La cita de Túnez, para la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, está a la vuelta de la esquina, y en nuestro país aún no se comparte – o se hace de manera insuficiente y sesgada -, la posición que México adoptará en torno de los temas pendientes y el informe sobre lo realizado en torno a la Declaración de principios y el Plan de Acción adoptados en Ginebra, hace dos años, donde se realizó la primera etapa de este encuentro trascendental.
Conocer esa postura y sus correlativos informes no es preocupación de los últimos días, sino de los dos últimos años en que transcurre el tiempo para emitir acciones concretas. Por diversas vías se ha exigido información sobre el proceso en el que se edifican las conclusiones del gobierno mexicano y las políticas que ha llevado acabo para cumplir los compromisos que suscribió tanto en Suiza, como en la conferencia regional para América Latina y el Caribe, conocida como ELAC 2007. En el senado varias voces hemos sido reiterativas sobre el tema y en diversas ocasiones se ha llamado a informar y comparecer a los funcionarios para dialogar sobre esos pendientes, y aunque de manera formal y pública se hizo un compromiso de cumplir con esos requerimientos por parte del Secretario del ramo en su comparecencia ante el Senado con motivo del quinto informe presidencial, hasta ahora no hay una sola respuesta formal.
El desdén hacia las peticiones del Congreso se inscriben en la tensa y desgastada relación con la que estamos terminando ambos poderes, y la ausencia de una mayor fuerza legal que vincule a los funcionarios a atender las peticiones de los parlamentarios. Si eso sucede con los representantes populares, lo que aquí pueda comentar en relación con lo que pasa con exigencias sociales de grupos ciudadanos organizados sobre esta agenda nos consumiría el espacio.
Esa es la paradójica realidad en la que se desarrolla en México el tema de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información: no hay información, y la mayor parte de los actores sociales están ausentes.
La concepción que logra tal despropósito es la cultura patrimonialista del poder, en el que los temas son propiedad de ciertas áreas de gobierno, y bajo las facultades orgánicas de la administración pública federal se encuentran razones para el tratamiento exclusivo de los asuntos que corresponden al más amplio interés de La Nación. ¡O entonces qué, no está para eso el gobierno, a poco todo lo vamos a tener que estar consultando!, es con frecuencia la respuesta de esa lógica gubernamental que además cree, que la Sociedad de la Información es más un proceso relacionado con el sólo uso de internet para la economía, la industria, el comercio, la banca electrónica, que para las necesidades sociales de educación, cultura, desarrollo social y fortalecimiento democrático.
Por ello, no es casual el ocultamiento de esos informes, coincide con la estrategia de hace dos años en que las autoridades del sector de Comunicaciones y Telecomunicaciones decidieron a último momento, literalmente dos días antes de subirse al avión, realizar una consulta sobre la posición que llevarían a Ginebra, que tampoco sirvió, puesto que una cosa fueron los resolutivos de esa convocatoria apresurada y otra distinta lo que se leyó en la plenaria de jefes de Estado y ministros.
Antes habían boicoteado la conferencia internacional que sobre la Cumbre convocó el Senado en el verano del 2003 para analizar los retos y oportunidades que se nos presentaban al frente. La inasistencia de las propias autoridades responsables en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la expresa prohibición que le hicieron al Presidente de la Cofetel y al director del programa E-México para asistir, no sólo puso en jaque el perfil de estos funcionarios sino marcó desde entonces un desprecio por cualquier forma de discusión pública del tema.
Ahora las cosas, aunque aderezadas un poco, no varían esencialmente de esa forma de procesar asignaturas tan importantes. Cierto que en los grupos de trabajo participan personajes de enorme prestigio y honestidad intelectual como el Dr. Alejandro Pisanty, sin embargo ello no ha obrado aún en compartir los resultados en un conjunto social más amplio. Pisanty, quien dirige el centro de cómputo académico de la UNAM, es el experto mexicano en Internet que fue llamado por el Secretario General de la ONU para conformar el grupo de trabajo donde se discute la “gobernanza” de esa “alfombra mágica” como la llama Raúl Trejo Delarbre en el libro que más nos acerca a identificar los problemas y desafíos de la red de redes.
Retomando de éste último, nuestro investigador más sólido en los temas de la Comunicación, habría que apuntar el dato fundamental de La Sociedad de la Información “es una de las expresiones, acaso la más promisoria junto con todas sus contradicciones, de la globalización contemporánea. Es realidad y posibilidad. Habría que concebirla como un proceso en el que nos encontramos ya pero cuyo punto de llegada y consolidación parece aún distante. Resulta preciso desplegar ambiciosas tareas no sólo en la cobertura de las redes informáticas (ello incluye la disponibilidad de equipos de cómputo y de las conexiones necesarias para mantenerlos ligados a la Internet) sino, junto con ello, en la capacitación de los ciudadanos para saber aprovecharlas creativamente”. Con consideraciones de esta dimensión, es como la semana pasada el pleno del Senado en forma unánime reiteró la petición a las Secretarías de Relaciones Exteriores y a la de Comunicaciones y Transportes para que informen a la Cámara de Senadores sobre como se esta conformando la posición de México, así como también, que consultas se han llevado a cabo; que sectores han sido consultados; y quien representará a nuestro país en la segunda fase de Cumbre Mundial, a celebrarse del 16 al 18 de noviembre de 2005. Esa información debe ser compartida. La naturaleza misma de la cita con Túnez así lo exige.
