Se perdió entre las notas del mundial de Futbol y la represión magisterial en Oaxaca; prácticamente sólo El Universal la tomó, aunque la mandó a interiores sin gran llamado. Pero la información que da cuenta del acuerdo que tomó el pasado miércoles 14 de junio el Ministro instructor de la Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley Televisa, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, es un asunto de enorme importancia relacionado con el proceso de impugnación que se lleva acabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar nulas esas reformas legales.
Aguirre Anguiano requirió a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, y al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que, “dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de que surta sus efectos la legal notificación el presente proveído, remitan a este alto tribunal copia certificada del oficio suscrito por el secretario de Comunicaciones y Transportes, así como el dictamen técnico emitido por la dependencia a su cargo, relativo al decreto por el cual se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión”, “apercibiéndolos que en caso de no dar cumplimiento al mandato judicial dentro del plazo concedido, se empleará alguno de los medios de apremio a que se refiere el artículo 59 del código federal de procedimientos civiles”.
Se trata del dictamen técnico que el Secretario Pedro Cerisola y Weber remitió al Presidente Fox – a través de su consejero jurídico -, con más de cincuenta observaciones contrarias a la Ley Televisa. Es un documento muy valioso, que nos fue negado por el Ejecutivo, en una de las facetas más grotescas de toda esta comedia de equivocaciones que significa la aprobación y promulgación de esas nefastas reformas.
En una paradoja histórica inimaginable, nunca supuse que siendo uno de los legisladores que se comprometió con la creación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, -¡el propio Presidente Fox me invitó como orador al acto promulgatorio en Los Pinos!-, también sería uno de los ciudadanos a los que se le violentarían sin reparo alguno su derecho de acceso a la información. No sólo con endebles fundamentos jurídicos, sino a través de las más desprestigiadas prácticas dilatorias que en este caso tienen como propósito saltar por lo menos la fecha de las elecciones federales; de ese retraso ya se ha encargado el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública que ha enviado un oficio de amonestación al Ejecutivo Federal.
El documento que ha requerido para el alto tribunal el Ministro Aguirre Anguiano, con base en nuestra petición dentro del proceso de alegatos con nuestros demandados, a saber, el Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, lo había solicitado quien esto escribe meses atrás, de acuerdo a lo establecido en la Ley, pero la vergüenza que debe significar haber desoído la recomendación de su propio Secretario de Comunicaciones para vetar esa nefasta legislación, les ha llevado al ocultamiento, a trastocar uno de los valores que tanto se presume y pondera como meritorio de la administración del Presidente Fox: la disponibilidad informativa.
Desfigurados por el arrodillamiento, enredados en la maraña de la complicidad que los tiene postrados al servicio de los intereses duopólicos de la televisión y contrarios a la Nación, desde que el documento fue entregado en la Consejería el 4 de abril, pretendió ser borrado de los archivos oficiales y que de él no quedara huella: fue formalmente rechazado por el Consejero Jurídico mediante oficio fechado el 5 de abril, bajo una penosa fundamentación jurídica que prácticamente argumentó que a la SCT nadie le había pedido su opinión.
El dictamen es un análisis técnico y jurídico impecable, la posición absolutamente contraria a la Ley Televisa, de la Secretaría que directamente está relacionada con la materia. Se advierte de disposiciones contrarias a la Constitución, el debilitamiento del Estado en su papel rector del espectro radioeléctrico, el riesgo de que el Estado no recupere el espectro analógico, las ambigüedades legales que generan ventajas indebidas a los dominantes, el doble régimen regulatorio para servicios convergentes lo cual “se presta a que los concesionarios de radio y televisión interpreten qué ley les conviene aplicar en sus trámites según sus intereses particulares”, y la manera en que ello afecta la capacidad del regulador. Expuestos también el trato preferencial y los derechos que se “obsequian” a los concesionarios dominantes de la radio y la televisión, las concesiones a perpetuidad mediante refrendo automático.
¿Por qué el Presidente Fox no atendió las observaciones de la SCT?. ¿Porqué sacrificó el interés nacional a favor de los intereses privados?, ¿Porqué advertido del despojo a la Nación que representa esa Ley la promulgó con bombo y platillo?. ¿A quiénes escuchó?. Por supuesto que no a la Cofetel ni a la Cofeco, también órganos de su gobierno contrarios a esas reformas, y de manera pública. Son varias las preguntas que deberá responder Vicente Fox, ahora que también sea público el dictamen de Cerisola, y en efecto, no para el juicio político del que no es sujeto, sino para el juicio de la historia.