Written by • Rotafolio

Bien por la Corte

Bien por la Corte

– Javier Corral Jurado

A dos años de haber entrado en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), y a un año de haber aprobado el reglamento que ciñe al Poder Judicial federal a esas disposiciones del derecho a la información, la Suprema Corte ha tomado la delantera en un hecho que la honra: revisar cómo están operando esas normas, las acciones que ha de reforzar para mejorar su comunicación social y cómo avanzar en el ajuste de las disposiciones legales que garanticen sus obligaciones de transparencia. La Corte da una muestra de apertura al escrutinio que hasta ahora no han brindado los otros dos poderes, y con ello comprueba que es otra Corte.

El seminario “Transparencia y comunicación”, realizado la semana pasada en las nuevas instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal, y animado por el ministro presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela Güitrón, reunió a académicos, juristas, periodistas, legisladores, representantes de organizaciones sociales y profesionales para proponer nuevas acciones en la materia. La presencia de los ministros permitió constatar que el Poder Judicial de la Federación no está al margen de las inquietudes ciudadanas sobre la transparencia y comunicación que se desprendieron de la consulta nacional a que convocó para plantear una reforma integral y coherente del sistema de impartición de justicia en nuestro país.

No son pocas las ocasiones en que desde el poder público se convoca a una serie de consultas y audiencias con el objetivo de recibir propuestas de los ciudadanos interesados en determinado tema, y luego simplemente se desechan o ignoran; así pensados, sólo son mecanismos de manipulación que tratan de revestir de legitimidad decisiones ya tomadas. Por supuesto que el proceso iniciado por la Corte no es así. Asombra la claridad y desnudez con que han planteado el diagnóstico ciudadano. Dice que existe una grave inquietud por parte de la ciudadanía en materia de transparencia y comunicación en todos los órdenes de la vida nacional, en particular respecto al Poder Judicial de la Federación. 75.49% de los participantes en este rubro fueron ajenos al propio Poder Judicial. Es que la gente no percibe transparencia en los órganos jurisdiccionales y se pide extender los medios por los cuales los ciudadanos conozcan la estructura y funcionamiento de los órganos que integran el Poder Judicial.

He propuesto en la mesa de “Transparencia” que avancemos en diversas áreas; por supuesto, la legal, que supone modificaciones a los artículos 8 y 14, fracción IV de la LFTAIPG, para hacer más amplias las posibilidades de información sobre todas las actuaciones que se desahogan en los tribunales federales, y la necesidad de publicar y hacer efectiva la disposición de todas las sentencias. Pero también la definición de una política de comunicación social y de relación con los medios que privilegie el proceso comunicacional y de información por sobre la tentación publicitaria y propagandística en la que ha caído el manejo y uso de la parte proporcional que de los “tiempos de Estado” en radio y televisión ha hecho la Suprema Corte.

El Poder Judicial necesita traducir a la ciudadanía el contenido de sus farragosas sentencias, incluso para los mismos comunicadores, y ha de ir al impulso de su propio canal de televisión que ventile sus deliberaciones, tal y como lo tiene el Congreso, utilizando la parte que le corresponde en la reserva federal de los sistemas de cable y la televisión satelital, y bajo los mismos procedimientos por los que el Poder Legislativo obtuvo su enlace directo con la ciudadanía; libre de las distorsiones que muchos medios hacen de su trabajo. Por supuesto que son un avance el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, pero es insuficiente en espacio y cantidad de ejemplares. La página web de la Corte necesita de una actualización y una dinámica más interactiva, como sólo tienen éxito los portales en internet.

En las mesas de discusión con especialistas como en un buen número de participaciones en la consulta nacional hay una coincidencia fundamental en hacer avanzar la apertura informativa tratándose de órganos colegiados, pues se expresa la conveniencia de que se conozcan los proyectos de resolución desde el momento en que se listen los asuntos para la siguiente sesión, a efecto de que las partes puedan no sólo conocerlos, sino alegar verbalmente o por escrito ante el magistrado ponente y los demás integrantes del tribunal. “De igual manera, se pone de manifiesto que hay numerosas voces que señalan la conveniencia de que las sesiones resolutivas de los tribunales colegiados de circuito sean públicas, con el propósito de que cualquier persona, pero principalmente los interesados, puedan conocer los argumentos que se esgrimen para adoptar las resoluciones”, señala una las conclusiones fundamentales.

Los panelistas hicieron suya una demanda varias veces planteada en la consulta: “Con la finalidad de hacer más transparente la actuación del Poder Judicial de la Federación, se propone, por una parte, la participación activa de la ciudadanía en la procuración y administración de la justicia como una forma de combatir la corrupción y la inseguridad, a través de un Consejo Consultivo Ciudadano; y, por otra, divulgar la información mediante la creación del Centro Estadístico del propio Poder Judicial en el que cualquier persona pueda consultar directamente o por internet el texto de las resoluciones; estadísticas sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, así como también información relativa a la actuación de los funcionarios judiciales”.

El diagnóstico y las propuestas son certeras en el rumbo de una mayor apertura del Poder Judicial; también se percibe en serio la voluntad de hacerlo y proponerlo a las instancias competentes. Enhorabuena por nuestra Suprema Corte, y por supuesto, por quienes la integran.

↑