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Presupuesto y Congreso

Presupuesto y Congreso

– Javier Corral Jurado

Es incuestionable el poder soberano de la Cámara de los Diputados para revisar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación; pero es aún discutible la facultad de veto del Ejecutivo en esta materia, por existir una cierta ambigüedad (si no es que contradicción) en el Artículo 72 constitucional que lo regula. Aunque a lo largo del siglo pasado se haya ejercido en los hechos alrededor de cuarenta ocasiones, no será hasta que haya una reforma constitucional que clarifique, o hasta que la Suprema Corte intervenga, cuando tengamos definiciones precisas de ese, el contrapeso más directo y eficaz del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, verdadero equilibrio de la división entre los poderes.

Mientras eso sucede, aquí seguimos viendo asombrados como el principal instrumento de política económica, el marco programático que define el ámbito material de la actuación del gobierno, puede ser sujeto de intereses parciales y orientación político-electoral. Porque en ese tenor se sitúan las más de las reasignaciones y ajustes que la Cámara de los Diputados realizó al proyecto enviado por el Presidente Fox; de ahí que se haya perdido el sentido de la planeación integral, se hayan descuidado compromisos de pago contraídos con anterioridad, se vuelva a vías de endeudamiento, y se hayan cometido errores elementales a la hora de duplicar fuentes de recursos con lo cual aumentan artificialmente el presupuesto y contabilizan dos veces los mismos ingresos.

Esas fallas y algunas de las obligaciones impuestas al Ejecutivo vía el presupuesto de egresos son difíciles de concretar en la realidad y no hay instrumentos legales disponibles para dar salida a una posible negociación. Es claro que el diseño está agotado. La falta de correspondencia entre ley y realidad ha sido un problema constitucional serio. Se vislumbra compleja, lejana la posibilidad del acuerdo, mucho menos al entrar de lleno en la etapa de “a navaja limpia” en la que se debatirá la sucesión presidencial. Ya no hay alicientes ni incentivos para cooperar, al menos que quedara un resquicio de interés por el país.

Emilio Rabasa explicó que en parte la dictadura de Porfirio Díaz fue por la falta de incentivos de cooperación constitucional entre el Congreso y El Ejecutivo. La Constitución de 1857 había seguido un modelo ideal, al haber sido realizado bajo la óptica de los juristas pero sin la previsión de los conflictos. La opinión de don Emilio fue más allá al señalar que Juárez había gobernado al país a través de Estados de Sitio y facultades extraordinarias.

Otros países con diseño institucional similar al nuestro han creado una cultura política que los distintos actores la respetan y sirve de regla en la arena política. O han contado con los precedentes de la Corte que sirven de referente tanto al Congreso como al Ejecutivo.

Las instituciones públicas deben pensarse para hombres y no para ángeles. La tesis de Rabasa tiene hoy una vigencia enorme, las facultades del Congreso enfrentadas a un Ejecutivo acotado, desprovisto de las facultades metaconstitucionales (como las llamara Jorge Carpizo) crean situaciones difíciles de superar. Parece que se requeriría de motivaciones especiales no de este mundo para que el Congreso acepte negociar con el Ejecutivo. Además del diseño institucional que carece de incentivos para la cooperación, nos encontramos con una novedad que cada día cobra mayor presencia en la vida nacional: el pluralismo político.

El pluralismo evita que se ejerza el poder arbitrariamente sometiendo a los funcionarios al escrutinio de su función por parte de la sociedad. Sin embargo, el riesgo en el que se puede caer es un asambleísmo estéril que desemboque en un problema de gobernabilidad por parálisis en los acuerdos más importantes o demandados por la sociedad. El pluralismo nos exige un concierto en el debate para no terminar en gritos o en reflexiones que no hacen sino despertar ilusiones de acuerdos, que luego se escabullen entre reflexiones nuevas.

Creo que la gobernabilidad democrática que anhelamos solo se consigue si llegamos a varias reformas de las instituciones públicas y cambios en la conducta de importantes instituciones sociales. El problema que hemos vivido en el país por falta de reformas en asuntos vitales para la sociedad se deriva de un diseño institucional deficiente que no permite obligar a que el Congreso atienda las iniciativas del Ejecutivo. Un Congreso que no tiene incentivos porque no tiene Rendición de Cuentas de sus decisiones, con una falta de transparencia y control en el manejo de su gasto presupuestal y en manos de unos cuantos individuos que se sobreponen no sólo a las comisiones, sino a los propios plenos.

La Constitución es insuficiente porque en su versión original, no fue diseñada para funcionar con un gobierno dividido. Tuvieron que pasar 80 años para que la Constitución del 17 se enfrentara al primer gobierno dividido. Desde 1997 a la fecha, el problema de la parálisis legislativa se ha convertido en el tema de análisis de varios especialistas debido a la importancia que tiene.

Además de la falta de previsión constitucional para resolver los temas de gobiernos divididos nos encontramos que se agrava por la ausencia de una cultura política que dé soporte a las instituciones. La novedad de los gobiernos divididos no le ha permitido reglas de actuación que admitan antecedentes que sirvan de referente entre los actores políticos. La actitud de los ciudadanos podría inyectar vitalidad a la convivencia política. Promover condiciones que alienten y favorezcan una participación ciudadana responsable daría lugar a un gobierno de y para los ciudadanos. Falta también jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde una perspectiva orientada a las políticas públicas, pues aunque ha resuelto algunos casos como su opinión sobre la reglamentación en materia de energía, no hay suficientes antecedentes que permita a los poderes tomarlos como antecedentes. El conflicto por el Presupuesto de la Federación, bien podría ser uno de ellos.

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