URGE retomar aquella vieja sugerencia de que si bien los periodistas deben contar con el mayor número de conocimientos para saber algo de todo y poder preguntar de todo, también debieran por lo menos especializarse en una materia o asunto de su interés, de la fuente que cubren. No estaría mal que además de periodismo los reporteros que cubren las fuentes de Tribunales Jurisdiccionales estudiaran también derecho.
Eso ayudaría mucho a la comprensión de hechos tan relevantes como el actual proceso en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo Federal en contra de diversos actos derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005, aprobado por la Cámara de Diputados. Los términos jurídicos se distorsionan de tal manera que no hay oportunidad para la explicación. Se llega a confundir un acuerdo sobre un incidente de nulidad con la resolución de una controversia. El calendario de los tiempos legales para la verdad jurídica, definitiva e inatacable no cuentan. Los tiempos están fuera de la dinámica de algunos informadores que todo lo ven como en pizarra de beisbol, dos a cero.
No deja lugar a dudas el boletín de la Corte, y si se quiere de mejor manera y amplitud el proveído el 6 de enero por el ministro instructor Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien desechó por notoriamente improcedentes los incidentes de nulidad de actuaciones planteados por la Cámara de Diputados, en los que solicitó la nulidad de lo actuado por los ministros que integraron la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diciembre pasado.
“Ortiz Mayagoitia basó sus consideraciones en el hecho de que en los incidentes de nulidad se cuestiona la competencia de los ministros que integraron la citada comisión, a partir de la supuesta inconstitucionalidad del Acuerdo General 12/2004, emitido por el pleno de este Alto Tribunal, en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2004, mediante el cual se les otorgaron facultades para proveer los trámites urgentes de los asuntos jurisdiccionales de su conocimiento.
“En razón de ello, Ortiz Mayagoitia designado ministro instructor en la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo Federal determinó que no es posible jurídicamente plantear en un medio ordinario de defensa, como es el incidente de nulidad, la inconstitucionalidad ni la ilegalidad del Acuerdo General 12/2004, por tratarse de un acto que no forma parte de la litis a resolver en la controversia constitucional. “Por ende, el ministro resolvió desechar por notoriamente improcedentes los incidentes planteados”.
Sumada a la imprecisión, a la desinformación y en algunos casos a la mentira, la inquina con la que diversos actores políticos del bloque opositor en la Cámara de los Diputados se refieren a nuestro máximo órgano jurisdiccional algo está dejando en la percepción de la opinión pública sobre su actuación. Es una pena que así suceda, con una instancia arbitral de nuestra transición política, que ha ido forjando su prestigio e independencia indiscutibles, incluso en esta etapa de demolición institucional a la que parece apostar la oposición en esa cámara. En varios países, de los que con frecuencia se apuntan como ejemplares sus procesos de transición, la existencia de un árbitro respetuoso y respetable ha sido la garantía de su éxito. De diverso cuño político, moral, legal o social, la mediación ha partido del reconocimiento de todos los actores a la credibilidad y confianza de quienes resuelven y otorgan la razón a quien la tiene. Ante la ausencia de un estado de derecho moderno, asignatura a la que los propios legisladores han abdicado en su construcción, no queda más que la interpretación de las normas actuales y desde ellas impartir la justicia de la ley, y la razón de la honestidad.
Pero ahora mismo se trata de desprestigiar a la institución que nos puede garantizar esa mediación jurídica y política; se trata de echar por la baranda del juego mediático la confianza en la actuación de los ministros de la Corte, y no precisamente por el contenido de sus resoluciones sino por los intereses de la disputa político electoral, por el protagonismo desmedido de quienes han hecho de la confrontación una plataforma de lucimiento personal, los amos y señores del río revuelto. Y en ello se muestran las más graves contradicciones del momento que nos toca vivir, y del que todo apunta a que se atizará su fuego. Por eso se hacen imputaciones irresponsables, se señala parcialidad, trabajo por consigna, sumisión al Ejecutivo, “desaseo” acusaron algunos legisladores, quienes han pasado de la amenaza a la descalificación total, sin resolverse aún el fondo de la controversia.
Primero se presiona a los ministros para que no resuelvan, se les enseña la espada del juicio político, se les muestra el banquillo de los acusados y luego, ante una resolución que no les es favorable, mienten, injurian, descalifican.
Ese es el tamaño de la política que se vive, no importa que en medio estén hombres y mujeres de prestigio y solvencia moral, se trata de desdibujarlo todo hoy, para que la propuesta de regresarnos al pasado no nos parezca tan ilógica. Acampados en la revancha política, en el desquite, y convertido el presupuesto público de la Federación en instrumento de estrategias partidistas, con medidas de irracionalidad económica e irresponsabilidad política, no será de extrañar que ahora enderecen contra la Suprema Corte la manipuladora campaña de spots en radio y televisión que tienen contra el Ejecutivo. Al final de cuentas no es tiempo de la nación, sino de precandidatos en etapa de navaja limpia.