Un ejercicio por demás definitorio del destino y alcances que tendrá la nueva Ley Federal de Radio y Televisión realizan esta semana los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República. Sus acuerdos serán fundamentales para posibilitar en lo que resta de este sexenio un nuevo marco jurídico para los medios electrónicos de comunicación y el importante papel que habrán de jugar en las elecciones de 2006. Será también una forma de conocer para quién trabajan los legisladores y a quién representan en términos reales.
Están a discusión entre los miembros de las tres principales bancadas los diferentes proyectos que de manera individual han presentado los senadores Héctor Osuna, Emilio Gamboa, José Bonilla y Carlos Rojas, y el que fue elaborado de manera colectiva por una subcomisión plural de senadores del PRI, PAN y PRD.
Además de la abierta defensa y protección que varios senadores han asumido de los intereses dominantes de la televisión en este marco legal, es cierto que al debate lo nutren también dos dimensiones conceptuales de diferente matriz cultural y de distinta y distante concepción de la democracia y de la participación social en esta actividad.
Están en disputa la lógica que parte del modelo puramente mercantilista de esta industria asumida como credo religioso por varios legisladores y la lógica que considera además el valor de servicio público, su hipoteca social. Los que pregonan abiertamente que la industria de la radio y la televisión es un asunto puramente de negocios y los que creen que no sólo negocio debe ser, sino también un instrumento en favor de la sociedad, la educación, la cultura, la protección de los menores y de promoción de la democracia.
La disputa refleja muy bien las posiciones cuando en materia de derecho de réplica dicen unos que se atentaría contra la libertad de empresa, se interrumpiría abusivamente la programación de los concesionarios e incluso tendrían que gastar más electricidad, y cuando contestan los otros que es el instrumento básico de libertad de expresión que tienen los que carecen de medios de comunicación para defenderse de abusos, excesos e impunidad de tantos sátrapas del micrófono en la radio y la tele.
Se desvelan las lógicas y las motivaciones fundamentales cuando dicen unos que llevar a la ley mecanismos de mayor control y fiscalización sobre los montos de la contratación publicitaria de los partidos y candidatos en medios electrónicos les va a representar una “pérdida considerable de ingresos” a los concesionarios; y cuando dicen los otros que esa fiscalización generaría bienes enormes a la transparencia, la legalidad y la equidad de las campañas electorales, y un ahorro importante de recursos a la sociedad.
No todos los enfoques son diametralmente opuestos pero los diferentes proyectos guardan distancias considerables unos de otros. La tarea, nada fácil y sí fundamental por estos días, será equilibrar las posiciones y llegar a alternativas dignas y eficaces desde el punto de vista social y desde la lógica del mercado. Es grotesco pero así es la realidad en la que se mueve la clase política y en la que se definirá si es conveniente avanzar en algunas de las figuras clave del proyecto de democratización de los medios, o nos esperamos a un nuevo Congreso, apostando sin ningún dato esperanzador a la vista que provenga desprovisto de los intereses parciales que circundan al de hoy.
En los grupos parlamentarios, por lo menos en el del PAN, ese ejercicio ha sido realizado con la mayor seriedad y en un ambiente sin duda democrático y libertario, y en buena hora, muchos compañeros han reivindicado con excelentes argumentos y nivel de información las principales exigencias sociales en el proyecto de la subcomisión plural. De proseguir por esa camino, avanzaría el interés de todos; no el todo de todos, pero partes vitales. De no hacerlo así, desperdiciaríamos una oportunidad histórica muy favorable para reformar la ley e impulsar sustantivamente el avance de la democracia en México.
Un mecanismo de las grandes reformas es empezar a moverlas en aproximaciones sucesivas. Lo importante es salir de inmediato del viejo y viciado esquema bilateral (Estado-concesionarios) para definir una relación más amplia: el modelo trilateral básico (Estado, concesionarios y sociedad), que le dé otra orientación ciudadana al nuevo pacto social comunicativo, expresado vía la ley.
Para que este valor por lo menos figure en una eventual reforma, la definición de la nueva ley ha de tocar las bases estructurales a fin de que no continúe la tendencia a la súper concentración y monopolización de la comunicación nacional por un pequeño grupo de empresarios y la marginación de la mayoría nacional para participar en los medios de difusión colectivos, y para que se erradiquen las antiguas condiciones de aplicación de la práctica de la discrecionalidad política en la generación y supervisión del proceso de comunicación electrónica colectiva, y para que reine la transparencia y la pluralidad de opciones.
Así se respondería a las decenas de propuestas específicas que profesionalmente la academia, la sociedad civil, los partidos y los mismos concesionarios propusieron en más de dos años de trabajo en audiencias, foros, sesiones de discusión en las comisiones unidas y debate en el pleno de ambas cámaras. De no ser así, pienso que aunque no se cancelaría la importante conciencia política y social lograda en el tema, y la irreversible acción del Estado, perderíamos de nuevo tiempo y esfuerzo. Se premiaría otra vez al viejo autoritarismo del siglo XX en el despertar del siglo XXI. Creo que eso es lo único que no debemos hacer.