El Congreso de la Unión, por impulso del Senado de la República, le dio la semana pasada al Cine Mexicano uno de los estímulos fiscales más importantes de los últimos diez años: un incentivo de deducibilidad contra el impuesto sobre la renta a quienes inviertan en la producción de películas nacionales.
Es la segunda ocasión en que la actual Cámara de los Senadores expresa con toda claridad su compromiso con la cultura, y en particular con la cinematografía. Hace dos años también se promovió en Xicotencatl la reintegración a la ley de Ingresos de una disposición para el cobro de un derecho a cargo de los exhibidores por el servicio de clasificación que brinda el Estado a favor de la sociedad, para determinar cuáles contenidos son aptos para todo público, para adolescentes y para adultos; único caso de censura previa que concibe y respalda el sistema interamericano de los derechos humanos. El objetivo de ese derecho fue conseguir recursos adicionales a los presupuestados por el Ejecutivo Federal para incrementar la asignación a los Fondos de promoción a la producción y calidad cinematográficas nacionales. La Corte lo echó abajo veinte meses después, al no quedar clara para los Señores Ministros la contraprestación que requiere el cobro de todo derecho. Pero fruto de ese hecho y mientras llegaba la resolución de la Corte, el Estado ingresó por concepto de un peso por boleto taquilla, algo así como ochenta millones de pesos, que han servido para impulsar la producción de películas que están alimentando ese potencial creativo, tan renaciente en nuestro México.
Ahora, el estímulo planteado al Cine Mexicano tiene una solidez jurídica y sensibilidad social inobjetables. Tal y como funciona en el caso de la inversión para Ciencia y Tecnología, la Ley del Impuesto Sobre la Renta cuenta ya con un nuevo artículo, el 226 que incorpora un estímulo fiscal, por un plazo indefinido, a los contribuyentes, sean personas físicas o morales, con independencia de la actividad que desempeñen, por los proyectos de inversión productiva que realicen en el ejercicio fiscal correspondiente, consistente en aplicar una deducción del 100%, en relación con los gastos e inversiones en la producción cinematográfica nacional. Esta deducción no podrá exceder del 3% contra el total del impuesto sobre la renta a su cargo, en la declaración del ejercicio correspondiente. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del mismo, no excederá de la cantidad de $500’000,000.00 (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), anual.
Se entiende como proyectos de inversión productiva en la producción cinematográfica nacional, los gastos e inversiones en territorio nacional, destinados específicamente a la realización de una película cinematográfica, a través de un proceso en el que se conjugan la creación y realización cinematográficas, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para dicho objeto.
Cuando se habla de producción cinematográfica nacional, nos referimos a las películas que hayan sido realizadas por personas físicas o morales mexicanas, o bien, en el marco de los acuerdos internacionales o de los convenios de coproducción suscritos por el Gobierno mexicano, con otros países u organismos internacionales.
Para la aplicación del estímulo corresponderá a los Comités Técnicos del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine y del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, en términos de sus respectivas competencias y en base a sus “Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación”, con la participación que corresponda a la Secretaría de la Función Pública, la autorización de los proyectos de inversión productiva para la producción de películas cinematográficas nacionales; así como los requisitos y trámites que deberán cumplir los interesados para hacerse merecedores al estímulo fiscal.
Este sector de la producción de la industria cinematográfica nacional, enfrenta una grave crisis de carácter económico, debido entre otros factores, a la insuficiencia de los recursos financieros, a la falta de inversión productiva y a inequidades del mercado, que han propiciado una injusta distribución de los ingresos en taquilla, derivados de esa industria; el capital privado nacional observa con desaliento un mercado potencialmente rico en oportunidades que no ofrece incentivos fiscales como en las industrias similares en el extranjero, y son insuficientes las aportaciones fiscales que se canalizan al sector, por medio del Instituto Mexicano de Cinematografía, del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad y del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, situación que se refleja en el escaso número de películas nacionales producidas.
De las cuatro mil películas que se producen cada año en el mundo, los mexicanos sólo podemos escoger cual ver entre las 260 que se nos ofrecen al año. De estas 166 son estadounidenses, que ocupan 2550 pantallas de las tres mil que hay en el país.
Como bien lo ha documentado Miguel Necoechea: “En diez años del TLC – en que de manera engañosa se metió a nuestras industrias culturales-, la producción de largometrajes cayó estrepitosamente para un país de 100 millones de habitantes y el mercado de habla hispana más grande de América. De 1994 a 2003 se redujo de 747 películas en los 10 años anteriores, a sólo 212. La caída fue superior al 71 por ciento. Al dejarse de producir 532 cintas se cayó en un brutal desempleo, cierre de empresas productoras, menos pago de impuestos, se sub-utiliza la capacidad industrial instalada, la caída de nuestras exportaciones y el aumento de importaciones básicamente de procedencia estadounidense”.
En el cine, el necesario equilibrio cultural está fracturado. El camino para su resurgimiento, con todo la fuerza y la influencia que lo caracterizó en su mejor época, es otorgarle recursos, estímulos y protección. El Senado está dando pasos en esa ruta, pero hay que decirlo, es la partida no la llegada, faltan muchos más por caminar.