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Organo Regulador, Plagio a medias

Organo Regulador, Plagio a medias

– Javier Corral Jurado

Como bien lo han apuntado los que suscribieron diversas cartas públicas dirigidas al Senado de la República para no aprobar en sus términos la minuta de reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de radio y Televisión, uno de los asuntos que requiere la mayor atención es el diseño y composición del órgano regulador en este importante sector. El pretendido fortalecimiento de la Comisión Federal de Telecomunicaciones es otro de los engaños con que se trata de abultar una reforma que tiene como médula otorgarle de manera directa y sin licitación alguna, el espectro sobrante de la compresión digital a las dos principales televisoras del país.

La “nueva” Cofetel que nos proponen sólo se inscribe en la exposición de motivos, en el artículado no se localiza. Lo detecta el que se tome la molestia de leer la minuta, y un poco más, compararla con la ley actual. Así lo resumió un gran número de escritores, poetas, periodistas, cineastas, comunicadores, académicos, investigadores, analistas, industriales y políticos, que señalaron en su desplegado Rechazamos una reforma al vapor: “La Comisión Federal de Telecomunicaciones, a diferencia de lo que se ha dicho en los días recientes, no adquiriría una auténtica autonomía. Tendría atribuciones, con las que ahora no cuenta, en materia de radiodifusión. Pero en el campo de las telecomunicaciones seguiría siendo un órgano de trámite ante el Secretario de Comunicaciones”.

En efecto, se trata de un parche que incorpora, “en exclusiva”, a las atribuciones de la Cofetel el proceso concesionario en materia de Radio y televisión. En todas las demás sólo seguirá opinando, y realizando los trámites – en lo que se conoce como doble ventanilla -, de un proceso que al final recae en la decisión discrecional del Secretario de Comunicaciones y Transportes. En materia de Telecomunicaciones ni una coma le quitaron o pusieron; es evidente que todavía hay un poder mayor, ¿o fortuna?, que la de Televisa.

Resulta asombroso, por no decir sospechoso, que los mismos que unas cuantas semanas antes del albazo legislativo, planteaban como requisito indispensable de una reforma verdadera de Cofetel incorporar a sus atribuciones plenas el otorgamiento, modificación, cesión, prórroga y revocación de concesiones y permisos en telecomunicaciones, hayan renunciado tan fácilmente a esas convicciones y ahora se constituyan en los defensores del trabajo de los diputados.

Es de llamar la atención que esa unanimidad que tanto proclaman como cohesión de voluntades y testimonio del valor que no han tenido los senadores, no les haya alcanzado a los diputados para una verdadera autonomía de ese órgano clave en la administración eficiente de las telecomunicaciones.

Sí, es grotesco que ni siquiera se contemple como facultad propia de ese órgano la Planeación y administración del espectro radioeléctrico, tampoco la Imposición de sanciones; tampoco la posibilidad de revisar sus propias resoluciones, ya que hoy las revisa el Secretario de Comunicaciones y Transportes en su carácter de superior jerárquico de dicho órgano desconcentrado. Ni se incluye un recurso de reconsideración para sea la Cofetel la que revise sus propias resoluciones.

La del órgano regulador en la minuta de los diputados, más que una reforma parcial, es un plagio a medias; porque así como en gran parte de la exposición de motivos se ha ido reconociendo la pluma de otras personas, prestadas o robadas por el diputado Miguel Lucero Palma – el presumible autor de la iniciativa -, también en algunos de los artículos incorporados se puede ver copiados parte de los textos de diversas iniciativas senatoriales, por lo menos de dos, de la propuesta hecha por el Senador Alfredo Martín Reyes Velásquez (PAN), y de la propuesta final de los trabajos de la Conferencia Parlamentaria en Materia de Telecomunicaciones entre ambas cámaras, (PAN, PRI, PRD).

Sin embargo, se recogió en pedazos, eliminándole atribuciones fundamentales que equilibrarían de mejor manera la competencia en el mercado de las Telecomunicaciones, se le quitó el sistema de incompatibilidades para quienes pretendan fungir como comisionados, y sólo contempla la convergencia tecnológica en una sola vía: de la radiodifusión a las telecomunicaciones, pero no al revés.

Por ello he afirmado que esa reforma cuida los intereses creados por Telmex, y privilegia el acceso directo de las Televisoras a servicios de telecomunicaciones. De paso, si la debilidad del Presidente les da para eso, hasta podrían acomodar a sus consultores legales o a sus operadores en el Congreso, en tan ambicionados cargos. No es casual que hayan desaparecido del catálogo de requisitos para ser comisionado el que éstos “no hayan ocupado, durante el año inmediato anterior, puesto gerencial o directivo en las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones reguladas por esta Ley”, que se haya eliminado la prohibición para quienes sean legisladores, por supuesto, accionistas o concesionarios.

La llamada “captura del regulador” estaría dada desde la integración misma del órgano. De ahí que por ningún motivo deba ser el Presidente actual el que nombre a esos funcionarios. El momento electoral que vivimos es el peor escenario para que el Ejecutivo actúe al margen de presiones y chantajes indebidos, sobre todo si reconocemos las enormes cesiones que en particular a la televisión ha concedido la administración federal a lo largo del sexenio.

La minuta que se discutirá en las próximas semanas en el Senado requiere, en serio, incorporar algunas disposiciones fundamentales para alcanzar los objetivos que dice perseguir. Resulta absurdo pensar que el órgano regulador de las telecomunicaciones se convierta en un organismo ultra fortalecido en materia de radio y televisión y que en su materia histórica, las telecomunicaciones se quede corto y prevalezca el tan nocivo esquema de la “doble ventanilla” con la Subsecretaría de Comunicaciones.

Y si como se dice es también propósito la transparencia en la toma de las decisiones, resulta indispensable incorporar al nuevo dictamen disposiciones relativas a la rendición de cuentas, a los procedimientos abiertos de consulta y al mandato claro y preciso que deberá observar el regulador en la emisión de la regulación y sus demás actos de autoridad. Esto por lo pronto, y en cuanto al órgano regulador.

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