconocimiento jurídico y los mecanismos adecuados para su sostenimiento y efectiva coordinación, esa red de radiodifusoras y televisoras en manos de gobiernos estatales, municipales, universidades, podría ser en efecto de carácter nacional y un modelo en el conjunto de los medios masivos de comunicación, me atrevería a decir un punto de referencia para América Latina.
Por supuesto que se requiere de una ley para la materia; como se tiene en tantos países del mundo, donde los medios públicos llegan a tener una relevancia importante y compiten a la par por las audiencias, como es el caso de la BBC de Londres, la RAI Italiana, o la CBS de los Estados Unidos.
Sin embargo, en el terreno de la realidad política que nos circunda – y ahoga a las pretensiones democratizadoras -, una nueva legislación integral en medios se ve compleja. En tanto que sí es posible una reforma parcial que tome en cuenta esa precariedad.
Así está planteado en el anteproyecto de dictamen que busca reformar la ley de Radio y Televisión y que abre la puerta a los operadores de permisos (la gran mayoría de las emisoras culturales y educativas operan bajo este tipo de autorización) para obtener ingresos por patrocinios; donativos nacionales, (sólo el 10 por ciento del presupuesto de las radios públicas estadounidenses proviene del gobierno y es la propia audiencia la que realiza aportaciones importantes para su financiamiento); donativos internacionales provenientes de organismos multilaterales, fundaciones o agencias de cooperación, y que tengan entre sus fines la promoción ciudadana, de la educación, la cultura o la comunicación; venta de productos y/o servicios; venta de espacios publicitarios bajo las siguientes modalidades: publicidad local o regional; que no exceda del 7% del tiempo total de transmisión en televisión y el 14% en radio. Esta limitación con el propósito de cuidar que no caigan en un fin lucrativo que no tienen asignado, de ahí incluso que los ingresos que obtuvieran las emisoras permisionadas deberán ser invertidos en la operación y desarrollo del proyecto. En ningún caso podrían ser usados de forma directa o indirecta por ninguno de los socios para lucro personal, o de la asociación titular.
Ese levantamiento del veto comercial obligaría en contrapartida a reforzar un sistema en el que los medios públicos rindan cuentas de sus ingresos y gastos; esa eventual reforma les exigiría presentar en forma trimestral y anual un informe de sus actividades y contabilidad ante el organismo que la ley determinara para regular de manera moderna toda la radiodifusión en México, obviamente, puesta a disposición del público, de manera impresa y electrónica.