La mayor ausencia en la reforma a las leyes de Telecomunicaciones y a la de Radio y Televisión hecha por los diputados es, sin duda, la sociedad. El ciudadano como tal, sujeto y actor fundamental de la democracia, razón esencial de la comunicación, no existe. Ni como sujeto esencial, ni como usuario, ni siquiera aparece en la concepción misma del modelo mercantilista de la radiodifusión que lo constriñe a un simple consumidor de contenidos, en donde la información es otra de las mercancías, y no un bien público. Fuera de toda imaginación legislativa, un catalogo básico de derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de radio y televisión.
La visión de esta reforma está dominada por el “bussiness”; la radiodifusión es para sus promotores y defensores un mero asunto de negocios al que se le coloca en igualdad de condiciones con la concesión para construir carreteras y luego explotar su operación; o la concesión para llevar telefonía fija, o celulares; consideran que es exactamente lo mismo que un concurso para construir un tren suburbano en la ciudad de México y luego concesionar su explotación por equis número de años, “son también comunicaciones, y cumplen una utilidad social”. Luego entonces, concluyen, las concesiones de radio y televisión deben pasar por el mismo procedimiento de licitación, deben otorgarse al mejor postor: el que más dinero ofrezca, más derecho para adquirirla.
En esos términos, y no con los matices con que han tratado de justificar de manera pública sus promotores, es como ha quedado redactada la figura de la “subasta” en la propuesta de los diputados. La reforma adiciona varios artículos para desarrollar un nuevo procedimiento de otorgamiento que, al final, todo lo reduce al ofrecimiento de dinero, como elemento determinante de la adjudicación de una concesión. No se trata de uno de los elementos, sino del factor que define el otorgamiento.
En la mayoría del grupo parlamentario del PAN estamos convencidos que el factor dinero no puede ser definitivo de ese proceso. Así lo acordamos cuando analizamos el tema. Se considera que el método no es garantía del mayor valor que debe asegurarse en la adjudicación de una estación de radio y televisión: la función social.
Más allá de la “utilidad” para el Estado por el otorgamiento de una concesión, está el rol social que juega esa importantísima industria de contenidos en la orientación de la opinión pública, su papel estratégico en el fortalecimiento de la democracia, en el desarrollo educativo, en la formación de valores. Más que simple actividad industrial de interés público, la radiodifusión es un servicio público, y en esa diferencia radica esencialmente la clave de su autorización.
No es un problema de pesos y centavos el que hoy enfrenta el Estado en su relación con la radio y la televisión. De hecho en ese terreno es en el que se han producido las mayores cesiones de las últimas décadas, al condonarles imposiciones fiscales, rebajarles el pago de derechos como contraprestación por uso del espectro y mantenerles ridículas multas por violaciones legales. El problema que tenemos, sobre todo con la televisión, es un problema de poder sin contrapeso, de contenidos sin compromisos sociales, sin mínimos éticos, de comercialización a grado superlativo. Es un problema moral y político, porque representa hoy por hoy el mayor peligro para la democracia, y el principal espacio donde se destruyen moral y afectivamente valores sociales e instituciones del Estado.
Por eso el procedimiento debe proteger el interés social, y no sólo las finanzas públicas. Es importante en este terreno cuidar la solvencia moral de los operadores del servicio de la radiodifusión y su compromiso con la sociedad para producir una oferta programática destinada a la diversión y el entretenimiento sí, pero también a la difusión de la cultura, de los valores fundamentales de nuestra convivencia nacional; una radiodifusión comprometida con la libertad de expresión y el derecho a la información que tienen los ciudadanos.
Adjudicar las concesiones por dinero, es una de las medidas más contrarias a la idea de erradicar la discrecionalidad. Cambia el factor “político” por el “económico” y le incrementa el nivel de exclusión y discriminación. El dinero, lo tienen muy pocos en México. El diez por ciento de la población en nuestro país concentra el 40 % de todo el ingreso; el siguiente diez por ciento un poco más de la tercera parte de ello, el 15 %. Todo lo demás es pobreza, con todas sus clasificaciones y fórmulas. Es además una de las estrategias que los intereses dominantes en la televisión y en la radio, tienen como eje inhibidor de cualquier competencia real. Si ha de haber una tercera o cuarta cadenas comerciales de televisión que quede en manos de los mismos, al final de cuentas el dinero es la única patria que los une.
Pero esta posición no significa que el usufructo de un bien limitado como es el espectro radio eléctrico deba ser gratuito como hasta ahora lo es en materia de radiodifusión abierta o restringida; sobre todo para aquellos que obtienen cientos de millones de dólares de ganancias comerciales a partir de un bien del dominio de la Nación. Debe imponerse una verdadera contraprestación, como derecho por uso de espectro, o derecho de antena, como se le conoce en otros países, y multas proporcionales al tamaño de las violaciones legales y a los ingresos comerciales.
La propuesta de subasta para la radio y la televisión no sólo marca la diferencia entre diversas concepciones sobre el sistema comunicacional y la función que se quiere para México de esta industria; también desnuda el doble lenguaje con el que actúa el modelo mercantilista: mientras que por un lado sólo plantea abrir nuevas concesiones mediante la fórmula del que más dinero ofrezca, por el lado que les conviene, el del espectro sobrante por la compresión digital para ofrecer servicios adicionales de telecomunicaciones, se lo quieren adjudicar sólo “mediante presentación de solicitud ante la secretaría”, la cual “podrá” requerir una contraprestación. Dinero, sólo cuando no salga de su bolsillo.