El miedo que se va
– Javier Corral Jurado
Hoy inicia la cuadragésima sexta asamblea de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), que habrá de renovar las presidencias de su comité directivo y de su consejo consultivo. En el primero tienen presencia los grandes consorcios, el segundo fue creado para darle cabida a los medianos y pequeños concesionarios de la provincia.
En los últimos días de su mandato de dos años al frente del primer organismo, y tal y como lo inició desde su primer periodo, Don Jorge Mendoza Garza (vicepresidente ejecutivo de TV Azteca) ha tenido que hacer frente – y no necesariamente por acciones de su responsabilidad -, a un alud de críticas y cuestionamientos de personajes de muy diversas disciplinas por el manejo de una de las dos ramas que representa: la televisión.
No es la casualidad lo que ha logrado tal convergencia de actores políticos, económicos, académicos, intelectuales, comunicadores y empresariales, sino un hartazgo y fastidio ante el poder amenazante de un considerable grupo de medios electrónicos de comunicación, señaladamente Televisa, que privilegian el mercantilismo, el éscandalo y la prepotencia en el manejo de las concesiones. La manera en que jóvenes energías que se antojaban renovadoras de los viejos estilos de subordinación al gobierno y prometían democratizar la relación entre la televisión y el poder, juegan ahora al poder con el Estado, tratando de substituirlo e la toma de decisiones, en la determinación de ciertas posturas y en dictar la suerte política de hombres y mujeres que compiten en la arena electoral.
Porque esa, y no otra, es la apuesta que tienen: ser poder y no antipoder, actores centrales y no medios que critican, jueces y no opinadores sobre la injusticia, quieren demostrar que ellos son los que mandan y otros administran sólo el gobierno.
Hace dos años esos excesos dejaron un ambiente de irritación en el mismo seno de la industria, cuando en una de las componendas más contrarias al interés de la Nación, el gobierno del Presidente Fox negoció con Televisa prácticamente la desaparición de los tiempos de Estado en Televisión (no así para la radio), y de esta manera realizó la cesión fiscal más importante que el Estado ha hecho a favor de particulares desde la Colonia hasta nuestros días. Esos mismos excesos vuelven a acarrear el desprestigio a toda la televisión y a toda la radio.
Quizá ahí es donde las voces que han reencendido el debate y la exigencia de una reforma electoral para acotar el mercantilismo de los medios en las campañas y que han sugerido reformar la Ley Federal de Radio y Televisión para fijar reglas que limiten la enorme concentración de medios en unas cuantas manos, sepamos distinguir la distinta dinámica y operación de la radio y la televisión. Así como fuimos capaces de separar por su naturaleza jurídica diferente los impresos de los electrónicos, así estamos obligados hacerlo en el régimen de propiedad de una y otra rama de la radiodifusión, sin desconocer el dato tecnológico de la convergencia digital.
Pero de que hacen falta las dos cosas no hay duda. Ambos asuntos están señaladamente argumentados en el foro que la Comisión para la reforma del Estado de la Cámara de Diputados (encabezada por Manuel Camacho Solís) convocó a manera de audiencias públicas especializadas para escuchar qué reformas traerían a México una gobernabilidad democrática.
Abierto al libre pensamiento de las ideas y a las reformas que cada quien sintiera como las más necesarias, 43 ponentes de los 118 que participaron a lo largo de tres días, tocaron a los intocables medios de comunicación. Los llamaron por su nombre. Sin antecedentes – desde su ámbito-, la contundencia de Ealy Ortiz; de una pieza Mguel Angel Granados Chapa; con valor Manuel Barlett Díaz; al grano Pablo Gómez; sin desperdicio, como casi siempre, Muñoz Ledo.
Ahora a mí me tocó acompañar a esas voces; dije:
Los medios masivos de comunicación que han impuesto su dinámica a la agenda política y compiten con el Estado en imponer su poder fáctico sobre los poderes constitucionales. En los últimos años los escándalos están a la orden del día y poco o nada se hace para conocer del análisis que requiere cada uno de los problemas que agobian a los mexicanos. La mayoría de los medios al privilegiar el escándalo imponen ritmo y tono al debate público. No valen las razones o los argumentos de los actores políticos sino el escándalo. Los personajes de la vida pública quieren jugar en la comedia de equivocaciones que vivimos. Estamos bajo el imperio de un nuevo poder informal: el de los medios..
El ritmo del país no es el debate serio sino el escándalo. Vivimos una telenovela nacional surrealista, sin orden ni claridad, ni mental ni moral. Por faltas bien acreditadas de unos cuántos, y vulnerabilidad ética de otros, los medios se mofan de todos o cualquiera o pueden descalificar a tal o cual político como en un patio escolar y la población se desencanta de la política. Este juego del desprestigio y la magnificación requiere ser ampliamente discutido, porque terminará por disolver el orden social.
Esto nos plantea la necesidad de revisar el papel de los medios electrónicos, de manera especial el de la Televisión, mediante reformas legales al régimen de concesiones y permisos, y en el que necesariamente se legislen reglas de competencia económica que disminuyan el modelo de más alta concentración monópolica que existe en el planeta, el nuestro. También reforzar el sistema de medios de Estado con auténtico carácter de servicio público.
Una reforma electoral que modifique los dos ejes esenciales sobre los que se está resolviendo la competencia político: el dinero proveniente de todos lados, y la dictadura del spot bajo la tarifa política, y diferenciada.
Es fundamental prohibir expresamente a los partidos y candidatos la compra directa de espacios comerciales en radio y televisión, y hacer del IFE la instancia única para administrar y distribuir a éstos los tiempos que por ley otorgan los concesionarios al Estado, y que deben servir para la difusión de los mensajes políticos.