Con las nuevas designaciones hechas por el Presidente de la República para integrar la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Televisa ve concretado el segundo gran objetivo de la ley que impulsó e hizo aprobar en el Congreso mexicano: la captura del órgano regulador.
Estaba claro desde el principio que, además de ampliarse a los servicios de telecomunicaciones sin licitación de por medio y de manera gratuita, también buscaba el control del órgano regulador, desde el cual operar el seguimiento de su reforma legislativa y proteger sus intereses multimillonarios. No era lógico suponer que tales designaciones estarían liberadas de la presión que Televisa imprimió a la aprobación de la ley; en realidad, siempre fueron por las dos cosas, pues hubieran carecido a la hora de instrumentar esas disposiciones, de los operadores que sí tuvieron para hacer aprobar la ley.
De ahí que a muchos nos desconcertara el primer paquete de designaciones enviadas por el Presidente de la República a la Comisión Permanente, donde la mayoría eran técnicos especialistas en Telecomunicaciones, y tanto Rafael del Villar como Gonzalo Martínez Pous – que fueron rechazados junto con Julio Di Bella -, acreditaban una independencia política, además de un amplio conocimiento de los temas cruciales que tienen frenada la competencia en el sector, entre otros, el de la interconexión de las redes. Ahora sabemos, y más elementos tienen ellos que nosotros, que eran jugada de sacrificio, en esta tragicomedia de equivocaciones que representa la Ley Televisa.
Planteada ya la posibilidad en Los Pinos de que el candidato vencedor de las elecciones del próximo 2 de julio no fuera Felipe Calderón, se ha dado continuidad al plan inicial de “blindaje jurídico” en el que Televisa fundamentó sus razones ante el PRI y el PAN para aprobar la ley, sobre todo cuando el candidato del PRD aparecía en las encuestas como el indestructible. Desde ahí pudo la empresa colar alrededor de sus estrictos intereses la idea de una “garantía jurídica”, que no es otra cosa que asegurarse su permanencia dominante en la televisión frente a cualquier cambio político en el país, sobre todo si en realidad alguien se propusiera cambiar las reglas del juego mediático.
Sobre explotado el miedo, varias ingenuidades se han creído el cuento de que Andrés Manuel López Obrador se opondría en serio a los monopolios de Telmex y de Televisa, sin repasar la historia de su relación personal y de gobierno con los magnates que a nombre del nacionalismo en las Telecomunicaciones, y de la seguridad jurídica en la Televisión, expolian a los mexicanos económica y políticamente. De ahí las designaciones que este fin de semana se concretaron en un acuerdo entre el Foxismo, la pandilla de negociantes que encabeza Enrique Jackson, y las dos principales televisoras.
Con los nombramientos de los Senadores Héctor Osuna Jaime, Ernesto Gil Elourdy, y el Licenciado Eduardo Ruiz Vega, esa empresa podrá controlar las decisiones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y proteger sus intereses, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no declare inconstitucional las facultades otorgadas a ese órgano regulador espúreo.
En el impulso y aprobación sin cambio alguno de la Ley Televisa, estos personajes tienen bien acreditada una actitud de abyección que no ha reconocido dignidad alguna. De Gerardo González Abarca, sólo tengo claro el vínculo con Televisión Azteca.
En su calidad de Presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes, el senador Osuna se convirtió en uno de los principales operadores de Televisa para sacar adelante en el Senado la minuta que vino de la Cámara de Diputados. De hecho, durante el mes de marzo del 2005, intentó originarla en el mismo Senado bajo la falacia de que se trataba de una propuesta intermedia a la que la Subcomisión plural habíamos presentado como anteproyecto de dictamen de una nueva Ley Federal de Radio y Televisión; pero en la revisión interna del grupo parlamentario del PAN ese proyecto tomó una dirección distinta, y por supuesto se atajó entonces la pretensión de otorgarles el espectro radioeléctrico para servicios adicionales de Telecomunicaciones mediante simple solicitud y sin contraprestación alguna.
Fallido el intento, se esperaron algunos meses y luego la presentaron en la Cámara de Diputados a través del PRI; ahí se aprobó por unanimidad. El senador Osuna la volvió a cachar en el Senado, y con una insistencia que no tuvo ni siquiera para sus propias iniciativas, defendió la aprobación sin cambiarle literalmente una coma. Su resistencia a modificar la minuta se acentuó cuando quienes la impugnamos, propusimos un régimen de incompatibilidades para los integrantes de la Cofetel y claras previsiones frente al conflicto de intereses.
Nuestra propuesta de modificación buscaba prohibir no sólo la participación de personas que se hubieren desempeñado dos años anteriores al día de la designación como concesionario o permisionario de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión de manera directa o indirecta; de accionista o directivo de empresa concesionaria o permisionaria; o de cualquier otro que por sus características genere conflicto de intereses con los entes regulados. También extendíamos la prohibición – como se hizo en la Ley que creó Notimex como agencia de Estado -, a los legisladores en ejercicio, y a quienes lo hubieran sido por lo menos un año antes de su nombramiento
Resulta grotesco, además de una falta de ética personal muy elevada, que los que negocian, supuestamente discuten y aprueban una ley, sean sus primeros beneficiarios.
Al Senador Gil Elourdy, lo define su cercanía con Enrique Jackson y Emilio Gamboa, pero su designación la hace más comprensible su alocución en la víspera de la aprobación de la Ley Televisa; para impulsar en su grupo parlamentario las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de radiodifusión, ciertamente no utilizó argumentos técnicos o jurídicos sobre un tema que desconoce; lanzó una advertencia: “El que vote en contra de la Ley, es porque no quiere que gane madrazo”. Del Licenciado Eduardo Ruiz Vega está documentada su colaboración con Televisa en el proceso de cabildeo a favor de la Ley. Las conversaciones telefónicas que publicó El Universal en abril de este año sobre la “operación torniquete”, lo desenmascararon de una manera vergonzosa. Se hacía pasar en la consulta pública senatorial como académico especialista, usurpando no en pocas ocasiones el nombre de la prestigiada Universidad Iberoamericana, pero en realidad estaba al servicio de funcionarios de la empresa televisora revisando textos que luego aparecerían como cartas de apoyo suscritos por otros.
Esos son los personajes que el Presidente Vicente Fox quiere como reguladores en la Cofetel, los que pasaron de simuladores a logreros.