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Reformas de largo plazo

Reformas de largo plazo

– Javier Corral Jurado

Dos hechos de indiscutible trascendencia para la vida del país, que abren dos ventanas de oportunidad para concretar cambios estructurales fundamentales en el sentido del mediano y largo plazo, tendrán verificativo esta y la siguiente semana. Por un lado, el reinicio del debate éste miércoles en las Comisiones legislativas del Senado en torno a la nueva Ley Federal de Radio y Televisión y, la convocatoria el próximo lunes para un acuerdo político por México que retome la necesidad de impulsar un conjunto de reformas importantes y urgentes planteadas por la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, hoy constituída en Asociación Nacional de carácter civil.

Ligados directamente los dos temas con el fortalecimiento de la democracia, ambos procesos son la prueba de que existe una preocupación más allá de la coyuntura que envuelve a la clase política, y que aún es posible pensar en un horizonte más amplio para México que el de las elecciones inmediatas del 2006, a la que parecen abigarrarse todos los destinos. Pero incluso, si el enfoque general fuera atender sólo lo urgente de las reformas con miras a la sucesión presidencial, sería importante recordar a todos los que aspiran a suceder al Presidente Fox que sin varias de estas reformas, será difícil la tarea de la gobernación del país, y más grande la brecha entre democracia y desarrollo económico. Inimaginable construir en esa distancia una cultura democrática de participación ciudadana.

La de Radio y Televisión toca esencialmente el futuro de lo que queremos para México en materia de políticas de Comunicación, y de la relación del Estado, los medios y la sociedad; pero también es fundamental para una mejor realización de las elecciones en términos de la transparencia y la equidad en el acceso de los partidos y candidatos a medios electrónicos de comunicación, y por supuesto un menor costo para los ciudadanos y la política en general. Sus disposiciones para combinar el uso de los tiempos de Estado y la contratación comercial – otorgada esta posibilidad exclusivamente al IFE -, así como eliminar la “tarifa política” que es un sobreprecio de hasta diez veces más que el valor tarifario normal y prohibir las tarifas diferenciadas por partido, serían instrumentos clave para la fiscalización. No olvidemos que si algo ha ido envileciendo el prestigio de nuestros partidos, es haber ido a todo tipo de fuentes de financiamiento para las campañas, a efecto de poder pagarles a los barones de la Televisión los spots en los que se ha secuestrado la oferta electoral. A decir de los mismos concesionarios, esa “venta” no les significa en el conjunto de sus ingresos ni el 5 por ciento, pero a los partidos y al Estado sí les cala: representa el 54% del total de los recursos destinados a las campañas. No hay duda de que la defensa del interés nacional es preeminente.

Por su propia conveniencia en la coyuntura, los partidos debieran dar el paso, nada peor les puede suceder tras el trato que han recibido a manos de quienes primero los esquilman y luego los exhiben como derrochadores, los desprestigian como corruptos por andar buscando como completar el pago de la pauta propagandística. Ir eliminando esa dependencia directa y casi existencial de las organizaciones políticas a la Televisión, es uno de los retos esenciales para la independencia y soberanía del Estado. No se trata de eliminar esa relación – imposible e impensable -, pero sí de hacerla conducir por reglas claras que nos permitan conocer con toda exactitud el monto del dinero electoral en la Televisión – gran parte de origen público -, y en el acceso equitativo a uno de los espacios más importantes donde se están dirimiendo la batalla de los votos. Este será, sin duda, uno de los temas más importantes del debate que se reinicia este miércoles en el Senado, un debate por la Nación. Los legisladores habrán de enfrentar, en términos de él y la toma de decisiones, un momento definitorio, no solo para la vida del país, en el tránsito lento, interrumpido, pero indudable a la democracia. La esperanza está colocada en un sentido de la responsabilidad y un sentimiento patriótico.

Pero la reforma de la Radio y la Televisión es sólo una parte de la “cirugía mayor” con la que José Woldenberg refirió el cambio estructural que requiere el Estado en México. El conjunto de las propuestas para la Reforma del Estado y su reforma integral es lo que en verdad puede darnos un futuro con porvenir, consolidar las instituciones de la democracia y asegurar metas de crecimiento económico sostenido y sustentable, de mejor manera. En ello insistimos quienes hemos decidido conformar la Asociación Nacional para la Reforma del Estado, bajo el liderazgo de Porfirio Muñoz Ledo, político al que se acusa siempre del mismo error: tener una visión adelantada de por lo menos veinte años. Bajo ese talante, que es entusiasmo e inteligencia a la vez, queremos convocar a los más diversos actores de la vida política, económica, social y cultural de la Nación a retomar una agenda básica de cambios legislativos que – sin perder el sentido de integralidad de la reforma y la necesidad de un rediseño constitucional para ello -, sí permitan una plataforma básica de gobierno para los que vengan. Para que no sólo administren, sino también gobiernen.

Asociación pensada para colaborar con los poderes en la promoción de una agenda de cambios legislativos que la mayoría de sus miembros ayudó a construir, la de la Reforma del Estado quiere ser espacio de neutralidad política, por eso es amplia en su pluralidad; no somos representantes ahí de instituciones ni de partidos, pero buscamos ser representativos de las ideas y las propuestas que circulan en muchos lados. Somos los que queremos reformas de largo plazo, por México, e independientemente de quién gobierne.

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