De las acciones de desafío y provocación con las cuales las Televisoras enfrentan al Estado y violentan abiertamente la legislación electoral, no hay mucha diferencia entre ellas, como no la hay en su programación, tan dominada por la frivolidad de contenidos como por el mercadeo de sus noticieros.
La estrategia ha sido su ambición desmedida, su aspiración de impunidad. El método, hacerlas ostensibles, burdas, concertadas, para demostrar la fuerza de su poder y la debilidad de los órganos que presumiblemente los regulan. Estrategia y método han tenido éxito porque han contado – salvo contadas excepciones-, con la complicidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a estas alturas con un cúmulo de contradicciones en los criterios de sus sentencias.
Los casos más graves de violaciones a la legislación electoral, hasta ahora han recibido el perdón de los magistrados electorales. Así, la Televisión ha agregado a su presencia poderosa, la cualidad de poder impune, poder intocable que, en medio de un México quebrado y un ambiente político corrompido, lo alza en la cotización de las redes de complicidad.
En esta carrera de transgresiones e incumplimientos a la norma legal, finalmente Televisión Azteca parece llevarse el campeonato. De no volverse a posponer como, fruto de las presiones sucedió la semana pasada, este martes 28 de julio, la televisora puede ser multada con la sanción económica de mayor monto hasta hoy impuesta, y de mayor cauda, en términos de la ejemplaridad con que las sanciones buscan inhibir el incumplimiento de la ley.
Bajo el denominado procedimiento especial sancionador, cuyo desahogo está a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del IFE, y ésta en la inteligencia de Edmundo Jacobo, se ha propuesto una multa por la cantidad de $62 millones 844 mil pesos.
Bajo el monitoreo que llevó a cabo la autoridad electoral durante el desarrollo de la campaña federal que concluyó el 5 de julio, se logró documentar que la Televisora del Ajusco dejó de transmitir 5734 (cinco mil setecientos treinta y cuatro) promocionales de la autoridad electoral y de los partidos políticos contenidos en la pauta de transmisión de los tiempos del estado durante los meses de mayo y junio, en los canales 7 y 13, que se re-transmiten en los sistemas restringidos de televisión: Cablevisión y Sky.
La falta tiene, en el macizo proyecto que será discutido este día, la consideración de una gravedad especial, pues tal omisión representa más de la mitad de los promocionales que por ley estaba obligada a transmitir. El artículo 75 del Cofipe establece que “en las señales de televisión restringida se deben incluir la totalidad de los promocionales en materia electoral, sin alteración alguna”.
Sin embargo, en el mejor estilo de la casa, la Televisora bloqueó esos segmentos de la programación en las señales que envía a los sistemas restringidos, y obviamente, colocó en ellos publicidad comercial. No sólo dejó de transmitir los anuncios electorales, sino que lucró con tiempos que le pertenecen al Estado, sacando un provecho adicional a su infracción.
No desconocía la empresa de Televisión la obligación legal. Con intención premeditada, de modo sistemático, y de forma reiterada en el tiempo, decidió embestir la legislación. No obstante que ya había sido sancionada en forma unánime por el Consejo General del IFE por la misma conducta en sesiones del 24 y 29 de marzo, y 20 de abril, imponiéndole en cada una de ellas dos millones de pesos, ignoró la relevancia del asunto, quizá no sólo porque el usufructo de los tiempos del Estado para publicidad comercial le serían más rentables, sino porque supuso la protección que frente a otras claras violaciones le había brindado el Tribunal Electoral.
Pero da la casualidad que, por más tiempo que pudo prolongar el Trife su resolución, a finales del mes de junio confirmó las sanciones impuestas por el IFE. Y precisamente bajo los mismos criterios, más los agravantes del caso, la multa que se someterá al consejo general será la más alta que se haya impuesto en el presente proceso electoral.
Para el volumen de los flujos financieros que maneja esa empresa, puede ser que le represente lo que un pelo a un gato. Pero en el contexto del momento de colusión de intereses que se vive entre medios de comunicación, partidos políticos y autoridades, el antecedente servirá para documentar el expediente legal de la ya prolongada acción delictiva de esa televisora, que por supuesto debe contar a la hora en que el Ejecutivo Federal vuelva a licitar esas frecuencias, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al vencimiento del término de la concesión.
